El 6 de abril, el padre Omar Sánchez se atrevió a hacer algo que en el actual ecosistema vaticano peruano se ha vuelto temerario: criticar públicamente la gestión de Mons. Jordi Bertomeu como Comisario Apostólico para el Sodalicio de Vida Cristiana. Veintidós días después, el 28 de abril, la periodista (amiga personal y portavoz in pectore de Bertomeu) Paola Ugaz publicaba en Epicentro TV un extenso reportaje acusando al sacerdote de abuso sexual contra un joven al que el texto identificaba como «Rafael», presunta víctima vulnerable, sobre la base de una denuncia firmada en 2023 y supuestamente elevada a la Congregación para la Doctrina de la Fe.
Hay un único problema con ese reportaje, y es de los que no admiten matiz: la denuncia es falsa, el tal «Rafael» no existe, y la persona a la que las fotografías pixeladas pretendían identificar como víctima ha salido a desmontar todo el expediente en una entrevista pública en la que da la cara, su nombre completo y sus dos apellidos.
Habla el supuesto «Rafael»
Se llama Nicolás Arosemena Jiménez Pitzer. Tiene 36 años, reside en España desde hace casi seis, es jefe de operaciones de un grupo de restaurantes especializado en cocina libre de gluten, se casa el año próximo y, según ha declarado, espera ser padre en breve. Mide 1,90 m. Pertenece a una familia conocida en el Perú: hijo de embajador, nieto de ministro de Justicia, sobrino del exministro de Transportes Luis Chang, descendiente directo de un presidente de la República. Difícilmente el perfil de «persona vulnerable» que el reportaje de Ugaz necesitaba construir.
En entrevista con el programa peruano Gatos por Liebre, Arosemena ha confirmado punto por punto la operación:
Primero, que es él, efectivamente, la persona que aparece en las dos fotografías con el padre Omar reproducidas con el rostro borroso en el reportaje. Una de ellas, dice, corresponde a un momento cotidiano durante la pandemia, cuando él y otros tres voluntarios dormían por turnos en la sala contigua a la habitación del sacerdote para gestionar la logística sanitaria del hogar. La otra, una broma vestido de acólito junto a un voluntario extranjero. Ambas, fotografías que él mismo había publicado en su Instagram personal y de las que la periodista, según todo indica, se sirvió sin más para ilustrar una acusación.
Segundo, que vivió en la Casa de las Bienaventuranzas durante diecisiete meses, de manera enteramente voluntaria, a sus 29-30 años, llegando por iniciativa propia tras haber escuchado una homilía del padre Omar mientras residía en otra parroquia. No fue ingresado, no fue internado, no estaba en rehabilitación. Era un voluntario adulto que se ocupaba del área de adultos y de las ollas vecinales durante la pandemia. Conserva tatuado en el cuerpo el logo de la Asociación de las Bienaventuranzas y la palabra family.
Tercero, que nunca, en ningún momento, firmó denuncia alguna contra el padre Omar. Ni la presentó, ni la retiró, ni tuvo conocimiento de su existencia hasta que un amigo del colegio le envió el enlace al reportaje. La firma que figura en el documento que Paola Ugaz exhibe como prueba, dice Arosemena reconociéndola sin titubeo, es la de su madre, estampada en 2023, a sus espaldas, mientras él residía en Grecia gestionando un restaurante propio.
Cuarto, que Paola Ugaz nunca se puso en contacto con él. Nunca. Pese a haber afirmado en su reportaje que se trataba de una investigación de varios meses, la periodista no consideró necesario verificar con el supuesto agredido si los hechos eran ciertos, si quería pronunciarse, o si quiera si seguía vivo. Arosemena dice no haber oído hablar de Ugaz en su vida hasta hace dos semanas.
«Yo nunca hice ni una denuncia. Esa firma no es mía. No conozco a la señorita Ugaz ni en pelea de perros. Si no se retracta, me tendré que ver con ella en los tribunales», declara en la entrevista, anunciando acciones legales por difamación.
El expediente fantasma y Doctrina de la Fe
El reportaje de Epicentro afirma que la denuncia constaría elevada al Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Si esto es cierto —y todo indica que lo es, porque es el tipo de detalle que un reportaje militante no inventa por la sencilla razón de que la palanca canónica es el verdadero objetivo de la operación—, entonces estamos ante algo de una gravedad considerable: un expediente canónico contra un sacerdote, en la Congregación competente, sostenido sobre una denuncia que la presunta víctima desconoce, no ha firmado y ha desmontado públicamente.
Es entonces cuando surge la pregunta: ¿Quién hizo llegar ese expediente a Doctrina de la Fe? ¿A través de qué cauce? ¿Quién lo presentó como creíble? ¿Y qué papel ha desempeñado en ese trayecto Mons. Jordi Bertomeu, cuya proximidad operativa con Paola Ugaz es pública y constante desde los tiempos del Sodalicio?
La llave del cajón
Aquí está la clave del método, sin ella no se entiende nada de lo que viene sucediendo en los últimos meses. Mons. Bertomeu no fabrica denuncias de la nada. Lo que todo indica que hace es algo más sutil y, en términos canónicos, considerablemente más grave: tiene acceso al cajón. Al archivo. A los expedientes que duermen en las curias y en los dicasterios, a las denuncias que en su día se presentaron y se retiraron, a las consultas pastorales que nunca llegaron a ser causa, a los rumores que algún canciller diligente puso por escrito hace cinco, ocho o diez años y que nadie volvió a abrir.
Todo sacerdote con una vida ministerial larga acumula en algún cajón eclesiástico papeles susceptibles de ser releídos en clave torcida. Una conversación con un adulto que un día derivó en una queja sin recorrido. Una denuncia presentada por un familiar en un momento de tensión y archivada por inconsistente. Una foto, un mensaje, una visita pastoral malinterpretada. En la inmensa mayoría de los casos, esos papeles permanecen donde deben permanecer: archivados, inertes, sin convertirse en causa porque no había causa.
El método desplegado contra el padre Omar (coincidente con varios casos previos) consiste, precisamente, en saber dónde están esos papeles y poder activarlos selectivamente. Cuando un abogado canonista incómodo —pensemos en Coronado— se vuelve molesto, aparece de pronto un expediente por un encuentro con un adulto que llevaba años durmiendo. Cuando un sacerdote crítico levanta la voz, aflora de la nada una denuncia materna retirada hace tres años. Los papeles se sacan del cajón en el momento preciso, se entregan al canal mediático afín, y se publican como si fueran hallazgos de una investigación periodística que en realidad nunca existió.
Esa es la diferencia entre la calumnia común y el camorrismo eclesial. Este segundo dispone de un archivo al que no debería tener acceso operativo nadie que no sea juez en la causa, dispone de los tiempos —veintidós días entre la crítica y la publicación—, y dispone de la pluma de una periodista que durante años ha funcionado como su altavoz natural.
Veintidós días: la simetría perfecta
La distancia entre la crítica del padre Omar a Bertomeu y la publicación del reportaje de Ugaz es de veintidós días. Para quien conozca los tiempos reales de una investigación periodística seria sobre abusos eclesiásticos —contraste de fuentes, búsqueda de la presunta víctima, intentos de contacto con el acusado, verificación documental, asesoramiento jurídico previo a la publicación—, veintidós días no es el tiempo de una investigación. Es el tiempo de una activación.
El expediente, recordémoslo, era de 2023. Llevaba al parecer tres años durmiendo en algún cajón. Hasta que el padre Omar levantó la voz contra el Comisario Apostólico. Entonces el cajón se abrió, el documento salió, y la periodista que ha actuado como interlocutora mediática habitual del propio Bertomeu durante años publicó la pieza.
El método, expuesto
El método consta de tres movimientos. En el primero, se identifica al sacerdote, religioso, laico o medio crítico con la gestión del Comisario Apostólico. En el segundo, se localiza en el archivo un papel viejo susceptible de ser releído como denuncia: una queja archivada, una firma de tercero, un testimonio reinterpretado, una fotografía recontextualizada, un chat fuera de contexto. En el tercero, se publica a través del canal mediático afín, sin contraste con el supuesto agredido, sin derecho de réplica real, con la presunción de gravedad canónica como garantía de impacto. La denuncia, además, escala: del medio a la Congregación para la Doctrina de la Fe, donde basta con que el expediente exista para que el sacerdote quede marcado durante años.
El padre Omar ha tenido la suerte —y es una suerte estadísticamente excepcional— de que el supuesto agredido sea un adulto de treinta y seis años con familia influyente, residente en Europa, con recursos propios y con un sentido elemental de la decencia que le ha llevado a salir a dar la cara. La mayoría de los sacerdotes sometidos a este método no tienen esa fortuna. La mayoría se enfrenta a presuntas víctimas inlocalizables, a expedientes que no pueden contrastar, a periodistas que no atienden réplicas, y a un sistema canónico que, ante la duda, suspende, traslada o sanciona.
InfoVaticana, en el horizonte
Este medio tiene motivos propios para conocer el método. Sabemos, por información que circula en los entornos próximos al Comisario Apostólico, que Bertomeu se ha movido para intentar señalar nombres propios del consejo editorial de InfoVaticana en las páginas de El País, no dudando en hacer algo tan grave como instrumentalizar para ello a víctimas reales del Sodalicio cuyo dolor merecería un trato infinitamente más respetuoso que servir de munición arrojadiza contra medios incómodos. De momento, no se ha atrevido a excomulgarnos. De momento.
Pero la lógica es la misma que se ha desplegado contra el padre Omar, contra los sacerdotes y seglares peruanos que se han atrevido a discrepar de la gestión del Comisario, y contra todo aquel que ha tenido la temeridad de pedir cuentas de un proceso —el del Sodalicio— cuya resolución ha dejado preguntas de fondo sin responder. La lógica es: si te metes con Bertomeu, te construye un caso.
Las víctimas reales, las grandes perdedoras
Lo más doloroso de todo esto es lo que esta forma de operar le hace a las víctimas reales de abusos eclesiásticos. Cada expediente fabricado, cada denuncia instrumentalizada, cada reportaje militante que se cae al primer contraste con la realidad, devalúa a las víctimas auténticas. Devalúa todo el trabajo serio de protección de menores que la Iglesia, con dificultad y con retraso, ha intentado construir en los últimos veinte años.
Cuando un Comisario Apostólico y su periodista afín fabrican un caso para neutralizar a un crítico, no sólo dañan al sacerdote acusado. Dañan a cada víctima que, mañana, llegue a un despacho canónico o a una redacción seria con un expediente verdadero y se encuentre con la mirada cansada de quien ya ha visto demasiados montajes.