Hubo un tiempo en que los jesuitas españoles enviaban a Bolivia a sacerdotes problemáticos como quien arroja basura lejos de casa. Bolivia funcionaba como vertedero eclesiástico: curas acusados que no desaparecían, sino que eran reubicados en parroquias pobres e indígenas donde nadie preguntaba demasiado y donde las víctimas jamás tendrían acceso a Roma, a periodistas internacionales o a despachos canónicos con capacidad de presión. Décadas después, cuando esas víctimas empezaron a hablar, descubrieron algo tan obsceno como los abusos: que su dolor apenas existía para la institución que decía querer escucharlo.
Ese patrón no ha desaparecido. En el mundo eclesial iberoamericano actual empieza a consolidarse una percepción incómoda: no todas las víctimas son tratadas igual, ni todos los casos activan el mismo sistema de respuesta. Y lo más inquietante es que la diferencia no parece teológica ni jurídica, sino racial.
Las víctimas del Sodalicio, generalmente descendientes de europeos y procedentes de un alto estrato social en Perú, han recibido un despliegue institucional extraordinario: enviados pontificios, comisiones específicas, interlocución directa con Roma, presión mediática internacional y una arquitectura de atención difícil de encontrar en otros casos. Nadie discute aquí la gravedad de lo que denunciaron ni la legitimidad de su reconocimiento. El problema aparece cuando se compara con el otro lado del sistema.
Mientras unos casos activan mecanismos de máxima intensidad, otros apenas generan silencio administrativo.
Las víctimas indígenas y mestizas de diócesis pobres en países como Bolivia y Perú llevan años enviando escritos a Roma sin obtener respuesta efectiva. En muchos casos, ni siquiera acuse de recibo. Literalmente, nada. No hay canal estable, no hay seguimiento, no hay estructura visible de interlocución y al amparo de un supuesto secreto en la instrucción no se ha hecho justicia con muchísimos casos desoladores.
Como viene denunciando InfoVaticana, en Chiclayo, tres mujeres denunciaron con un relato muy sólido y comprobable ante Robert Prevost abusos sufridos cuando eran niñas por sacerdotes diocesanos. Años después, los procedimientos siguen sin reparación efectiva ni cierre claro. Los expedientes avanzan a ritmo impredecible, cuando avanzan. Y entre medias, las víctimas conviven con la sensación de que el sistema no está diseñado para ellas. Han reducido a estado laical a su abusador (y a su abogado canonista), y ahora qué, ¿si tu abusador es laico, ya no procede reparación?, ¿aplica ese criterio a las víctimas de Figari?
En Huacho, las denuncias contra el obispo Antonio Santarsiero – hasta hace una semanas Secretario General de la Conferencia Episcopal de Perú- por presuntos abusos sexuales y maltrato psicológico fueron remitidas al Papa y al Dicasterio para la Doctrina de la Fe mediante comunicaciones formales y carta notarial entregada en la Nunciatura Apostólica. La respuesta institucional, sin embargo, no consta: ni acuse de recibo, ni comunicación, ni apertura formal notificada a las denunciantes. Un obispo acusado en un testimonio consistente y sólido de forzar felaciones a un seminarista procederá a celebrar ordenaciones sacerdotales en las próximas semanas. ¿Y las víctimas? a la fecha no solo no han recibido ni un solo papel, sino que han sido señaladas públicamente en una reunión con múltiples sacerdotes.
El detalle que vuelve insoportable la comparación
Si uno coloca al lado uno y otro panorama, la diferencia no es de matiz. En un caso, todo el aparato eclesiástico se moviliza: hay reuniones, hay comunicados, hay viajes, hay periodistas, hay despachos romanos atentos al detalle. En el otro, no hay nada. Ni una carta. Ni una llamada. Ni siquiera el trámite mecánico, casi administrativo, de confirmar que el escrito ha llegado a su destino.
Las víctimas del Sodalicio pertenecen, en su gran mayoría, a un perfil social muy concreto: familias blancas, acomodadas, limeñas, con apellido, con educación universitaria, con acceso natural a periodistas, a abogados y a obispos. Son víctimas legítimas, y su causa es justa. Pero también son víctimas que la institución sabe leer, porque hablan su mismo idioma cultural: el del catolicismo urbano.
Las otras víctimas no encajan en ese mapa. Las víctimas bolivianas, las de Chiclayo, la gente de origen modesto, sin más capital que su testimonio. Las víctimas del seminario menor de Huacho son seminaristas y exseminaristas de provincia, sin estructura mediática que los respalde. Son fieles cuya extracción social y étnica no genera, por sí sola, ningún reflejo institucional en Roma. Su denuncia, por sólida que sea, no produce movimiento. ¿De dónde vamos a sacar recursos para indemnizar el daño que se les ha inflingido? Del patrimonio del Sodalicio parece que no, ya que según explica Jordi Bertomeu el patrimonio del Sodalicio no reparará a todas las víctimas de la Iglesia sino solo a las víctimas del Sodalicio. Si abusaron de tí en la sierra de la diócesis de Chiclayo o en el seminario de Huacho, mala suerte. Solo hay recursos para los abusados por instituciones ricas. ¿Qué criterio absurdo es ese?
Esa correlación —víctima blanca y acomodada, respuesta institucional; víctima mestiza o indígena, silencio— se está repitiendo con tal regularidad que ya no es honesto seguir tratándola como una coincidencia. El Código de Derecho Canónico es, en este punto, de una claridad brutal. El canon 208 proclama la igualdad fundamental de todos los fieles. El canon 221 reconoce a cualquier fiel el derecho a reivindicar y defender sus derechos en el foro eclesiástico competente. La acceptio personarum —la acepción de personas, el trato preferente por razón de origen, riqueza o influencia— está expresamente prohibida en la tradición canónica desde sus orígenes, y el Evangelio mismo la reprueba en términos especialmente duros cuando aparece la Carta de Santiago.
Pero el Derecho Canónico, como cualquier derecho, vale lo que valen sus aplicaciones concretas. Y lo que se está aplicando hoy en la práctica romana —no en los textos, sino en los hechos— es una jerarquía implícita de víctimas. Hay víctimas de primera, cuyas cartas se contestan, cuyos representantes son recibidos, cuyos casos generan visitadores apostólicos. Y hay víctimas de segunda, cuyas cartas se acumulan sin abrir, cuyos abogados son ignorados o expedientados, cuyos casos duermen en cajones que nadie tiene interés en remover.
Lo más doloroso es que esta jerarquía no se decreta ni se proclama. Funciona por omisión. Nadie firma una circular que diga «atiéndase preferentemente a las víctimas blancas y acomodadas». Simplemente se atienden esas, y las otras esperan. Esperan meses, esperan años, esperan a que alguien con apellido conocido se interese por su caso para que algo se mueva. Esperan a que un periodista internacional repare en ellas. Esperan a que un cardenal viajero las mencione de pasada en alguna conferencia. Esperan a que el azar reproduzca, en su favor, la lógica selectiva del sistema.