La Unidad de Víctimas impulsada por el Defensor del Pueblo en el marco del nuevo sistema de atención a supuestas víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica ya analiza 317 expedientes desde su constitución el pasado 15 de abril.
La reunión de los miembros de esta Unidad tuvo lugar en la sede del Defensor del Pueblo, apenas dos meses después de la firma del protocolo suscrito entre el Gobierno, la Conferencia Episcopal Española (CEE), la CONFER y Gabilondo. Ese acuerdo, rubricado el 30 de marzo, puso en marcha el nuevo mecanismo de reconocimiento y reparación para víctimas de abusos cometidos en el ámbito eclesial.
El Defensor del Pueblo evaluará cada caso
El protocolo establece que la Unidad de Víctimas será la encargada de realizar la evaluación individualizada de cada solicitud y de elaborar la propuesta de reconocimiento de la condición de víctima y de eventual reparación. Posteriormente, la denominada Comisión Asesora PRIVA —dependiente de la CEE y la CONFER— deberá emitir un informe motivado sobre cada valoración presentada por la Unidad.
En los casos en los que no exista conformidad entre las partes implicadas, intervendrá una Comisión Mixta en la que participan representantes de las instituciones firmantes y asociaciones de víctimas, con el objetivo de alcanzar acuerdos por consenso.
Reparaciones económicas, simbólicas y restaurativas
El documento también contempla distintas formas de reparación. Estas podrán ser simbólicas o restaurativas —mediante reconocimiento institucional, acompañamiento o petición de disculpas—, pero también económicas, especialmente para cubrir daños derivados de secuelas físicas o psicológicas.
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha defendido públicamente este modelo afirmando que el objetivo del proceso es “recuperar a la persona y reparar daños”, insistiendo en que no se trata de “un mero trámite burocrático cosificador”, sino de un procedimiento “flexible, personalizado, profesional y humano”.
Aunque hace unas semanas declaró que el acuerdo firmado con la Iglesia no tiene carácter jurídico vinculante, sino que se trata de un “protocolo general de actuación sin efectos jurídicos”.
Una unidad integrada por juristas, psicólogos y expertos en victimología
La Unidad de Víctimas está integrada por profesionales de distintas disciplinas, entre ellos expertos en victimología, criminología, psicología y derecho. Entre los nombres dados a conocer figura Olga Belmonte García, vinculada anteriormente al Proyecto REPARA del Arzobispado de Madrid, además de varios catedráticos de Derecho y especialistas en violencia sexual y victimología.
También forman parte de la Unidad responsables internos del propio Defensor del Pueblo, fiscales y académicos especializados en criminología y derecho penal.