Cientos de fieles católicos de la diócesis de Cuernavaca participaron este sábado 13 de septiembre en la II Caminata por la Paz organizada por la vicaría San Mateo en Cuautla, Morelos, bajo el liderazgo del obispo Ramón Castro Castro. El evento, que reunió a parroquias locales y visitantes de otras regiones de la diócesis, buscó visibilizar el clamor por la paz en un estado azotado por la violencia, la extorsión y la impunidad.
El obispo Castro Castro, en su mensaje central pronunciado al término del recorrido, estructuró su reflexión en tres objetivos claros, inspirados en el método «ver-juzgar-actuar» de la doctrina social de la Iglesia: analizar la realidad violenta de Morelos, juzgarla a la luz del Evangelio y proponer acciones concretas para su transformación.
En el primer objetivo, el «ver», el prelado expuso una denuncia contundente de la situación en el estado. «Morelos está herido», afirmó, destacando la «cifra negra» del 92% de delitos no denunciados, la extorsión que afecta a pequeños comercios como tortillerías y ferreterías, y el «derecho de piso» que obliga a campesinos y ganaderos a ceder sus cosechas al crimen organizado.
Castro Castro subrayó la convivencia entre algunos servidores públicos y grupos delictivos, así como el rol de las madres buscadoras, a quienes saludó con cariño por su labor contra los obstáculos institucionales. «Sentimos su dolor, vivimos su angustia», dijo, basándose en el pastoreo directo con las comunidades.
El segundo objetivo, el «juzgar», invitó a una reflexión evangélica sobre la paz como don de Cristo: «Mi paz les dejo, mi paz les doy». El obispo rechazó la violencia como herencia genética, atribuyéndola a entornos familiares y culturales viciados. Citando al Papa Benedicto XVI, enfatizó que «el compromiso por la paz nace del respeto incondicional por la vida» y a Juan Pablo II, que «no puede haber paz si no hay verdad». La familia emergió como pilar fundamental: «Es la cuna de la vida y del amor, el núcleo natural de la sociedad», según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y el lugar primario para educar en valores de paz y justicia.
Finalmente, en el «actuar», Castro Castro propuso un plan de acción inmediato. Animó a cultivar «pensamientos, gestos y lenguaje de paz», promover la educación en legalidad desde la niñez y conocer el nuevo Plan Diocesano de Pastoral, cuyo verbo clave es «revitalizar» –la familia, la fe y el corazón del discípulo–. «¡No tengan miedo!», exhortó a todos los presentes, desde niños hasta ancianos, recordando la bienaventuranza: «Dichosos los que trabajan por la paz».
Un énfasis particular recayó en el llamado a los responsables de la violencia. Dirigiéndose directamente al crimen organizado, el obispo imploró: «¡Vuelvan a la comunidad de la que se han apartado! Depongan las armas y no dejen que las redes del mal los asfixien». Alertó sobre el «dinero sucio» de la extorsión y el narcotráfico, que «corrompe, genera muerte y esclaviza», y ofreció la Iglesia como refugio: «Encontrarán una madre con los brazos abiertos». Este mensaje de misericordia, dirigido también a autoridades y delincuentes, resonó como un puente hacia la reconciliación en una región donde la unidad «es superior al conflicto».
La caminata, que partió de la iglesia principal de la vicaría y concluyó en la plaza cívica, contó con el apoyo de organizadores locales, a quienes el obispo agradeció públicamente. «Dios nos permite manifestar ese anhelo profundo de paz», concluyó Castro Castro, cerrando con un llamado colectivo: «¡A trabajar! ¡Ánimo! Dios está con nosotros».
Este evento se enmarca en los esfuerzos diocesanos por contrarrestar la inseguridad en Morelos, uno de los estados más violentos de México, y busca inspirar una «nueva historia» de comunión y legalidad. Autoridades locales no emitieron declaraciones inmediatas, pero el mensaje del obispo ya circula en redes parroquiales, amplificando su eco de esperanza.
Morelos enfrentado un incremento significativo en la violencia y la inseguridad durante los últimos años, impulsado principalmente por la presencia de grupos del crimen organizado. En 2024 se registraron más de 1,628 homicidios en total, de los cuales 1,324 fueron dolosos, lo que representa un aumento notable en comparación con años previos. Esto posiciona a Morelos como uno de los estados más violentos del país, con una tasa de homicidios que lo coloca en el top 10 nacional. La percepción de inseguridad entre la población es alta: en 2024, el impacto económico de la violencia ascendió a 147 millones de pesos, equivalente a unos 68,318 pesos por habitante. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024, la tasa de víctimas por cada 100,000 habitantes fue de 26,995 para hombres y 24,870 para mujeres.
Por otro lado, el Índice de Paz México 2025 indica una ligera mejora del 0.7% en la paz durante 2024, marcando el quinto año consecutivo de avances moderados tras periodos de deterioro. Sin embargo, persisten altos niveles de delitos como homicidios, secuestros, extorsiones y narcomenudeo. El Semáforo Delictivo de mayo 2025 reportó cifras alarmantes: 79 homicidios, 2 secuestros, 50 extorsiones y 89 casos de narcomenudeo en el estado. A nivel nacional, Morelos destaca por su alta incidencia en robo de vehículos con violencia (primer lugar) y extorsión (segundo lugar, detrás del Estado de México).
El Estado no es ajeno en relación a la disputa del territorio debido a la expansión de grupos criminales, factor clave en el aumento de la violencia. Por su posición geográfica estratégica cerca de Guerrero y la Ciudad de México, es un territorio disputado por múltiples organizaciones delictivas. En 2024, se identificaron al menos 14 grupos operando en el estado, incluyendo células independientes como Los Cahuira y facciones ligadas a cárteles mayores. Entre los más prominentes se encuentran La Familia Michoacana, Los Linos, Los Mayas, Gente Nueva, La Unión y La Antiunión.
De acuerdo con lo anterior, estos grupos han infiltrado incluso instituciones locales. En 2025, se investiga a 17 de 36 alcaldes por presuntos nexos con el crimen organizado y se estima que el 50% de los municipios están vinculados o asociados al crimen. La expansión desde estados vecinos como Guerrero ha exacerbado el problema con disputas por narcomenudeo, trata y extorsión generando muertos y desaparecidos. En los primeros ocho meses de 2025, se registraron 650 asesinatos violentos y un aumento del 10% en feminicidios.
Particularmente la zona de Cuautla es de los municipios más afectados por la extorsión, conocida como «cobro de piso». Entre 2022 y 2023, este delito se disparó un 229%, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En 2024-2025, la situación persiste: tres de cada 10 negocios han cerrado por amenazas, y se reportan homicidios de quienes se niegan a pagar. La colonia Año de Juárez es considerada una de las más peligrosas, con escenas de casquillos, balines y cuerpos desmembrados. Se ha intensificado la extorsión a transportistas; por ejemplo, en septiembre 2025, se detuvieron a cinco personas, incluyendo al líder de la Ruta 6, por exigir cuotas a rutas 10 y 2, y cobrar por «vigilancia» para un cártel. Se decomisaron armas, droga y más de 120,000 pesos.
En agosto 2025, un estudio de la UNAM confirmó el aumento de extorsiones, con negocios vacíos y homicidios al alza. En enero 2024, Gente Nueva obligó a comerciantes a grabar videos agradeciéndoles por no extorsionarlos y en abril de ese año, un dirigente de comerciantes fue asesinado tras denunciar cobros.
La ausencia de patrullajes efectivos de soldados y Guardia Nacional agrava el problema, pese a afirmaciones oficiales. En 2025, se han reportado detenciones por extorsión, como una pareja vinculada a delitos contra la salud y extorsión en Cuautla. A nivel estatal, la extorsión ha crecido en municipios como Yautepec y Puente de Ixtla, llevando a empresas como Coca-Cola a considerar retirarse.
Morelos enfrenta una crisis de seguridad con raíces en la proliferación de grupos criminales y extorsiones sistemáticas, particularmente en Cuautla, donde la violencia ha forzado cierres masivos y generado un clima de miedo. Las autoridades han implementado medidas, pero los indicadores sugieren que el problema persiste. Hoy, la Iglesia toma la iniciativa de Caminar por la paz en espera de que, como afirmó el obispo Castro Castro, los hacedores del mal, de grupos criminales o políticos, vuelva a la casa del Padre y rectifiquen el camino por las acciones que están condenando a ese Estado del país.
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