El Gobierno ha puesto en marcha la oficina para tramitar la reparación de víctimas de abusos en el ámbito de la Iglesia. No se trata solo de una medida administrativa ni de un nuevo procedimiento técnico. Es, sobre todo, la constatación de un fracaso grave: el de una institución que no ha sabido purificarse a sí misma con la claridad, la firmeza y la transparencia que exigía la magnitud del escándalo.
El propio Bolaños explicó con detalle el alcance de la medida tras el Consejo de Ministros: “Hemos acordado la modificación del Real Decreto de Estructura del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y creamos la Oficina de Reconocimiento y Reparación de las Víctimas de Abusos Sexuales en el Ámbito de la Iglesia Católica”. La iniciativa, recordó, es fruto del acuerdo alcanzado el pasado 8 de enero entre el Gobierno, la Conferencia Episcopal y las Conferencias Religiosas, posteriormente concretado en un protocolo con el Defensor del Pueblo firmado el 30 de marzo.
Un acuerdo necesario que evidencia una debilidad
El sistema entra en vigor de inmediato. “A partir del día 15 de abril, todas las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica podrán acudir al nuevo modelo que hemos creado y que tutela el Defensor del Pueblo”, afirmó Bolaños, subrayando además que el Ejecutivo pondrá en marcha una campaña informativa para facilitar el acceso de las víctimas.
Nadie puede negar que este mecanismo responde a una necesidad real. Durante años, muchas víctimas no encontraron respuesta ni en la justicia civil —por la prescripción de los delitos— ni en la propia Iglesia. Era imprescindible abrir una vía que permitiera, al menos, reconocer el daño y ofrecer algún tipo de reparación.
Sin embargo, conviene no confundir la necesidad con la virtud. Que este sistema sea útil no significa que sea motivo de satisfacción institucional. Su mera existencia revela que la Iglesia no ha sido capaz de garantizar por sí misma procesos de justicia suficientemente claros, creíbles y eficaces.
Cuando la Iglesia deja de ser juez
El nuevo modelo define con precisión los roles. “El Defensor del Pueblo tiene la última palabra”, reconoció el ministro, añadiendo que “es la Iglesia Católica la que responderá económicamente o con cualquier reparación moral, psicológica o restaurativa”.
De este modo, la Iglesia queda en una posición subordinada: asume las consecuencias, pero no dirige el proceso. Es el Defensor del Pueblo quien “tomará la decisión asistido por una unidad de víctimas formada por profesionales de primer nivel”.
Un escenario con intereses cruzados
Sería ingenuo ignorar que el Estado no actúa en un vacío neutral. El Gobierno tiene sus propios intereses, su propio relato y su propia agenda política, y esta iniciativa también se inscribe en ese marco.
Pero reducir el análisis a ese sesgo sería una forma de eludir la cuestión de fondo. El problema no es, en primer lugar, la intervención del Estado. El problema es que esa intervención se ha vuelto necesaria.
Si la Iglesia hubiera respondido con claridad desde el inicio, difícilmente se habría llegado a este punto.
La humillación como síntoma de una crisis más profunda
no saber purificarse ni hacer justicia con la firmeza exigida, acumulando durante años procedimientos opacos, respuestas tardías y una gestión deficiente con la firmeza que exige su propia misión.
Durante años, procedimientos opacos, respuestas tardías y una gestión deficiente han erosionado la confianza hasta el punto de hacer inevitable la intervención externa. Cuando una institución necesita recurrir al poder político para garantizar justicia, lo que está reconociendo es que sus propios mecanismos han fallado.
Pero hay algo más. En su intento por evitar el conflicto y buscar aceptación en el clima cultural dominante, parte de la Iglesia ha optado por diluir su propia identidad. El resultado es evidente. Cuanto más cede, más pierde autoridad. Cuanto más busca reconocimiento, más se expone a la presión externa. Y cuanto más renuncia a ejercer su propia responsabilidad, más depende de que otros la ejerzan por ella.
Una purificación pendiente
La Iglesia puede —y en este caso debe— colaborar con las autoridades civiles para garantizar justicia a las víctimas. Pero no puede convertir esa colaboración en una sustitución permanente de su propia responsabilidad.
Porque la purificación de la Iglesia no puede venir únicamente de fuera. Requiere un ejercicio interno de verdad, de justicia y de conversión que no se resuelve con oficinas ni con procedimientos administrativos.
Si ese proceso no se produce, la consecuencia es inevitable: otros acabarán haciendo lo que la Iglesia no ha hecho.
Y cuando eso ocurre, ya no estamos ante una reforma. Estamos ante el síntoma de una decadencia que no se ha querido afrontar a tiempo.