Riley Barnes, subsecretario de Estado de EE. UU. para Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, aseguró este jueves ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes que «Nigeria es uno de los únicos ocho países del mundo que permiten penas de hasta la ejecución por blasfemia». Lo dijo durante la audiencia «Un año después: evaluación de los esfuerzos de Nigeria para proteger a los cristianos y asegurar el Cinturón Medio», celebrada en el edificio Rayburn de Washington.
La sesión corrió a cargo del subcomité de África, presidido por el congresista republicano Chris Smith, y fue su decimocuarta audiencia dedicada exclusivamente a Nigeria. Compareció junto a Barnes el también subsecretario de Estado Frank Garcia, responsable de Asuntos Africanos, y en un segundo panel declararon Nina Shea, del Hudson Institute, Ryan Brown, director de Open Doors EE. UU., y Oge Onubogu, del CSIS.
Barnes pide que Nigeria deje de aplicar las leyes de blasfemia
En su testimonio escrito, Barnes afirmó que el Gobierno estadounidense reclama la liberación del cantante sufí Yahaya Sharif-Aminu, condenado a muerte por blasfemia. «Seguimos instando al Gobierno a que cese la aplicación de las leyes de blasfemia», sostuvo el subsecretario, que recordó además que los códigos penales de la sharía se aplican en doce estados nigerianos. Según explicó, esas normas se utilizan para perseguir a cristianos que hablan sobre el islam.
El responsable de Estado describió asimismo como «espantosos» los niveles de violencia y de atrocidades cometidas contra los cristianos en el país africano. Garcia, por su parte, reconoció que el ritmo de los avances es «insuficiente».
Los legisladores exigen resultados tras la designación de Nigeria como país de especial preocupación
La audiencia se celebró casi un año después de que Donald Trump volviera a incluir a Nigeria entre los países de especial preocupación por violaciones graves de la libertad religiosa. Los congresistas republicanos presionaron al Departamento de Estado para que exija más rendición de cuentas al Gobierno nigeriano. «Los pasos no son resultados», advirtió el congresista Riley Moore, quien situó el éxito en el fin definitivo de los asesinatos de cristianos y en el regreso pacífico de los desplazados a sus tierras ancestrales. Smith, por su parte, dijo que la designación «es el principio» pero «no el final» de lo que hace falta, y calificó de lento el ritmo de los progresos.
ADF International, organización de defensa jurídica de la libertad religiosa, difundió el fragmento de la intervención de Barnes y reclamó que esas leyes «violan la libertad religiosa y deben ser derogadas». La entidad presta apoyo legal a personas encarceladas por blasfemia en Nigeria, entre ellas el propio Sharif-Aminu.
La persecución de los cristianos en Nigeria ha sido objeto de varias informaciones de InfoVaticana, entre ellas la de las posibles sanciones de Estados Unidos a Abuja por la violencia contra los fieles y la del informe bienal de Ayuda a la Iglesia Necesitada, que señala el empeoramiento de la situación en diez países.