Elma Saiz anunció el martes una partida extraordinaria de 25 millones de euros para la atención de los menores no acompañados que han invadido Ceuta. Sale de Hacienda, pasa por el Ministerio de Juventud e Infancia de Sira Rego y aterriza por transferencia de crédito en la Ciudad Autónoma, donde se suma a los 5,5 millones repartidos hace un mes en la Conferencia Sectorial de Infancia. Treinta millones y medio en cuatro semanas. El portavoz del Gobierno ceutí cifra los menores tutelados en un millar aproximadamente. Si las dos cifras oficiales son ciertas, la emergencia sale a unos 30.000 euros por menor. No discuto la partida. Hago cuentas, que es distinto. Y, hecha la cuenta, me nace la primera pregunta: ¿adónde va exactamente ese dinero?
Porque a los bolsillos de los chavales, desde luego, no. El dinero va al sistema: plazas, naves habilitadas a contrarreloj, colegios reconvertidos, personal, manutención, vigilancia. La tutela es de la Ciudad, que gestiona con medios propios el centro La Esperanza, pero el propio Ministerio recordó esta semana que el artículo 35.11 de la Ley de Extranjería permite convenios con organizaciones no gubernamentales, fundaciones y entidades de protección de menores. La ley, es decir, deja abierta la puerta del concierto, y por esa puerta lleva años entrando gente: la Fundación SAMU gestionó en régimen de concierto la unidad de emergencia para menores de Ceuta desde 2019 hasta su cierre. Segunda pregunta: ¿qué entidades entrarán ahora, con qué cuantías y con qué fiscalización? Y tercera, la que de verdad me interesa: ¿cuántas de ellas llevarán capellán?
No es pregunta gratuita. La Iglesia está asomada a la acogida ceutí por todas sus ventanas: la diócesis de Cádiz y Ceuta acaba de anunciar que las colectas parroquiales se canalizarán a través de su Centro de Atención a Personas Migrantes San Antonio «en coordinación con los servicios competentes»; los Franciscanos de la Cruz Blanca operan en la ciudad y Cáritas Diocesana de Ceuta presentó hace nada su memoria anual. Me pregunto por la nómina.
La nómina explica lo que la teología no alcanza. Cáritas reconoce en sus propias memorias que en torno a una cuarta parte de lo que maneja, rozando el treinta por ciento según el ejercicio, procede de las administraciones públicas. El Servicio Jesuita a Migrantes, CONFER, Mensajeros de la Paz y la propia Cáritas, que respaldaron públicamente la regularización extraordinaria, concurren a convocatorias, gestionan programas, cobran conciertos. Y quien vive del concierto no discute al que firma el concierto. No hace falta comprar a nadie: basta con que dependa. En el primer libro de los Reyes, los cuatrocientos profetas de la corte comían de la mesa de Ajab y le profetizaban victorias; el único que no cobraba, Miqueas, le dijo la verdad y acabó abofeteado y a pan y agua. Cuando escucho a nuestros pastores ante una frontera reventada en una entrada masiva que la Audiencia Nacional investiga como posible operación coordinada, y no les oigo citar el número 2241 del Catecismo, el que reconoce a las autoridades el derecho a regular los flujos conforme al bien común, me pregunto de qué mesa comen. Cuarta pregunta: ¿la mansedumbre es Evangelio o es presupuesto?
Estas preguntas tienen una virtud: se contestan con papeles. Los convenios del artículo 35.11 se firman, se publican y se fiscalizan; los portales de transparencia existen, y la propia diócesis presume del suyo. Publíquense la lista de entidades adjudicatarias de esos treinta millones y medio, las cuantías y los conceptos, y retiro las preguntas una por una, empezando por la del capellán. Mientras la lista no aparezca, que nadie me acuse de sembrar sospechas: la sospecha no la siembra quien pregunta, la siembra quien calla con la respuesta en el cajón. La docilidad, en España, siempre ha cotizado. Lo único que pido es ver la factura.