Al otro lado del espejo Alicia aprendió cómo funciona el lenguaje, y de paso, el mundo. Fue el engreído huevo Humpty Dumpty quien le dio el secreto: «Cuando yo uso una palabra —le dijo—, significa exactamente lo que yo quiero que signifique», y luego, ante la réplica de la niña, zanjó: «La cuestión es saber quién manda. Eso es todo».
El poder carga de sentido las palabras. Y las que más ventajas ofrecen a quienes mandan son aquellas que suenan tan bien que a nadie ni se le pasa por la cabeza discutir. En la lista están términos talismán como libertad, paz, derechos humanos… y también, por supuesto, bien común.
Porque, ¿quién podría declararse enemigo del bien común? La respuesta es «nadie», y eso debería preocupar a un católico, pues según cómo se defina, ese bien común debería concitar todo nuestro rechazo.
Trataré de explicarme. Hace poco, con motivo del discurso sobre la inmigración de León XIV en Canarias, me preguntaron en el canal Tekton sobre el bien común. Mi respuesta fue que cuando el Papa empleaba el «nosotros» para exhortar a la acogida de inmigrantes, desde su idea de «bien común», estaba arrogándose la voz de una comunidad política a la que no representa. Porque ¿quiénes somos ese «nosotros»? ¿Los católicos, que acogen porque saben que Cristo es el único rey, o el Estado laico que diseña y ejecuta la acogida? No basta con reunirnos a todos bajo un mismo pronombre para convertirnos en una comunidad moral.
Esa integración de los inmigrantes no la lleva a cabo un hipotético demos cristiano, sino el demos realmente existente, cuyas instituciones, leyes y jerarquía de valores responden a una concepción del hombre en muchos aspectos radicalmente contraria a la de la Iglesia. De modo que al invocar un «nosotros» que presupone una comunidad de fines inexistente, el Papa transfería la autoridad moral de la Iglesia a unas políticas que jamás deberían merecer su respaldo.
La clave es que el «nosotros» gramatical fabrica la ilusión de un «nosotros» moral, y bajo esa identidad ficticia se consuma el engaño, quiero creer involuntario. El pronombre es una parte del discurso con significado «ocasional», es decir: según sea la ocasión, así será su sentido. De tal suerte que, por ese arte de birlibirloque, la Iglesia puede acabar legitimando, quiéralo o no, políticas que socavan los principios que está llamada a defender. Y sancionar esa legitimación, para más inri, convencida de estar cumpliendo fielmente su misión.
Podemos consolarnos pensando con santo Tomás que el verdadero bien común remite a un orden moral objetivo, anterior y superior a la voluntad humana, que la comunidad política tiene el deber de reconocer y procurar. Muy bien. Pero lo medular es que quienes legislan, educan a nuestros hijos, distribuyen los presupuestos y deciden qué conductas merecen protección jurídica son el «nosotros» que en efecto materializa el «bien común», ese mismo «bien común» que ha convertido el aborto en un derecho, legalizado la eutanasia y redefinido el matrimonio.
De ahí mi aparente boutade inicial: un católico debe estar dispuesto a combatir el bien común realmente existente. Porque ese bien común no es una abstracción filosófica, sino el conjunto de fines que una determinada sociedad se propone alcanzar y que sus instituciones convierten en leyes y políticas públicas.
En un artículo anterior, «Los derechos humanos como becerro de oro», intenté explicar cómo el prestigio casi sagrado de los derechos humanos permite convertirlos en instrumentos de legitimación de cualquier aberración. Desligados de la ley natural y divina, esos derechos acaban descansando sobre la voluntad humana, expresada mediante un consenso cuya definición objetiva corresponde a las ideologías dominantes. Así, la misma etiqueta que debería proteger la inviolabilidad de la vida termina amparando su eliminación. Los derechos humanos funcionan como una suerte de nuevo decálogo de la religión civil contemporánea, con la ventaja de que sus mandamientos pueden modificarse sin necesidad de subir al Sinaí.
Norberto Bobbio sostuvo en El tiempo de los derechos que el problema fundamental de los derechos humanos no era justificarlos, sino protegerlos. Una manera extraordinariamente cómoda de ahorrarse la cuestión decisiva: quién determina qué es un derecho y con arreglo a qué fundamento. Porque cuando el consenso ocupa el lugar de ese fundamento, quien dispone de poder para establecerlo adquiere también una formidable capacidad para decidir lo que debemos considerar moralmente obligatorio.
Con el bien común sucede algo similar. Los derechos humanos legitiman las reivindicaciones individuales; el bien común proporciona legitimidad a los proyectos colectivos. El poder puede así invocar la autonomía personal para reconocer cualquier pretensión subjetiva y, al mismo tiempo, exigir sacrificios en nombre de los intereses de la comunidad. La contradicción es aparente, porque en ambos casos quien manda conserva la facultad de decidir qué significa cada cosa. Si en la tradición católica, el bien debe orientar el «consenso»; en la modernidad, el consenso acaba determinando qué se considera «bien». Y una comunidad puede estar perfectamente cohesionada alrededor de un error, incluso de una monstruosidad.
Por lo demás, el consenso tiene sus administradores. El bien común es para cierto comunitarismo político lo que la libertad representa para ciertos liberales: un principio de geometría variable. Ya conocemos al liberal que defiende con entusiasmo la libre competencia desde una posición de ventaja y descubre súbitamente las virtudes del proteccionismo cuando la pierde. El comunitarista oportunista experimenta una conversión parecida: desde la minoría reivindica el reconocimiento de la diversidad; instalado en el poder, descubre que la cohesión social exige sacrificar las diferencias. Quienes padecemos el nacionalismo catalán lo sabemos bien.
Y esto nos lleva a lo más desconcertante: que la propia Iglesia pueda quedar atrapada en una lógica que contradice los fundamentos de su doctrina social. Porque ¿qué significa comprometerse a construir el bien común de una sociedad que ha dejado de compartir su concepción del hombre?
La publicación de Magnifica humanitas proporciona un motivo especialmente oportuno para plantearlo. El historiador Alberto Melloni ha contabilizado 67 apariciones de la expresión «bien común» en 56 párrafos de la encíclica de León XIV, distinguiendo cinco acepciones diferentes, desde la tomista hasta la vinculada al pluralismo social. A su juicio, semejante multiplicación de significados acaba debilitando la capacidad de discernimiento del concepto.
En su número 11, la encíclica afirma que el bien común debe edificarse sobre la roca de la relación con Dios, y en el 60 recoge su definición tradicional, vinculada a la perfección de las personas. Pero en el 61 aparece como fruto de la interdependencia social, mientras que en el 62 se propone configurar mediante el diálogo una «base de consenso» que permita constituir un proyecto compartido. A continuación, se encomienda al Estado garantizar la cohesión y la unidad necesarias para procurarlo. Más llamativo todavía es que el número 59 presente la promoción del bien común como un «valor no negociable», equiparable en ese sentido a la promoción de la vida.
León XIV no llega a afirmar que el consenso determine la verdad moral, pero tampoco explica cómo se impide que la realización práctica de ese bien común quede subordinada a una comunidad política levantada sobre una antropología contraria a la cristiana. Porque el Estado al que se encomienda el Papa para garantizar la cohesión necesaria para realizar el proyecto compartido no es precisamente el de san Luis de Francia.
En realidad, el poder ni siquiera necesita que la Iglesia haga suyos sus fines, pues le basta con vaciar el «bien común» de su contenido tradicional, rellenarlo con los valores del consenso dominante y conseguir que lo siga invocando. Así, por fidelidad a uno de sus principios, la Iglesia termina legitimando su falsificación.
Porque el malhadado consenso puede conducir a un católico despistado a admitir como bueno lo contrario a la ley natural y divina. La estrategia es el despiste, y parece que hay mucha gente en el Vaticano consagrada a propiciarlo.
El Catecismo recuerda en su número 2242 que el cristiano tiene la obligación de desobedecer las disposiciones de la autoridad civil contrarias al orden moral. Sería asombroso que esa misma autoridad pudiera convertir en deber de colaboración lo que exige resistencia, mediante el sencillo procedimiento de bautizar sus pretensiones como «bien común».
Volvamos a Humpty Dumpty. La cuestión era saber quién manda. Y quienes mandan ya han decidido qué significa «bien común»; solo les falta que la Iglesia lo bendiga.
Así se habrá consumado la trampa: el laicismo ya no necesitará combatir los principios cristianos, porque habrá conseguido que la propia Iglesia, enarbolando la bandera del bien común, lo haga por él.
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