José Antonio Kast ha decidido que su Gobierno no impulse el proyecto conocido como «Escucha su corazón». La reacción más inmediata desde una posición provida es también la más sencilla: si el presidente de Chile lleva años defendiendo al no nacido, ¿por qué renuncia a respaldar una iniciativa que pretende introducir un elemento de reflexión antes de que se practique un aborto? La pregunta es legítima. Pero para responderla seriamente hay que formular otra, bastante menos cómoda: ¿qué ocurriría realmente si el proyecto llegara ahora a votación en el Congreso chileno?
Kast fue bastante preciso el pasado 10 de agosto. «Es legítimo que los parlamentarios presenten sus mociones parlamentarias, que se genere un debate en torno a eso; pero nosotros no vamos a avanzar en esa materia», declaró en Tele13 Radio. Y explicó su decisión recurriendo al compromiso con el que concurrió a las elecciones: «Nosotros planteamos en campaña que nos íbamos a enfocar en un gobierno de emergencia: temas de economía, seguridad, social, que no íbamos a impulsar medidas que generaran una tensión». Añadió además una objeción concreta al texto: en otros países, dijo, escuchar el latido es voluntario, mientras que «la diferencia de la moción parlamentaria en Chile es que se puso como obligatoria».
Este último punto conviene aclararlo porque buena parte de la discusión pública ha simplificado el contenido del proyecto. La moción, boletín 18.419-11, fue ingresada el 25 de junio por los diputados Cristóbal Urruticoechea y Álvaro Jofré, del Partido Nacional Libertario; Chiara Barchiesi, Catalina del Real y Claudia Reyes, republicanas; y Ximena Ossandón, de Renovación Nacional. Pretende modificar el artículo 119 del Código Sanitario para que el médico informe de la existencia de actividad cardíaca embrionaria o fetal detectable y ofrezca a la mujer la posibilidad de escucharla. Pero la versión oficial remitida al Congreso añade que, si la mujer declina ese ofrecimiento, el médico debe negarse a practicar la interrupción del embarazo. Es decir, formalmente existe la posibilidad de rechazar la escucha, pero hacerlo impediría acceder al aborto. Ossandón retiró posteriormente su patrocinio precisamente alegando que había entendido inicialmente que se trataba de un ofrecimiento voluntario y no de una condición para realizar la intervención.
Hay incluso una cuestión pendiente sobre la redacción que aconseja especial prudencia. Urruticoechea aseguró en julio que se había actualizado la propuesta para excluir de esta exigencia los supuestos de riesgo inmediato para la vida de la madre. Sin embargo, BioBioChile constató entonces que el documento alojado en la web de la Cámara seguía mostrando la versión original. Por eso no resulta riguroso dar por definitivamente incorporada esa modificación mientras el expediente oficial no la refleje mediante el procedimiento parlamentario correspondiente.
El proyecto tampoco está siendo tramitado actualmente a toda velocidad ni se encuentra a las puertas de una votación. Está en primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados, pendiente de su primer informe en la Comisión de Salud y sin urgencia legislativa. No ha habido hasta ahora ninguna votación sobre el fondo. El 20 de julio quedó además registrada la retirada del patrocinio de Ossandón. Y Andrés Celis, diputado de Renovación Nacional y presidente de la Comisión de Salud, ha dicho expresamente que no piensa ponerlo entre las prioridades de la comisión mientras el Ejecutivo no le otorgue urgencia. «No creo que proyectos como este sean oportunos», afirmó, señalando como prioridades la seguridad, el empleo, el crecimiento y los problemas del propio sistema sanitario.
Hasta aquí, los hechos. Después viene la aritmética.
La Cámara chilena tiene 155 diputados. La elección de 2025 dejó 61 escaños a Unidad por Chile, 42 a Cambio por Chile —Republicanos, Nacional Libertarios y Social Cristianos—, 34 a Chile Grande y Unido —la derecha tradicional y Demócratas—, 14 al Partido de la Gente, tres a la lista Verdes, Regionalistas y Humanistas y uno a un independiente. Los dos grandes bloques de derecha sumaron, por tanto, 76 diputados. El PDG eligió 14, aunque su bancada funciona actualmente con 13 después de excluir a Cristián Contreras, que conserva su escaño. Por origen electoral, entre los principales partidos hay 31 republicanos, 18 UDI, 17 del Frente Amplio, 14 elegidos por el PDG, 13 RN, once socialistas, once comunistas, nueve PPD, ocho PNL y ocho democratacristianos, además de las fuerzas menores.
La Constitución chilena establece para las leyes ordinarias la mayoría de los miembros presentes de cada Cámara. La moción modifica el Código Sanitario y, en su texto actual, no aparece una disposición que por sí misma exija un quórum constitucional especial; salvo una calificación diferente durante su tramitación, debe aplicarse por tanto la regla ordinaria del artículo 66. Con los 155 diputados presentes serían necesarios 78 votos. Si hubiera 150 presentes, bastarían 76. Ésta es la primera razón por la que sería incorrecto afirmar que el proyecto es «matemáticamente imposible»: el número necesario depende de la asistencia y nada impide, además, obtener votos de diputados situados fuera de los dos bloques de derecha.
Pero que una mayoría sea matemáticamente posible no significa que exista políticamente.
Incluso tomando la hipótesis extraordinariamente favorable de que los 42 diputados elegidos por Cambio por Chile y los 34 de Chile Grande y Unido respaldaran en bloque la propuesta, serían 76 votos: dos menos de los necesarios en una sesión con asistencia completa. Habría que buscar votos entre el PDG, independientes o sectores de centro. El problema es que esa hipótesis de 76 votos de derecha ni siquiera se corresponde con lo que está ocurriendo. Ossandón retiró su firma; desde RN, Claudia Mora ha rechazado públicamente la iniciativa; el propio Celis se opone a priorizarla y cuestiona su actual redacción; y en la UDI no existe un compromiso de bancada conocido. Su presidente, Guillermo Ramírez, ha reivindicado el carácter provida de su partido, pero ha orientado su propuesta hacia políticas de acompañamiento a embarazos vulnerables en lugar de comprometer el respaldo a «Escucha su corazón». En el PDG, Zandra Parisi y Eileen Urqueta han manifestado críticas al proyecto.
En sentido contrario, los cinco patrocinantes que permanecen en la moción constituyen votos favorables inequívocos, y dirigentes del PNL como la diputada Paulina Muñoz han defendido públicamente que la batalla debe darse. Pero no existe a día de hoy una lista pública de compromisos que permita afirmar responsablemente que el proyecto cuenta con 70, 75 o cualquier otra cifra cercana a la mayoría. Dar un número exacto de «votos previsibles» sería fabricar una certeza que no existe. Lo comprobable es algo distinto: hay un núcleo favorable claro, pero no hay una mayoría comprometida; y el bloque teórico del que tendría que salir esa mayoría está dividido.
Las encuestas tampoco ayudan a disciplinar a los parlamentarios dudosos. A comienzos de agosto, Criteria registraba un 21% de apoyo al proyecto y un 54% de rechazo, con una circunstancia especialmente relevante para la discusión parlamentaria: incluso entre los encuestados identificados con la derecha el rechazo alcanzaba el 40%, frente a un 35% favorable. Una encuesta no decide una votación legislativa, pero sí ayuda a comprender por qué diputados de sectores que se consideran provida pueden no estar dispuestos a asumir el coste político de esta concreta iniciativa.
Y luego está el Senado, donde la dificultad es mayor.
La Cámara Alta tiene 50 miembros. La composición surgida de las parlamentarias de 2025 dejó, por origen político-electoral, nueve senadores de RN, siete socialistas, cinco republicanos, cinco UDI, cuatro PPD, tres comunistas, tres democratacristianos, tres FRVS, dos Frente Amplio, dos Evópoli, dos Demócratas, un liberal, un PNL, un socialcristiano y dos independientes. Las reordenaciones posteriores de partidos y comités hacen más compleja la etiqueta formal actual de algunos parlamentarios, pero no alteran la aritmética esencial: las fuerzas que en 2025 concurrieron desde la derecha obtuvieron 25 de los 50 escaños; el antiguo oficialismo y sus aliados, 23; y quedaron dos independientes. El propio Senado confirma que actualmente tiene 50 integrantes.
Con asistencia completa, una ley ordinaria necesita 26 votos en el Senado. Es decir: aun suponiendo una disciplina perfecta de los 25 senadores provenientes de las listas de derecha, el proyecto necesitaría al menos un voto exterior. Con una ausencia podría bastar con 25, de modo que tampoco aquí existe una imposibilidad matemática. Pero la hipótesis de que los 25 votaran unidos por «Escucha su corazón» carece hoy de prueba. Vanessa Kaiser, única senadora del PNL, sí ha anunciado que seguirá defendiendo la iniciativa y reclamó anteriormente un «espaldarazo» gubernamental. No existe, en cambio, un compromiso público equivalente de las restantes bancadas de derecha que permita construir con seriedad los 26 votos.
Éste es probablemente el dato fundamental para juzgar la decisión de Kast. No estamos ante un proyecto que el presidente pueda convertir en ley simplemente ordenando a su mayoría que vote. No tiene esa mayoría. Ni siquiera el conjunto de la derecha la tiene garantizada para este asunto. La Cámara ofrece una vía numérica posible, pero incierta; el Senado obliga a buscar al menos un voto adicional aun bajo el supuesto, hoy no demostrado, de una derecha completamente unida. La fórmula correcta, por tanto, no es «Kast no lo impulsa porque no puede aprobarlo». Sí podría aprobarse. La fórmula rigurosa es otra: Kast no dispone actualmente de una mayoría parlamentaria viable y suficientemente segura para garantizar su aprobación.
Lo que cabe preguntarse es qué consecuencias tendría llevar una medida provida emblemática al pleno sin haber contado antes los votos.
La respuesta no es irrelevante. Si «Escucha su corazón» fuera derrotado por la Cámara o, más probablemente, terminara naufragando en el Senado, el resultado no quedaría archivado como una simple incidencia legislativa. Las organizaciones favorables al aborto ya han convertido la iniciativa en objeto de movilización y se han celebrado protestas en Santiago y en decenas de ciudades contra ella. Sus adversarios la presentan como una tentativa de dificultar el ejercicio de la ley de tres causales y como una imposición sobre las mujeres.
No requiere demasiada imaginación política anticipar el relato de una derrota. «El Congreso frena la ofensiva antiaborto de Kast», «la mayoría parlamentaria rechaza retroceder en derechos reproductivos» o cualquier formulación semejante convertiría una votación sobre una iniciativa concreta y técnicamente discutible en un plebiscito simbólico sobre toda la causa provida. Las organizaciones abortistas podrían reivindicar una victoria democrática; la oposición podría sostener que el propio Parlamento ha ratificado políticamente el statu quo; y dentro de la derecha aumentaría la presión para no volver a abrir durante la legislatura una cuestión que ya habría terminado en derrota.
Eso es una inferencia, no un hecho demostrado ni una intención reconocida por La Moneda. Pero es una inferencia políticamente razonable. Las derrotas parlamentarias también producen legislación informal: crean precedentes, disciplinan partidos, consolidan marcos discursivos y elevan el coste de repetir una batalla. Un proyecto concebido para debilitar culturalmente el aborto podría, si acaba derrotado de manera clara, terminar fortaleciendo políticamente la legislación que pretendía cuestionar.
Se entiende mejor así la estrategia que Kast viene siguiendo desde antes de llegar a La Moneda. Su programa de 2025 eliminó deliberadamente del primer plano las grandes controversias valóricas y concentró su oferta en seguridad, economía y urgencias sociales, con especial peso del control migratorio. No fue algo improvisado después de ganar las elecciones. Fue la fórmula con la que se presentó como candidato de un «gobierno de emergencia». Ya como presidente, después de sacar adelante su gran reforma económica, ha abierto una fase de intensa actividad en seguridad y crimen organizado y mantiene la inmigración irregular dentro de ese eje prioritario.
En un Congreso fragmentado, cada batalla consume capital político. Kast necesita negociar fuera de su núcleo propio incluso para las materias que considera centrales. El PDG, con una bancada de 13 miembros, se ha convertido precisamente en uno de los actores bisagra de esas negociaciones. Abrir al mismo tiempo una guerra sobre el aborto, sin mayoría asegurada y provocando discrepancias dentro de RN, UDI e incluso del propio Ejecutivo, puede dificultar la coordinación parlamentaria en seguridad, crecimiento o migración sin garantizar a cambio ninguna modificación legal.
El deber de combatir una injusticia no obliga necesariamente a elegir cualquier batalla, en cualquier momento y con cualquier texto. Menos aún si una derrota previsible puede empeorar las condiciones de la siguiente batalla. Entre abandonar una convicción y elegir cuándo y mediante qué instrumento intentar convertirla en ley existe una diferencia que la política obliga a considerar.
¿Ha abandonado Kast sus posiciones anteriores sobre el aborto? Las pruebas disponibles no permiten afirmarlo.
En 2017 acudió personalmente al Tribunal Constitucional para oponerse a la ley de tres causales y declaró que acudía a «abogar por los que están por nacer». Tras la decisión del Tribunal Constitucional llegó a prometer que, si alcanzaba la Presidencia, su primer proyecto sería derogar aquella legislación. En la primera versión de su programa presidencial de 2021 figuraba expresamente la frase «Derogaremos la ley que posibilita el aborto». La propuesta desapareció del programa reformulado para la segunda vuelta, un primer precedente de la diferencia entre sus convicciones personales y la agenda que estaba dispuesto a impulsar en función de la correlación política existente.
Tampoco en su campaña de 2025 colocó la derogación de las tres causales entre sus prioridades. Pero sí seguía diciendo ese mismo año: «Nosotros defendemos la vida desde la concepción hasta la muerte natural». Y durante la campaña sostuvo que sus convicciones valóricas no habían cambiado, aunque decidiera no convertirlas en el eje programático de su candidatura.
Su declaración de agosto de 2026 tampoco contiene una aceptación moral del aborto ni una rectificación de aquellas posiciones. Contiene dos cosas distintas: la negativa a que el Ejecutivo haga avanzar este proyecto y una crítica a su carácter obligatorio. Al mismo tiempo, su propia ministra de la Mujer había adelantado en mayo que el Gobierno no pretendía modificar la ley de tres causales. Los hechos permiten por tanto afirmar que existe un cambio muy claro de prioridades y estrategia respecto del Kast de 2017 y de la primera versión del Kast de 2021. No permiten demostrar, al menos por ahora, una renuncia doctrinal expresa a su posición provida.
Eso no resuelve el debate sobre si su decisión es acertada. Simplemente lo coloca donde debe estar.
La pregunta relevante no es únicamente si «Escucha su corazón» responde a una intención provida. También hay que preguntarse si el texto concreto es el mejor instrumento, si existen los votos, qué modificaciones serían necesarias para sumar aliados y qué efecto tendría perder la votación. En la Cámara, la aprobación es matemáticamente posible, pero la mayoría no está construida. En el Senado, el escenario es todavía más estrecho: la derecha ocupa exactamente la mitad de los escaños y necesitaría, con asistencia completa, al menos un voto exterior incluso suponiendo una unidad que hoy nadie puede garantizar.
Kast puede estar equivocado. Puede estar administrando con excesiva prudencia unas convicciones que años atrás formulaba con mucha más contundencia. Pero existe también la posibilidad contraria: que lanzar ahora una ofensiva sin los votos suficientes no sea valentía sino mala estrategia. Porque una derrota no devolvería la vida a ningún niño y podría entregar al movimiento abortista algo políticamente mucho más útil que la mera conservación de la legislación vigente: una votación del Congreso que pudiera exhibirse como derrota de la agenda provida del nuevo presidente.
No sabemos que ése sea el cálculo íntimo de Kast, porque él no lo ha dicho. Sí sabemos que los números del Congreso hacen que ese riesgo sea real. Y entre afirmar que una batalla merece ser librada y decidir cuál es el momento en que puede ganarse hay una distancia que, en política, puede separar la firmeza de la imprudencia.