El obispo de Málaga, José Antonio Satué, compareció este viernes ante los medios apenas tres días antes del comienzo del juicio contra el sacerdote de Vélez-Málaga acusado de agredir sexualmente a cuatro mujeres durante años. El proceso arrancará el lunes en la Audiencia Provincial de Málaga y el sacerdote se enfrenta a una petición de 72 años de cárcel.
En una intervención cuidadosamente preparada, Satué quiso trasladar una imagen de colaboración con la justicia y de cercanía hacia las víctimas, al tiempo que trató de desvincular a la diócesis de cualquier acusación de encubrimiento o negligencia.
“Pido perdón en nombre de la Iglesia a todas las personas que en esta y en otras situaciones similares no han encontrado en la Iglesia la comprensión y el apoyo que debieron recibir”, afirmó el obispo.
La diócesis niega haber mirado hacia otro lado
Uno de los puntos centrales del juicio será determinar si la diócesis de Málaga tiene responsabilidad civil subsidiaria en el caso. Sobre esta cuestión, Satué dejó clara la posición de la defensa diocesana.
“Nuestros abogados van a defender que a la diócesis de Málaga no se le debería exigir tal responsabilidad”, aseguró, argumentando que la diócesis “no ha propiciado ni se ha favorecido ni ha mirado para otro lado cuando se han conocido las gravísimas acusaciones”.
Las declaraciones del obispo llegan después de meses de interrogantes sobre cómo actuó la diócesis desde que comenzaron a conocerse los primeros indicios contra el sacerdote.
Según publicó El País, fue la entonces pareja sentimental del sacerdote quien descubrió en 2023 un disco duro con miles de fotografías y vídeos de mujeres aparentemente narcotizadas y agredidas sexualmente entre 2017 y 2020. Parte del material estaba archivado en carpetas identificadas con los nombres de las víctimas.
El caso comenzó en Melilla
La denunciante conoció al sacerdote en 2022 en la parroquia de Santa María Micaela, en Melilla. Ella colaboraba en la vida parroquial y atravesaba una situación personal complicada. Con el tiempo ambos iniciaron una relación sentimental, incumpliendo el sacerdote el compromiso de celibato.
Meses después, mientras convivían en la vivienda parroquial, la mujer encontró el disco duro que acabaría originando la investigación policial.
Varias de las mujeres identificadas por los investigadores declararon posteriormente no recordar nada de las escenas fotografiadas. Algunas relataron que, durante reuniones o fiestas vinculadas al entorno del sacerdote, este insistía en ofrecerles bebidas antes de que perdieran la conciencia.
El traslado del sacerdote y la reacción del obispado
La mujer acudió inicialmente al vicario de la diócesis en diciembre de 2022 para alertar sobre las imágenes halladas en el ordenador del sacerdote. Según El País, el vicario le recomendó denunciar los hechos y habló posteriormente con el propio cura.
Poco después, el sacerdote solicitó su traslado de Melilla alegando “motivos de salud”. La diócesis lo destinó entonces a las localidades malagueñas de El Burgo y Yunquera.
Con el paso de los meses, la denunciante trató también de contactar con el obispado para explicar lo ocurrido, aunque, según el diario, no consiguió ser recibida. Finalmente recurrió a contactos policiales de su entorno, lo que permitió activar la investigación de la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM).
La investigación continúa abierta y los agentes siguen analizando el abundante material informático incautado al sacerdote. No se descarta la aparición de nuevas víctimas.
La diócesis promete reparar a las víctimas si hay condena
Pese a rechazar cualquier responsabilidad subsidiaria, Satué anunció que la diócesis está dispuesta a colaborar económicamente en la reparación de las víctimas si el sacerdote resulta finalmente condenado.
“La Iglesia católica ha asumido el compromiso de reparar a las víctimas de abusos por parte de sacerdotes incluso cuando los tribunales no obliguen”, afirmó.
El obispo explicó además que en septiembre de 2023 se abrió un proceso canónico para esclarecer los hechos, aunque quedó suspendido a la espera de la resolución judicial civil. Recientemente, añadió, se ha pedido al tribunal de la Rota de Madrid que instruya el procedimiento para “garantizar la independencia” del proceso eclesiástico.
Un caso que vuelve a golpear a la Iglesia española
Antes de su detención, el sacerdote gozaba de una notable presencia en ambientes parroquiales y cofrades tanto de Málaga como de Melilla. Diversos testimonios destacan su intensa actividad pastoral y su capacidad para dinamizar actos religiosos y convivencias.
El sacerdote fue detenido en septiembre de 2023 en Vélez-Málaga y desde entonces permanece en prisión preventiva. Se negó a declarar ante la policía.
El juicio que comenzará el lunes no solo determinará la posible responsabilidad penal del acusado. También volverá a situar bajo presión la actuación de las diócesis españolas ante las denuncias de abusos y la rapidez con la que reaccionan cuando aparecen los primeros indicios.