La Plataforma Cívica de Familias Cristianas ha pedido por carta al obispo de Canarias, José Mazuelos, que se pronuncie sobre el llamamiento electoral de seis movimientos de Acción Católica de su diócesis. El texto, difundido ante las elecciones generales del 29 de noviembre, fue publicado como noticia por la web diocesana. La entidad quiere que el prelado aclare la situación canónica de esas organizaciones, si tienen el consentimiento eclesiástico necesario para presentarse como católicas y si su pronunciamiento respeta el pluralismo político de los fieles. La iniciativa se dio a conocer en una nota fechada el 18 de noviembre y firmada por el presidente de la Plataforma, Domingo Pisaca Gámez.
Suscriben el llamamiento la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC), la Juventud Obrera Cristiana (JOC), el Movimiento Junior, la Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad (Fráter), Profesionales Cristianos y Acción Católica General. Su fecha es el 10 de noviembre; el lugar, Las Palmas de Gran Canaria. Dos días después, la página oficial de la diócesis lo recogió en su sección de noticias, con un titular que lo presenta como una sugerencia de voto a las candidaturas más solidarias y una entradilla según la cual los seis grupos «descartan a los partidos que rechazan y no acogen a migrantes». La noticia seguía en línea este 19 de noviembre y el Obispado no le ha añadido ninguna precisión.
El llamamiento propone como criterios de voto la solidaridad con pobres, parados, trabajadores precarios y migrantes, y la trayectoria reciente de cada partido. Coloca más lejos del Evangelio y de la Doctrina Social de la Iglesia a los partidos que excluyen al inmigrante o fomentan el odio y el racismo, y de ahí deduce que el voto de un cristiano no debería ir a quien propicie la discriminación. Ninguna sigla figura en el texto; la derecha y la ultraderecha sí, como responsables del negacionismo de la violencia machista. En sus párrafos no hay mención del aborto, la eutanasia, la familia, la libertad de enseñanza ni la libertad religiosa.
Esa selección es la que discute la Plataforma. Su escrito no niega a ningún católico el derecho a hacer política ni a defender el programa social o económico que prefiera; lo que sostiene es que el nombre de católico obliga a toda la doctrina y que nadie puede vestir de posición de los fieles lo que es una preferencia de partido. Y la doctrina, recuerda, incluye la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, la familia, la libertad religiosa y el derecho de los padres a educar a sus hijos, no solo una lectura determinada de la justicia social, la inmigración o la economía.
De ahí lo que pide a Mazuelos: que valore si el llamamiento respeta la legítima pluralidad política de los católicos, que los movimientos expliquen qué sostienen sobre el aborto y el resto de la moral católica, y que reconozca de forma expresa que un fiel puede elegir entre opciones políticas distintas mientras respete los principios fundamentales de la fe. Para el caso de que aprecie actuaciones contrarias a la integridad de la fe o a la disciplina eclesiástica, reclama las medidas que prevea el Derecho Canónico.
«La identidad católica implica una responsabilidad», dice la carta según la nota, que rechaza usar el nombre a conveniencia: exhibirlo cuando favorece y guardarlo cuando la enseñanza de la Iglesia choca con la ideología propia. La entidad precisa que no discute el compromiso social de los movimientos ni su derecho a intervenir en la vida pública, sino que alguien se atribuya en exclusiva la voz de los católicos ante unas elecciones o presente sus preferencias como mandato de la Iglesia.
La nota no detalla los cánones que invoca la carta. El Código de Derecho Canónico veta el nombre de católica a toda iniciativa o asociación que carezca del consentimiento de la autoridad competente (cánones 216 y 300) y pone bajo la vigilancia de esa autoridad a todas las asociaciones de fieles, con el encargo de custodiar la integridad de la fe y de las costumbres (canon 305). El canon 227 reconoce a los laicos libertad en los asuntos temporales y les exige no «presentar como doctrina de la Iglesia su propio criterio, en materias opinables». Acción Católica General, una de las seis firmantes, obtuvo en 2009 el visto bueno de la Conferencia Episcopal a sus estatutos.
La carta llega en la semana en que la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, reunida en Madrid hasta el viernes 20, no alcanzó los dos tercios necesarios para aprobar una nota ante el 29N, según informó InfoVaticana a partir de fuentes de la propia Asamblea. La Plataforma firma su nota en Tenerife, y la isla pertenece a la diócesis de San Cristóbal de La Laguna, no a la de Canarias. No es su primera intervención en asuntos eclesiales: en 2016 respaldó al entonces obispo nivariense, Bernardo Álvarez, cuando prohibió un acto masónico en una iglesia de Santa Cruz de La Palma. Ahora espera que el Obispado de Canarias examine las cuestiones planteadas y dé una respuesta que deje clara la posición de la autoridad diocesana.
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