Nuevos documentos judiciales publicados en Estados Unidos han sacado a la luz detalles de las graves acusaciones económicas y personales que pesan sobre el obispo caldeo Bawai Shaleta, antiguo responsable de la eparquía caldea de Santo Tomás Apóstol, con sede en El Cajón, California, y jurisdicción sobre buena parte del oeste estadounidense.
Según informa The Pillar, una orden de arresto parcialmente desclasificada confirma que el prelado está acusado de blanqueo de capitales y malversación, tras una investigación que detectó la desaparición de cientos de miles de dólares pertenecientes a cuentas eclesiásticas. El caso terminó provocando la aceptación de su renuncia por parte del papa León XIV el pasado 10 de marzo, el mismo día en que también dejó el cargo el patriarca caldeo, el cardenal Louis Raphael Sako.
Más de 427.000 dólares desaparecidos
La orden judicial sostiene que las sospechas comenzaron en diciembre de 2024, cuando se detectaron “discrepancias” en las cuentas bancarias de la eparquía y de la catedral caldea.
Los investigadores afirman que desaparecieron aproximadamente 427.345 dólares de una cuenta destinada a ayudar a personas necesitadas durante un periodo de ocho meses.
Según la acusación, Shaleta habría organizado un sistema por el cual determinados pagos de alquiler de propiedades eclesiásticas se realizaban directamente en efectivo al propio obispo. Posteriormente, se emitían cheques desde una cuenta benéfica de la diócesis para cubrir el dinero faltante en otras cuentas parroquiales.
La documentación judicial sostiene que el efectivo recibido “nunca fue reingresado” en las cuentas correspondientes.
Viajes, dinero en efectivo y falta de documentación
La investigación también señala que el obispo habría recibido dinero en efectivo relacionado con viajes eclesiales, misas perpetuas y otros gastos vinculados a actividades parroquiales.
Cuando las autoridades solicitaron explicaciones sobre esos fondos, Shaleta no habría podido aportar documentación que justificara el destino del dinero. Más tarde aseguró que parte de esas cantidades fueron entregadas a personas necesitadas en Irak, aunque sin presentar pruebas adicionales, según recoge la declaración jurada incorporada al caso.
El obispo fue detenido el pasado 5 de marzo en el aeropuerto de San Diego mientras intentaba abandonar Estados Unidos llevando consigo más de 9.000 dólares en efectivo y con un vuelo reservado hacia Europa.
Acusaciones de conducta personal impropia
Además de las acusaciones financieras, The Pillar recuerda que la investigación vaticana también abordó presuntas conductas personales impropias por parte del prelado.
Entre ellas, el medio estadounidense menciona supuestos viajes frecuentes a un burdel de Tijuana vinculado a redes de explotación sexual y la existencia de una estrecha relación con una mujer con la que compartía una cuenta bancaria y acceso libre a sus respectivas viviendas.
Shaleta niega las acusaciones y asegura ser víctima de una campaña en su contra impulsada por sectores de la comunidad caldea descontentos con su gobierno pastoral.
La sombra sobre el cardenal Sako
El caso provocó además fuertes tensiones dentro de la Iglesia caldea. Según The Pillar, el cardenal Sako habría intentado promover en Roma el traslado de Shaleta a un cargo administrativo en Bagdad incluso después de iniciarse la investigación.
Aunque el patriarca reconoció haber planteado esa posibilidad ante responsables vaticanos, aseguró que lo hizo antes de conocer plenamente el alcance del caso.
Sin embargo, diversas fuentes citadas por The Pillar sostienen que el Vaticano ya disponía de informes detallados sobre la investigación antes de esas gestiones.
La aceptación simultánea de las renuncias de Sako y Shaleta fue interpretada por numerosos observadores como un gesto de malestar de la Santa Sede por la gestión interna del escándalo.
Podría enfrentarse a 15 años de prisión
Shaleta se declaró no culpable de los 16 cargos de blanqueo y malversación presentados contra él.
Actualmente permanece en libertad bajo fianza de 125.000 dólares y sometido a control por GPS mientras espera juicio.
Si finalmente fuera condenado, podría enfrentarse a una pena de hasta 15 años de prisión.