El Gobierno de Andorra ha reconocido que las negociaciones con la Santa Sede para despenalizar el aborto atraviesan una nueva etapa de complejidad tras el cambio de pontificado y que no espera avances significativos en el corto plazo.
Según informa La Veu Lliure, el asunto volvió al pleno del Consell General durante el debate de la reforma del Código Penal, a raíz de una enmienda presentada por el Partido Socialdemócrata para incorporar la despenalización del aborto al texto legislativo. La propuesta fue rechazada, aunque sirvió para evidenciar las diferencias entre el Ejecutivo y la oposición sobre el ritmo de la reforma.
El cambio en el Vaticano ralentiza las negociaciones
El ministro de Relaciones Institucionales, Ladislau Baró, explicó que el reciente relevo al frente del Vaticano ha alterado el escenario de diálogo que mantenía el Ejecutivo andorrano con la Santa Sede.
Según indicó, el nuevo contexto obliga a replantear las conversaciones y dificulta alcanzar un acuerdo en los plazos que el Gobierno contemplaba hace unos meses.
Baró defendió que las negociaciones siguen abiertas, pero evitó fijar un calendario para una posible reforma. El ministro insistió en que el objetivo del Ejecutivo es encontrar una solución que permita avanzar en los denominados «derechos de las mujeres» sin poner en riesgo el actual modelo institucional del país ni el equilibrio que sustenta el Coprincipado.
La oposición reclama una reforma más decidida
Desde el Partido Socialdemócrata se criticó la falta de avances y se reclamó una mayor determinación para adaptar la legislación andorrana en materia de aborto y de los llamados «derechos sexuales y reproductivos».
La formación considera que el Ejecutivo ha generado expectativas que, por el momento, no se han traducido en medidas concretas.
En la misma línea, Concòrdia lamentó que el proceso continúe bloqueado y pidió al Gobierno que impulse soluciones efectivas para responder a una reivindicación presente desde hace años en el debate político andorrano.
Por su parte, la mayoría parlamentaria reiteró que cualquier modificación legal deberá ser compatible con el marco constitucional y con la preservación del Coprincipado, una condición que sigue marcando la posición del Ejecutivo ante una de las cuestiones más sensibles de la política andorrana.