El arzobispo de Barcelona recibió la primera alerta sobre el párroco del Guinardó en 2022, la despachó como un «asunto moral» y lo derivó a un psicólogo. En septiembre de 2024 admitió que le quedaba «un interrogante no resuelto». El sacerdote fue arrestado en noviembre de ese año.
El caso del párroco Jorge Alexander P., detenido en noviembre de 2024 por los Mossos d’Esquadra por tocamientos a un adulto y a un menor, vuelve a poner el foco sobre la gestión del cardenal Juan José Omella. Según el El País, que habría tenido acceso al expediente completo, el arzobispo de Barcelona recibió la primera alerta sobre el sacerdote en marzo de 2022, más de dos años antes de su arresto, y decidió no abrir ningún proceso canónico. En una segunda conversación con la misma víctima, en septiembre de 2024, el propio cardenal reconoció: «Siempre me ha quedado un interrogante no resuelto sobre este sacerdote».
Apenas dos meses después de esas palabras, la policía catalana detenía al cura, que entonces estaba al frente de la parroquia de la Mare de Déu de Montserrat, en el barrio barcelonés del Guinardó. Fue apartado del cargo cuando trascendieron las denuncias, que siguen siendo objeto de investigación judicial.
Una «confidencia» tratada como «asunto moral»
La víctima, un joven mayor de edad identificado como J., se presentó ante Omella en marzo de 2022. Le contó que el sacerdote había frotado su pene erecto contra él sin su consentimiento y le mostró un vídeo en el que el párroco se masturbaba durante una videollamada con otro chico, también adulto. Según el relato de J. en la denuncia que ha presentado este año ante el Servicio de Atención a las Víctimas de Abusos (SAVA) del Arzobispado, el cardenal «no le dio demasiada importancia al caso», le dijo que se trataba de «la palabra de uno contra la del otro» y le recomendó «mucha oración y oír misa». No le ofreció apoyo psicológico.
El Arzobispado ha sostenido siempre que en 2022 el joven se limitó a expresar una «queja» y no una denuncia formal, y que se trataba de un episodio entre adultos. Omella lo entendió como una «confidencia» y lo despachó como un «asunto moral». J. explica en su denuncia que, si no formalizó entonces la acusación, fue para «no dañar la imagen de la Iglesia».
La única medida adoptada, según un documento de la vicaría judicial del Arzobispado, fue poner al sacerdote en manos de un psicólogo jesuita para someterlo a observación y acompañamiento espiritual. La vicaría afirma que Omella «tomó otras medidas para tratar de corregir la conducta» del cura y que la información aportada por la víctima «se ha adjuntado y se ha tenido en cuenta en el proceso penal actualmente abierto» contra Jorge Alexander por los tocamientos a un menor. La misma vicaría rechaza las pretensiones de J. contra el cardenal.
La conversación grabada de 2024
Con el paso del tiempo, y tras conocer nuevos detalles sobre el comportamiento del sacerdote (le habían visto en un coche descapotable con chicos), J. decidió volver a ver al arzobispo. «Me sublevó y empecé a revivir el trauma», escribe en la denuncia. El cardenal lo recibió en septiembre de 2024. El joven grabó la conversación y le pidió cuentas de las gestiones realizadas.
Omella le explicó que había hablado con el sacerdote sobre el vídeo y que este le había reconocido los hechos. «Fue un mal momento que tuvo, pero está en una buena actitud», le dijo, y añadió que el cura estaba arrepentido y que, a juicio del psicólogo, podía tratarse de una simple «anécdota». Ante las nuevas revelaciones, sin embargo, el cardenal admitió su «interrogante» pendiente y se comprometió a volver a hablar con el párroco porque no lo tenía «del todo claro».
En ese mismo encuentro J. le entregó una carta de denuncia. Omella la enmendó porque, a su juicio, daba a entender que había encubierto al sacerdote, y le animó a acudir al SAVA.
Una querella del cardenal contra la víctima
A partir de ahí la relación se deterioró. El joven envió un burofax al Arzobispado exigiendo respuestas, con el argumento de que la institución no había «hecho absolutamente nada», y anunció que se reservaba acciones legales y que informaría al nuncio apostólico. La respuesta del cardenal, pocas semanas después, fue presentar una querella contra él por amenazas, a través del abogado Carlos Rey. La justicia la desestimó hasta en dos ocasiones al no apreciar delito alguno en el aviso de que acudiría a «una instancia eclesiástica superior», como se conoció el pasado junio.
Liberado del peso de la querella, que según la documentación agravó su malestar, J. se decidió a denunciar formalmente en abril de este año tanto los tocamientos como la pasividad del cardenal. Su objetivo, dice, es «sobreponerse», obtener «ayuda» de la Iglesia y, sobre todo, evitar nuevas víctimas: «Si se hubiese tenido en cuenta, no se hubiese llegado a tener que lamentar dos nuevos presuntos abusos sexuales».
El caso se suma a una serie de episodios incómodos para el arzobispo de Barcelona y expresidente de la Conferencia Episcopal en materia de abusos. El pasado junio, en plena visita de León XIV a España, Omella afirmaba en una entrevista que los casos de encubrimiento correspondían a «tiempos inmemoriales». Los documentos ahora conocidos sitúan el interrogante en fechas mucho más recientes.