El 20 de junio, Día Internacional del Refugiado, Reporteros sin Fronteras lanzó una alerta que debería estremecer a cualquier conciencia democrática. El número de países afectados por el exilio forzoso de periodistas se ha duplicado en apenas cinco años: de 19 en 2021 a 40 en 2025. Más de 1.468 profesionales de más de 60 países han requerido apoyo de la organización tras huir de amenazas, detenciones o muerte. Esta cifra no es un dato de pura estadística; representa familias destrozadas, voces silenciadas y un golpe directo al derecho a la información de millones de personas.
El Informe de Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2026 de Reporteros Sin Fronteras confirma lo que ahora muchos países padecen: la libertad de prensa en el mundo ha caído a su nivel más bajo en 25 años. La puntuación media global es la peor registrada desde que existe el índice. De los 180 países reportados, más de la mitad (52,2 %) se encuentran en situación “difícil” o “muy grave”, frente al 13,7 % de 2002. Menos del 1 % de la población mundial vive hoy en naciones donde la prensa goza de un entorno “bueno”. El retroceso es estructural, el indicador legal ha empeorado en más del 60 % de los países evaluados. Guerras, autoritarismos, crimen organizado e impunidad configuran un mapa de terror para quienes ejercen el periodismo.
En América, el deterioro es particularmente alarmante. El continente perdió en promedio 14 puntos en el índice. Estados Unidos descendió siete posiciones (64 lugar). Países como Ecuador se desplomaron 31 puestos (125.º), Perú cayó 14 (144.º), Argentina retrocedió 11 (98.º) y El Salvador sigue en caída libre. La violencia del crimen organizado, combinada con discursos hostiles desde el poder político y presiones económicas, está convirtiendo amplias zonas de la región en territorios de alto riesgo. Solo en lo que va de 2026, al menos seis periodistas han sido asesinados en México, Colombia y Guatemala, según los datos recabados por Reporteros Sin Fronteras.
México merece atención especial y urgente. Aunque ocupa el lugar 122 en la clasificación global de RSF, la organización Artículo 19 documenta una realidad aterradora, 177 periodistas y comunicadores han sido asesinados en el país desde el año 2000 en posible relación con su labor informativa. Veracruz sigue siendo el estado más letal, con 33 casos. Los sexenios de Calderón, Peña Nieto y López Obrador registraron cada uno alrededor de 47-48 asesinatos. En el actual gobierno ya se cuentan al menos 10 casos, el más reciente el de Luis Ángel López Valdés, ultimado el 11 de junio de 2026 en Veracruz. La impunidad sigue siendo la norma. México continúa siendo uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, donde el ejercicio profesional puede costar la vida.
Detrás de las cifras hay una estrategia deliberada de muchos poderes, públicos y privados, para controlar el relato, criminalizar la crítica y convertir la información en propaganda. Cuando el periodismo independiente es desplazado por el exilio, la cárcel o la muerte, el espacio público se empobrece, la corrupción prolifera y la ciudadanía queda a merced de versiones oficiales o de redes de desinformación.
En México esta dinámica adquiere tintes particularmente preocupantes. Solo se considera “periodismo verdadero” aquel que resulta complaciente con el régimen o que reproduce acríticamente su narrativa. El periodismo que vigila al poder, que documenta abusos, que cuestiona políticas públicas o que da voz a quienes el discurso oficial ignora, es sistemáticamente señalado como sospechoso, enemigo o incluso “adversario de la transformación”. Esta lógica perversa no solo erosiona la libertad de expresión, socava las bases mismas de cualquier democracia que pretenda llamarse tal.
Como advierte el Papa León XIV en el número 134 de su encíclica Magnifica Humanitas, “el desinterés por la verdad conduce lenta pero inexorablemente hacia el totalitarismo, para el cual, como escribió la filósofa Hannah Arendt, los súbditos ideales no son tanto aquellos ideológicamente convencidos, sino las personas para quienes ya no existe la distinción entre el hecho y la ficción (es decir, la realidad de la experiencia) y la distinción entre lo verdadero y lo falso (es decir, las normas del pensamiento)”.
Cuando un gobierno o un sistema político decide que la verdad es aquello que conviene al poder y que todo lo demás es sospecha o fake news, está preparando el terreno para algo mucho más grave que una simple crisis de credibilidad mediática. Está atentando contra la dignidad de la persona humana y contra la posibilidad misma de una convivencia democrática.
Proteger a los periodistas no es un favor corporativo ni una concesión política. Es una obligación elemental de cualquier Estado que se pretenda democrático y un requisito indispensable para la salud de la república. Mientras el mundo asiste al mayor retroceso en libertad de prensa en un cuarto de siglo, México y la región no pueden permitirse seguir normalizando el asesinato, el exilio y la estigmatización de quienes cumplen con la misión de informar. La verdad, como recuerda el Santo Padre, no es un bien negociable. Es el fundamento sin el cual toda democracia termina por convertirse en ficción y cuando es enemiga del poder, puede ser también muy peligrosa.