El llamado “juicio del siglo” vaticano suma un nuevo revés internacional. La Fiscalía federal suiza ha archivado el procedimiento penal contra el financiero Enrico Crasso, ex asesor de la Secretaría de Estado, al no encontrar indicios de delito en la gestión del fondo Centurion. La decisión, conocida el 28 de abril, no solo cierra el frente suizo, sino que cuestiona de raíz la narrativa sostenida por el Vaticano durante años.
Según informa Il Giornale, la procuradora Annina Scherrer no encontró pruebas de fraude ni corrupción, desmontando así las acusaciones presentadas en 2020 por la propia Secretaría de Estado.
De asesor clave a acusado en el “juicio del siglo”
Crasso no es una figura secundaria. Durante más de una década fue uno de los principales gestores financieros del Vaticano, operando a través de su sociedad Sogenel Capital Investment y administrando inversiones de gran volumen.
Su nombre quedó vinculado al escándalo del edificio de Sloane Avenue, en Londres, una operación que implicó unos 350 millones de euros de la Santa Sede y que derivó en pérdidas estimadas de al menos 139 millones. Por su papel en esa operación, fue condenado en diciembre de 2023 a siete años de prisión por peculato y autoblanqueo en el tribunal vaticano.
Sin embargo, incluso en esa sentencia fue absuelto de todos los cargos relacionados con el fondo Centurion, el mismo que ahora analiza la justicia suiza y que ha quedado completamente archivado.
Suiza desautoriza la tesis del Vaticano
En su decreto, la fiscal Scherrer afirma que el organismo vaticano debe ser considerado un “inversor experto”, con recursos, asesoramiento y capacidad de decisión suficientes como para comprender las operaciones financieras en las que participaba. Esta conclusión desmonta la idea de que Crasso hubiera engañado al Vaticano.
Además, la Fiscalía no encontró indicios de que el financiero actuara contra los intereses de la Santa Sede en la gestión del fondo, lo que debilita aún más la acusación original.
Un denunciante que obstaculiza la investigación
El archivo del caso no solo responde a la falta de pruebas, sino también a la actuación contradictoria del propio Vaticano.
Pese a ser la parte denunciante, la Secretaría de Estado se negó a colaborar plenamente con la justicia suiza. En particular, bloqueó la posibilidad de interrogar a testigos clave mediante comisiones rogatorias, entre ellos monseñor Alberto Perlasca, figura central del proceso vaticano.
Este comportamiento fue señalado expresamente por la fiscal suiza, que subrayó la incoherencia de denunciar y, al mismo tiempo, impedir el desarrollo de la investigación.
Un proceso vaticano en crisis
La decisión suiza llega en un momento de tensión para el caso Becciu. En marzo de 2026, la Corte de Apelación del Vaticano declaró la nulidad relativa del juicio de primera instancia, en una resolución sin precedentes que cuestiona la validez del procedimiento.
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El tribunal detectó graves irregularidades, como el ocultamiento parcial de pruebas a la defensa y la existencia de decretos papales secretos que ampliaban los poderes del fiscal sin respaldo jurídico suficiente.
A ello se suman las dudas sobre la imparcialidad de la acusación, tras revelarse miles de mensajes que apuntan a una posible manipulación del testimonio del principal testigo del caso.
Crasso, en la posición más favorable desde el inicio
Con el archivo en Suiza y la nulidad parcial del juicio en el Vaticano, la situación procesal de Crasso ha cambiado de forma significativa.
Su condena sigue formalmente vigente, pero no es ejecutiva y deberá revisarse en un nuevo juicio que comenzará el 22 de junio de 2026. En ese proceso, la defensa podrá utilizar documentación que anteriormente no había sido accesible.
Además, los cargos más graves ya han sido descartados en el ámbito internacional, mientras que el testimonio clave de la acusación se encuentra bajo sospecha.