El conflicto por las pinturas del Monasterio de Sijena se ha recrudecido tras las declaraciones del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, quien, aunque ha reconocido la existencia de una sentencia firme que ordena su devolución a Aragón, ha mostrado su rechazo al fallo y ha respaldado nuevas maniobras para frenar o condicionar su ejecución desde el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC).
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Reconocimiento formal de la sentencia, pero rechazo de fondo
Según informa El Mundo, Urtasun ha afirmado que no comparte la decisión del juzgado de Huesca, al considerar que “ignora el criterio de unos técnicos” que advierten del posible daño que podría causar el traslado de las obras.
El propio ministro ha admitido que se trata de una resolución judicial que ni el Ministerio ni la Generalitat pueden “omitir”. Sin embargo, ha dejado claro que su departamento seguirá guiándose por los informes técnicos y apoyará los recursos que pueda impulsar el patronato del MNAC.
En la práctica, esta posición abre la puerta a prolongar el proceso y dificultar la ejecución efectiva de la sentencia.
Resistencia política frente a la legalidad
La postura del Ministerio refuerza la línea mantenida desde Cataluña durante años, basada en cuestionar la viabilidad técnica del traslado como argumento para evitar la restitución.
Desde Aragón, por el contrario, se insiste en que el Tribunal Supremo ya dejó establecidos tres aspectos esenciales: la propiedad aragonesa de las pinturas, la obligación de devolverlas y la viabilidad de su traslado sin riesgos excepcionales.
El director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, ha acusado al ministro de sumarse a una ofensiva destinada a obstaculizar el cumplimiento de la sentencia y ha reprochado que cuestione unos informes técnicos que sí fueron valorados por los tribunales.
Un fallo judicial que pone fin a décadas de litigio
La orden de ejecución dictada por el juzgado de Huesca fija un plazo máximo de 56 semanas para la devolución de las pinturas, cerrando así una larga batalla judicial que se remonta a más de una década.
Las obras, arrancadas del monasterio tras el incendio sufrido durante la Guerra Civil, llevan más de 90 años fuera de su lugar de origen.
La resolución judicial no solo obliga a su restitución, sino que establece que el MNAC debe asumir los costes del traslado.
Frente a los intentos de dilatar su devolución, desde Aragón se insiste en que lo que está en juego no es solo una cuestión patrimonial, sino el respeto a la legalidad y la restitución de un bien que forma parte de la historia y la identidad del monasterio.