La Consejera jurídica de la presidenta de la República presentó en el espacio oficial “Derecho de Réplica” lo que el régimen se apresuró a llamar un “análisis técnico” de un supuesto ecosistema digital de amplificación de mensajes críticos. En la práctica, exhibió nombres de periodistas, medios y voces disidentes de sobra conocidos. Una lista de incómodos, elaborada y difundida desde el aparato del Estado, no es un ejercicio aséptico de cartografía digital. Es un señalamiento que, cuando proviene del poder que controla las instituciones, la publicidad oficial, presupuestos y la narrativa dominante, es una forma de intimidación.
Bajo falacias ya gastadas como que “no es una lista negra”, “solo mostramos cómo funcionan las redes”, “hay la mayor libertad de expresión de la historia”, se pretende confundir lo evidente con un asunto técnico. Se habla de “ecosistemas” para no reconocer lo que resulta intolerable para este régimen, que existan ciudadanos que piensan distinto, investigan, cuestionan y no se arrodillan. La crítica se disfraza de complot; el disenso, de operación de la derecha; la información incómoda, de amplificación artificial. Así se construye el enemigo interno. Así se azuza el odio contra quienes se atreven a disentir. El poder no tolera el espejo, prefiere pulverizarlo y acusar al que lo sostiene de destrozar el país.
Este episodio coincide con el intento de avanzar lineamientos que facultarían a autoridades administrativas para calificar contenidos como “falsos” o “descontextualizados” y, en última instancia, interferir en la independencia editorial de los medios. Frente a ese riesgo, la Conferencia del Episcopado Mexicano publicó el mensaje «Conocerán la Verdad y la Verdad los hará libres». Los obispos fueron claros y contundentes: “Ninguna autoridad administrativa puede erigirse en calificadora de la verdad, particularmente tratándose de ideas, opiniones, convicciones, creencias… La verdad no se decreta, sino que se busca y se reconoce en el debate libre y plural”. Y añadieron la fórmula que debería grabarse en cada institución pública: “La verdad no se impone: se busca, se propone y se reconoce libremente. Cuando el Estado renuncia a decidir qué es verdadero y se limita a garantizar las condiciones para que todos puedan buscarla y decirla, protege a la vez la libertad de expresión, la libertad religiosa y el derecho de las audiencias”.
Los obispos recordaron también que “quien informa con honradez sostiene la vida común de un país; quien lo hace con miedo, o al servicio de intereses ajenos a la verdad, la debilita”. Esa es la medida. No la comodidad del poder. No la lealtad al proyecto político de turno. La honradez informativa y el derecho de la ciudadanía a conocer.
Si México no defiende con firmeza este derecho a la verdad y a la crítica, si acepta que el Estado amague y apunte sobre las disidencias, acepte el odio contra ellos y se reserve el monopolio de lo que puede decirse, entonces este país vivirá el más oscuro capítulo de su historia reciente. No será como el de las dictaduras clásicas de uniformes y censura previa abierta, sino el de las listas disfrazadas de análisis, de los “ecosistemas” que criminalizan el disenso y incubar un pueblo adormecido que confunde propaganda con “verdadera” información.
Sólo una ciudadanía libre de ideologías totalizantes, anclada en la Verdad, esa que no se decreta desde Palacio ni se impone por la fuerza de la mayoría circunstancial, podrá preservar lo más preciado que hemos construido con décadas de lucha, sangre y sacrificio: el derecho a pensar, a disentir y a manifestarse. Ese derecho no es un regalo del poder. Es una conquista que se defiende cada día, especialmente cuando el poder finge que no existe ninguna lista mientras exhibe los nombres de quienes le resultan incómodos.
La verdad sigue siendo la única que hace libres. Esas listas y los lineamientos son, sencillamente, control. Y ese es el ingrediente que nutre a un régimen desesperado por anclarse por siempre y para siempre en el poder.