No nos gusta ejercer de agoreros, ni refugiarnos en el cómodo «ya lo advertimos». Pero lo advertimos. Que el Gobierno de España navegaba cercado por escándalos de corrupción cada vez más graves era evidente para cualquiera con un mínimo de honestidad intelectual. Y que una visita pontificia en pleno clímax judicial acabaría inevitablemente instrumentalizada políticamente, también.
Leire Díez, Ábalos, Santos Cerdán, Begoña Gómez, David Azagra. El auto firmado este miércoles por el magistrado Santiago Pedraz describe el mayor escándalo en décadas: una estructura organizada desde Ferraz para «desestabilizar de forma sistemática y continuada» los procedimientos judiciales que afectan al entorno del presidente del Gobierno. Todo ello, presuntamente, financiado con cargo a la caja B del partido. No hacía falta una especial brillantez para comprender que este no era precisamente el momento más prudente para sentar a un Papa en el hemiciclo del Congreso.
Enhorabuena, por tanto, a la Secretaría de Estado vaticana. Enhorabuena a la Conferencia Episcopal Española. Y enhorabuena, muy especialmente, al cardenal José Cobo, principal impulsor de esta liturgia parlamentaria. Han logrado —y no era sencillo— que la primera visita de León XIV a España quede inevitablemente asociada, en el imaginario colectivo, a una legislatura asediada por la UCO y por sospechas de corrupción estructural.
La diplomacia eclesiástica, ese arte milenario de medir los tiempos, parece atravesar una etapa particularmente desafinada. Porque una cosa es dialogar con el poder político, obligación normal de la Iglesia, y otra muy distinta ofrecer una fotografía institucional de legitimación precisamente cuando ese poder atraviesa su momento de mayor deterioro moral y judicial.
Dios escribe recto con renglones torcidos. Pero conviene no multiplicarle innecesariamente el trabajo.