El Defensor del Pueblo, el socialista Ángel Gabilondo, compareció este martes ante la Comisión Mixta Congreso-Senado de Relaciones con el Defensor del Pueblo para presentar el Informe sobre abusos sexuales en la Iglesia católica en España, elaborado a petición del Congreso de los Diputados.
En una nueva maniobra del Ejecutivo de Pedro Sánchez para desviar los casos de corrupción que le salpican por todas partes, el PSOE ha rescatado el polémico informe del exministro socialista, Ángel Gabilondo, para desviar la atención.
En su intervención, Gabilondo instó al Parlamento y al Gobierno a implementar cuanto antes las 24 recomendaciones incluidas en el informe, con el objetivo de ofrecer atención y reparación a las víctimas.
«Es la hora del Parlamento», afirmó Gabilondo, recordando que las víctimas esperan la aplicación de las medidas propuestas, que incluyen la creación de un fondo estatal para compensaciones, un acto público de reconocimiento, y diversas reformas normativas para prevenir abusos en el futuro. El informe, de 777 páginas, recoge los testimonios de 487 víctimas y se basa en diversas fuentes, incluidas investigaciones de medios de comunicación y una encuesta demoscópica realizada por la empresa GAD3.
El Defensor del Pueblo subrayó que «las víctimas son el sentido primero, último y central de este informe», y recalcó que la tarea principal ha sido describir la magnitud de los abusos, sus causas y consecuencias, así como determinar medidas de reparación para las víctimas y mejorar las políticas públicas de prevención.
Recomendaciones del informe
Entre las recomendaciones del informe destacan la celebración de un acto público de reconocimiento simbólico a las víctimas, la creación de un fondo estatal para pagar compensaciones y la necesidad de que la Iglesia católica colabore activamente en el proceso de recuperación de las víctimas, abriendo sus archivos y ofreciendo tratamiento psicológico a los afectados. Además, se sugiere la creación de un órgano administrativo especial que gestione un procedimiento de reconocimiento y reparación para las víctimas de abuso sexual infantil en el ámbito eclesiástico.
En cuanto a la encuesta realizada por GAD3, el informe indica que el 0,6% de los encuestados afirma haber sido víctima de abusos por parte de sacerdotes o religiosos católicos, y un 1,13% señala haber sufrido agresiones sexuales en un contexto religioso. Estos datos, obtenidos de una muestra de más de 8.000 personas, se incluyeron para dimensionar el alcance del problema en la sociedad española.
Críticas al informe por su falta de rigor y casos falsos
Sin embargo, el informe presentado por Gabilondo ha generado críticas desde el día de su presentación, especialmente tras la publicación de varias investigaciones que cuestionan la veracidad de algunos de los casos incluidos. Medios como InfoVaticana hemos denunciado que el informe se basa en datos cuestionables y en casos falsos, lo que pone en duda la seriedad y el rigor del estudio.
Una de las principales críticas es que las cifras presentadas en el informe no provienen exclusivamente de casos verificados, sino de una encuesta encargada a la empresa GAD3, cuyo coste ascendió a 35.000 euros. Además, algunos expertos han señalado que la encuesta no se ajusta a los estándares de una investigación rigurosa sobre un tema tan delicado. En su momento, varios obispos españoles cargaron públicamente contra este informe que provocó que muchos medios de comunicación extrapolaran datos de manera temeraria a raíz de una encuesta.
A esto se suma el hecho de que el informe ha incluido en varias ocasiones casos que han resultado ser falsos. En enero de 2024, este medio destapó un caso falso publicado en el informe del Defensor del Pueblo, lo que levantó serias dudas sobre la fiabilidad del documento. Posteriormente, en mayo de 2024, otro caso de abusos que fue recogido en el informe también resultó ser falso, lo que agravó aún más las críticas. Este medio también ha señalado que el diario El País y el propio Gabilondo «se tragaron» el famoso ‘caso Bollycao’ uno de estos casos falsos, contribuyendo a la falta de credibilidad del informe.
Las críticas al informe se han centrado, además, en la falta de transparencia y rigor en la recopilación de testimonios. A pesar de que el Defensor del Pueblo insiste en que el objetivo no es cuantificar los abusos, sino entender su alcance y ofrecer medidas de reparación, la inclusión de casos falsos ha dañado por completo la credibilidad del trabajo que desde el principio tuvo motivaciones de índole política.