Editorial El Semanario de Guadalajara.- En México, cuando el poder propone nuevas reglas electorales, conviene mirar no solamente el discurso oficial, sino también el contexto en el que surgen esas iniciativas. Y hoy el contexto nos habla fuerte.
La propuesta impulsada por Morena para cancelar o anular elecciones cuando exista intervención extranjera puede sonar lógica. En apariencia, nadie podría oponerse a defender la soberanía nacional y proteger nuestros procesos democráticos. Sin embargo, detrás de esa narrativa también aparecen preguntas legítimas que como ciudadanos no debemos dejar pasar.
La iniciativa surge en medio de las crecientes presiones del gobierno de Estados Unidos hacia autoridades mexicanas señaladas por posibles vínculos con el crimen organizado.
Particularmente, se da mientras se intensifican las exigencias para investigar a perfiles políticos de Sinaloa relacionados presuntamente con cárteles de la droga.
No se trata de rumores menores. La visita reciente del Secretario de Seguridad Interior estadounidense y las reuniones sostenidas con el gobierno federal reflejan que el tema ya escaló al terreno diplomático y político internacional. El combate al narcotráfico, al tráfico de fentanilo y a la infiltración criminal en la política mexicana se ha convertido en un asunto de enorme tensión bilateral.
Y es precisamente ahí donde nace la preocupación ciudadana. Porque una reforma de este tipo, aunque presentada como mecanismo de defensa nacional, también podría abrir la puerta a que futuras elecciones sean impugnadas bajo criterios políticos. Más aún cuando las instituciones encargadas de validar los procesos electorales enfrentan cuestionamientos por su cercanía con el poder en turno, por la dependencia que guardan respecto al Ejecutivo, que ha tratado de legitimar de diferente modo esta propuesta de modificar las elecciones.
A cualquier cosa se le puede considerar injerencia extranjera, incluso a cualquier publicación de las cambiantes y temperamentales redes sociales.
La democracia no puede depender de interpretaciones convenientes ni de tribunales sometidos a intereses partidistas. La ley debe proteger al ciudadano, no blindar al régimen.
Al mismo tiempo, tampoco podemos ignorar una realidad dolorosa: la infiltración del crimen organizado en la política mexicana existe y ha dejado heridas profundas. No hablamos solamente de narcotráfico. Hablamos de desapariciones, reclutamiento forzado de jóvenes, violencia, corrupción y comunidades enteras sometidas por el miedo. Aquí es donde se debe poner la lupa en su injerencia en elecciones.
Nomás falta que digan que México perderá el cuarto partido de su Mundial por injerencia extranjera, y será motivo de anulación de elecciones.
Resulta indispensable que cualquier señalamiento contra funcionarios o exfuncionarios sea investigado con seriedad. Sin simulaciones. Sin pactos. Sin protección política. México necesita recuperar la confianza en sus instituciones. Eso solamente será posible cuando la justicia deje de tener colores partidistas.
Como sociedad, no debemos dejar que el crimen y el poder caminen juntos. Desde una mirada cristiana, este momento nos llama a reflexionar sobre nuestra responsabilidad ciudadana. La indiferencia termina fortaleciendo la corrupción. Nuestro país necesita hombres y mujeres comprometidos con la verdad, la justicia y el bien común.
No perdamos la capacidad de indignarnos ante el mal, pero tampoco la esperanza de construir un México justo. Porque cuando la verdad se busca con honestidad y la justicia se ejerce sin favoritismos, todavía es posible creer en un futuro mejor para nuestra nación.