Poco se ha sabido en los medios católicos y eclesiales del proceso penal que afronta en Roma el sacerdote y veterano vaticanista Antonio Pelayo desde que El Mundo publicara, el pasado 26 de enero, que la Justicia italiana había acordado la apertura de juicio oral contra él por una presunta violación. El caso volvió a la actualidad el 15 de mayo, cuando El Norte de Castilla informó del aplazamiento de la vista, inicialmente prevista para ese mismo mes, hasta el 21 de enero de 2027 por problemas técnicos en el Tribunal de Roma.
Sin embargo, más allá del retraso del procedimiento, ha trascendido información sobre el respaldo explícito que Antonio Pelayo ha recibido de los dos últimos presidentes de la Conferencia Episcopal Española. Según reveló El Mundo, tanto el actual presidente de la CEE, monseñor Luis Argüello, como su predecesor, el cardenal Ricardo Blázquez, remitieron cartas que han sido incorporadas por la defensa al procedimiento judicial.
Las misivas no contienen una valoración sobre el fondo de la acusación formulada por la Fiscalía italiana, sino que ofrecen un testimonio sobre la trayectoria sacerdotal y la reputación personal del periodista y sacerdote vallisoletano.
En la carta firmada el 20 de febrero de 2026, el cardenal Ricardo Blázquez explica que durante años mantuvo una relación frecuente con Pelayo cuando este viajaba a Valladolid. «Pude apreciar siempre una pertenencia cordial al presbiterio de su diócesis y también un arraigado sentido de Iglesia», escribe el arzobispo emérito. A continuación, añade que le ha «extrañado profundamente la información sobre algún comportamiento inapropiado», ya que, a su juicio, contrasta con la opinión que se había formado del sacerdote durante su larga relación.
En términos similares se expresa monseñor Luis Argüello. El actual arzobispo de Valladolid afirma que en la archidiócesis «no consta ninguna noticia ni comentario negativo sobre posibles comportamientos inadecuados de don Antonio». Añade, además, que existen «referencias positivas» de las personas que han coincidido con él en Roma y concluye señalando que firma ese testimonio «por si puede servir para una mejor valoración de la persona y actitudes de Antonio Pelayo Bombín».
Un proceso judicial pendiente
El juicio contra Antonio Pelayo debía comenzar el pasado 14 de mayo mediante el procedimiento abreviado previsto por la legislación italiana. Sin embargo, la vista fue suspendida por problemas técnicos y aplazada hasta el 21 de enero de 2027.
Según informó El Norte de Castilla, Pelayo trasladó personalmente a Luis Argüello su inquietud por la prolongación del proceso y su deseo de que el asunto pueda aclararse cuanto antes. El sacerdote, que ha declinado realizar declaraciones públicas por recomendación de su abogado, continúa defendiendo su inocencia.
La causa se inició tras la denuncia presentada en Roma por un joven productor de televisión, quien acusó a Pelayo de haber realizado “actos sexuales” sin su consentimiento durante un encuentro celebrado en mayo de 2025. Tras la investigación desarrollada por los Carabinieri, la Fiscalía de Roma solicitó la apertura de juicio al considerar que existían indicios suficientes para sostener la acusación, petición que fue aceptada por el tribunal competente.
Un respaldo singular
La presunción de inocencia ampara plenamente a Antonio Pelayo y será el Tribunal de Roma quien determine, tras la celebración del juicio, si los hechos denunciados quedaron o no acreditados.
No obstante, el respaldo público de los dos últimos presidentes de la Conferencia Episcopal Española constituye una circunstancia poco frecuente en un procedimiento penal abierto contra un sacerdote. Las cartas remitidas por Argüello y Blázquez no cuestionan la actuación de la Justicia italiana ni pretenden desvirtuar la investigación de la Fiscalía. Su objetivo es avalar la trayectoria personal y sacerdotal del acusado.
Precisamente por ello, llama la atención que la máxima representación del episcopado español haya decidido implicarse de manera tan directa en este procedimiento. En otros procesos penales que han afectado a sacerdotes españoles durante los últimos años, la respuesta institucional ha consistido habitualmente en recordar la presunción de inocencia, expresar respeto por las decisiones judiciales o mantener silencio hasta la conclusión de las investigaciones.
Esa diferencia de tratamiento no prejuzga el desenlace del caso ni desvirtúa el derecho de Antonio Pelayo a recibir el apoyo de quienes lo conocen desde hace décadas. Pero sí introduce un elemento de reflexión sobre los criterios con los que la jerarquía eclesiástica decide intervenir públicamente en favor de algunos sacerdotes mientras otros afrontan procesos similares sin un respaldo institucional comparable.
Será finalmente la Justicia italiana la que determine la responsabilidad o la inocencia de Antonio Pelayo. Hasta entonces, la presunción de inocencia debe ser respetada plenamente, del mismo modo que la prudencia institucional continúa siendo una de las principales garantías para preservar la credibilidad de la Iglesia en asuntos de esta naturaleza.