El Parlamento de Irlanda aprobó este miércoles la eliminación del periodo obligatorio de reflexión de tres días previo al aborto, una medida que, según las propias cifras oficiales, permitió que más de 10.000 mujeres no completaran el proceso abortivo desde 2019. Los grupos provida denuncian que desaparece una de las últimas salvaguardas legales para la protección del no nacido en el país.
La reforma, aprobada por 86 votos frente a 70, elimina la obligación de esperar tres días entre la primera consulta médica y la práctica del aborto durante las primeras doce semanas de embarazo. Aunque todavía deberá superar nuevos trámites parlamentarios, la votación supone un nuevo paso en la liberalización de la legislación abortista irlandesa.
Más de 10.000 mujeres desistieron del aborto
Los datos oficiales muestran que entre 2019 y 2024 unas 10.400 mujeres no regresaron para la segunda consulta médica necesaria para completar el aborto.
Aunque parte de esos casos corresponden a abortos espontáneos o derivaciones hospitalarias, los defensores de la vida sostienen que miles de mujeres reconsideraron su decisión gracias al tiempo de reflexión previsto por la ley.
Precisamente este dato ha sido uno de los principales argumentos esgrimidos por quienes se oponen a la reforma. Para ellos, el plazo obligatorio ofrecía un espacio para la reflexión ante una decisión irreversible y contribuía a salvar vidas humanas.
Un récord histórico de abortos
Durante el debate parlamentario, Peadar Tóibín, líder del partido provida Aontú, denunció el continuo aumento del número de abortos desde la legalización impulsada tras el referéndum de 2018.
Según recordó, el pasado año se registraron 10.852 abortos, la cifra más elevada desde que Irlanda abrió la puerta a esta práctica.
«Equivale a 400 aulas de niños que ya no están con nosotros como consecuencia de esa ley del aborto. Es absolutamente desgarrador», afirmó el diputado.
Tóibín subrayó además que en 2018 se registraron 2.879 abortos y que, desde entonces, el número se ha triplicado en apenas siete años.
«No existe ningún esfuerzo por parte del establishment político para comprender por qué se ha producido este aumento ni para aliviar este terrible coste humano», lamentó.
Del bastión católico a la liberalización del aborto
La votación simboliza un nuevo capítulo en la profunda transformación cultural y religiosa experimentada por Irlanda durante las últimas décadas.
El país que durante generaciones fue considerado uno de los principales bastiones del catolicismo en Europa aprobó en 2018 la derogación de la Octava Enmienda de la Constitución, que protegía el derecho a la vida del no nacido. El referéndum salió adelante con un 66,4% de los votos frente al 33,6% que defendió mantener la protección constitucional.
Desde entonces, la legislación abortista ha ido ampliándose progresivamente, mientras el número de abortos registrados cada año ha seguido creciendo.
Críticas por eliminar las garantías prometidas
La reforma también ha generado críticas entre algunos políticos que apoyaron la legalización del aborto, pero que consideraban necesario mantener ciertas limitaciones.
Robert Troy, ministro de Estado del partido Fianna Fáil, recordó que muchos ciudadanos votaron a favor de derogar la Octava Enmienda bajo la promesa de que seguirían existiendo determinadas garantías y mecanismos de protección, entre ellos el periodo obligatorio de reflexión.
«No hace ningún favor a la política dar marcha atrás poco tiempo después e intentar cambiar las reglas», declaró.
Por su parte, Tóibín aseguró que numerosos ciudadanos que respaldaron el referéndum de 2018 tampoco comparten ahora la eliminación de esta medida.
La batalla legislativa continúa
Aunque la iniciativa ha superado una votación clave en el Parlamento, todavía deberá completar las restantes fases legislativas antes de convertirse definitivamente en ley.
La eliminación del periodo de reflexión supone la desaparición de una medida que permitía a muchas mujeres reconsiderar una decisión irreversible. Las cifras oficiales muestran que más de 10.000 embarazos no llegaron a terminar en aborto durante esos años, un dato que prueba el impacto de esta protección.