La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha estudiado el primer informe elaborado por la Oficina de recepción de denuncias de delitos de odio y ofensas por motivos religiosos contra fieles católicos, un documento que llega en un momento de creciente debate político tras el acuerdo entre PSOE y Sumar para eliminar del Código Penal el delito de ofensa a los sentimientos religiosos.
Durante la rueda de prensa posterior a la reunión de la Permanente, celebrada los días 22 y 23 de junio en Madrid, el secretario general de la CEE, monseñor Francisco César García Magán, mostró su preocupación por la propuesta legislativa impulsada por los socios de Gobierno.
El portavoz episcopal afirmó que resulta llamativo que se plantee eliminar la protección jurídica de la libertad religiosa y de los sentimientos religiosos mientras se mantienen otras figuras penales. «Llama la atención que no esté incluido el enaltecimiento del terrorismo», señaló, añadiendo que también resulta «raro» que se pretenda retirar protección a instituciones como la Corona o a las creencias religiosas. «En una democracia sana y madura es llamativo que se produzcan esos cambios», afirmó.
El informe constata que los católicos son los más afectados
La Oficina de recepción de denuncias de delitos de odio y ofensas por motivos religiosos fue creada por la Conferencia Episcopal en junio de 2025 con el objetivo de recopilar datos sobre ataques, discriminaciones y actos de hostilidad dirigidos contra creyentes por razón de su fe.
El informe, que todavía deberá ser examinado por la próxima Asamblea Plenaria antes de su publicación, incluye un análisis de los casos registrados durante el último año.
Durante la rueda de prensa, García Magán avanzó que los datos recopilados muestran que el porcentaje más elevado de ofensas por motivos religiosos afecta a los católicos. Ante este hecho, defendió que la libertad de expresión no puede convertirse en una justificación para la ofensa gratuita.
«No hay libertad para ofender», afirmó el secretario general de la Conferencia Episcopal, reclamando para los católicos el mismo respeto social que se exige cuando se trata de otras confesiones religiosas.
Preguntado por algunos casos concretos que han llegado a los tribunales como posibles delitos contra los sentimientos religiosos, García Magán reconoció que, a título personal, determinadas actuaciones le resultan ofensivas. «Una cosa es el humor y otra la ofensa, que son límites distintos», subrayó.
Los obispos revisan la recepción de Amoris Laetitia
La Comisión Permanente también dedicó parte de sus trabajos a analizar la recepción que ha tenido en España la exhortación apostólica Amoris Laetitia, publicada por el papa Francisco en 2016 tras los sínodos sobre la familia.
La revisión responde a la invitación realizada por León XIV para conmemorar el décimo aniversario del documento y servirá de base para el encuentro que reunirá el próximo mes de octubre a los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo.
Los obispos españoles estudiaron el trabajo pastoral desarrollado durante esta década y las iniciativas impulsadas en las diócesis para acompañar a las familias en un contexto social y cultural cada vez más complejo.
Los obispos no se pronuncian nuevamente sobre la corrupción política
La situación política española también estuvo presente durante la comparecencia del secretario general de la CEE.
Preguntado por los recientes casos de corrupción que afectan al panorama político nacional, García Magán calificó el problema como «grave» y recordó que Pedro Sánchez llegó al poder mediante una moción de censura sustentada precisamente en la necesidad de combatir la corrupción.
Sin entrar en valoraciones partidistas, el portavoz episcopal recordó que la Constitución Española contempla distintos mecanismos institucionales para afrontar situaciones de crisis política y señaló que corresponde a los poderes del Estado valorar las herramientas previstas por el ordenamiento jurídico.
Al mismo tiempo, descartó que la Conferencia Episcopal vaya a elaborar un nuevo documento específico sobre la situación política actual e invitó a releer textos ya publicados por los obispos españoles que siguen plenamente vigentes.
Continúan los preparativos de la Asamblea Sinodal
La Comisión Permanente también recibió información sobre los preparativos de la futura Asamblea Sinodal de la Iglesia en España, prevista para el segundo semestre de 2027.
Monseñor Francisco Conesa presentó a los obispos las novedades derivadas del documento recientemente publicado por la Secretaría General del Sínodo, que fija las etapas y criterios para la fase de aplicación del proceso sinodal en las Iglesias locales.
Nuevo presidente de Cáritas Española
En el capítulo de nombramientos, la Comisión Permanente aprobó la designación de Luis Ayala Cañón, laico de la archidiócesis de Madrid, como nuevo presidente de Cáritas Española en sustitución de Manuel Bretón Romero, que ocupaba el cargo desde 2017.
Los obispos también ratificaron diversos nombramientos en asociaciones eclesiales y dedicaron parte de la reunión a evaluar la reciente visita apostólica de León XIV a España, sobre la que han hecho público un mensaje dirigido a los fieles y una carta de agradecimiento al Pontífice.