Las religiosas católicas que atienden gratuitamente a enfermos terminales en el estado de Nueva York han obtenido una primera victoria judicial frente a la nueva ley de suicidio asistido. Un tribunal federal ha impedido cautelarmente que las autoridades las obliguen a participar, de cualquier forma, en la aplicación de la norma, cuya entrada en vigor está prevista para el próximo 5 de agosto.
La jueza federal Anne Nardacci dictó el pasado 30 de julio una orden por la que el Estado queda temporalmente impedido de exigir a cuatro congregaciones religiosas que colaboren en el proceso de suicidio asistido mientras se resuelve la demanda presentada contra la ley. La acción judicial cuenta con el respaldo del Becket Fund for Religious Liberty y del obispo de Rockville Centre, John Barres.
Religiosas dedicadas al cuidado de enfermos terminales
Entre las demandantes figuran las Dominicas de Hawthorne, congregación que desde hace más de un siglo dirige el Rosary Hill Home, un hospicio donde atiende gratuitamente a enfermos de cáncer en fase terminal. Las religiosas sostienen que colaborar, aunque sea indirectamente, con el suicidio asistido resulta incompatible con su misión de acompañar a los pacientes hasta la muerte natural.
La madre Mary Rose Heery, priora general de las Carmelitas para los Ancianos y Enfermos, otra de las comunidades demandantes, celebró la decisión judicial al afirmar que permitirá a las religiosas seguir acompañando a los residentes «hasta el final» de sus vidas.
Por su parte, la madre Marie Edward, superiora general de las Dominicas de Hawthorne, aseguró que la decisión del Estado de no aplicarles provisionalmente la ley les permitirá continuar «el servicio de amor a Cristo en los pobres».
«Nueva York no puede obligar a la Iglesia a responder al sufrimiento con el suicidio»
El obispo John Barres calificó la resolución como «un importante primer paso para proteger la libertad religiosa».
«Nueva York no puede obligar a la Iglesia a responder al sufrimiento con el suicidio ni a abandonar a los enfermos y moribundos cuando más necesitan cuidados», afirmó el prelado, quien añadió que la medida cautelar permitirá a estas instituciones continuar atendiendo a sus pacientes «de acuerdo con el Evangelio» mientras continúa el litigio.
Las Dominicas de Hawthorne mantienen además otro procedimiento judicial contra el Estado de Nueva York por una normativa sobre identidad de género que, según denuncian, vulnera su libertad religiosa al imponer obligaciones incompatibles con la doctrina católica. En ese litigio, la Administración de Donald Trump decidió intervenir recientemente en apoyo de la congregación.
Los obispos califican la ley como un «grave mal moral»
La legalización del suicidio asistido ha encontrado una firme oposición de la Iglesia católica en Nueva York. Cuando la norma fue aprobada, los obispos del estado la calificaron de «grave mal moral» y denunciaron que supone «el abandono de los ciudadanos más vulnerables».
Asimismo, advirtieron de que la legislación transmite a las personas enfermas y con discapacidad el mensaje de que el suicidio constituye una respuesta aceptable al sufrimiento.
Además de la demanda presentada por las instituciones católicas, varias organizaciones de defensa de las personas con discapacidad también recurrieron la ley al considerar que pone en riesgo a pacientes especialmente vulnerables. Sin embargo, esa acción judicial fue desestimada por un juez federal el mismo día en que las congregaciones religiosas obtuvieron esta protección cautelar.
Con esta legislación, Nueva York se convierte en el decimotercer estado de Estados Unidos en legalizar el suicidio asistido. La medida cautelar no resuelve todavía el fondo del litigio, pero permitirá que estas comunidades religiosas continúen atendiendo a los enfermos terminales sin verse obligadas a cooperar con una práctica que la Iglesia considera un grave mal moral y una vulneración de la dignidad inviolable de toda vida humana.