Otro escándalo parece que salpica de lleno al polémico y controvertido sacerdote Javier Belda quien es secretario, no patrono, de Fusara, la Fundación que está siendo investigada por el juzgado número 28 de Madrid.
Infovaticana ha podido confirmar que la empresa que defiende a la Fundación es una empresa cuyo dueño es el sacerdote Javier Belda, quien aparece como administrador único de CMC THEO LEGAL SL. Según el informe al cual ha tenido acceso Infovaticana, la empresa de Javier Belda, a quién Osoro dio el encargo de investigar lo que ocurría con estas fundaciones, habría facturado 860.310 €, IVA Incluido bajo el concepto “honorarios por los trabajos realizados a la fundación Santamarca y San Ramón y San Antonio (Fusara) en el procedimiento (diligencias previas 2059/2019) que se sigue en el juzgado de instrucción número 28 de Madrid, conforme al apartado primero de la hoja de encargo.
La empresa de Javier Belda la creó su hermano con otro nombre
La empresa fue creada en 2016 por su hermano Cristóbal Belda con el nombre CMC BIOTECH SL, dedicada a la investigación y desarrollo experimental en biotecnología. En octubre de 2020 cesa Cristóbal como administrador único y se nombra a su hermano Javier Belda administrador de la misma. Tras este cambio de mando, es cuando se aprovecha también para cambiar el nombre de la empresa por el de CMC THEO LEGAL SL. Fruto de este cambio, se produce una ampliación del objeto social, ofreciendo «consultoría para la redacción, preparación y gestión de proyectos de biotecnología en general e importación y exportación de soluciones industriales para pequeñas y medianas empresas del ámbito biotecnológico». Días más tarde de convertirse Javier Belda en responsable de la empresa, se produce otra ampliación del objeto social de la empresa añadiendo la «intermediación en la prestación de los servicios de asesoramiento jurídico». Finalmente, en febrero de 2021 se nombró apoderado de la empresa a Cristóbal Belda que fue revocado el pasado mes de agosto.
Según abogados entendidos de la materia consultados por este medio, han asegurado que “lo normal por esos servicios prestados debería estar entre los 25.000 y 50.000 euros como mucho y a éxito”. Esta cantidad desorbitada que habría facturado la empresa del sacerdote murciano a Fusara podría suponer “un posible delito de estafa y de tráfico de influencias”, aseguran estos abogados a Infovaticana.
En resumen, Javier Belda quien está acusado de tres supuestos delitos de falsedad documental, fraude a Hacienda pública e intrusismo laboral y de quien no consta que tenga autorización de su obispo para llevar a cabo actividades de este tipo, como gestionar una empresa, habría contratado a su despacho de abogados para defender a la Fundación de la cual fue nombrado secretario. El Código de Derecho Canónico, cánones 285,4 y 286, establece que un sacerdote no puede ejercer una profesión civil, salvo por causa grave y con permiso de su obispo.
Tal y como ya informamos en este medio, este no sería el único escándalo que sacude a esta Fundación, ya que su director general, Ignacio Olmos, utiliza la sede de Fusara también como la sede de su propio despacho de abogados, en la calle Barquillo, 22. Actualmente, el patronato de Fusara, siendo una fundación civil, está formado por el Arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, quien tiene su cargo delegado en Fausto Marín, y por los sacerdotes Pedro Pablo Dones Sabrido, José Andrés Silva Martín y Javier Belda Iniesta. Unido a esto, cabe destacar que Fusara lleva desde 2018 sin publicar sus cuentas en su página web.
Fieles madrileños sopesan crear una plataforma para esclarecer lo que ocurre en la archidiócesis
Infovaticana también ha podido confirmar, a través de diversas fuentes, que un grupo de laicos y sacerdotes estarían preparando una plataforma, al estilo como la creada en Almería «católicos almerienses por la verdad», cuya finalidad sería esclarecer lo que está ocurriendo en la archidiócesis con las fundaciones y la economía diocesana. Esta plataforma, que estaría en proceso de creación, apunta como objeto de investigación a tres personas: Javier Belda, quien hace y deshace a su antojo dentro del arzobispado con el beneplácito de Osoro, Javier Lapastora, miembro del Consejo económico de la diócesis de Madrid, miembro de la comisión diocesana de fundaciones y miembro de varias fundaciones y Eduardo Pomares, director general de Instituciones religiosas en el Banco Santander, miembro del Consejo Económico y de la Archidiócesis de Madrid y de quien también se dice que tiene despacho en la propia Conferencia Episcopal.