Las Dominicas de Hawthorne, una comunidad fundada en 1900 y dedicada desde hace más de un siglo al cuidado gratuito de enfermos de cáncer en fase terminal sin recursos, mantienen una batalla judicial contra el Estado de Nueva York por una normativa sobre identidad de género que consideran contraria a su libertad religiosa. La Administración de Donald Trump ha decidido ahora intervenir en el proceso para respaldar la posición de las religiosas.
El Departamento de Justicia ha presentado un escrito ante el tribunal que conoce del caso en defensa de la comunidad, al considerar que el Estado no puede obligarlas a elegir entre sus convicciones religiosas y la licencia que les permite continuar prestando asistencia gratuita a personas en la fase final de la vida.
«Los Estados deberían comprender que no pueden obligar a los estadounidenses a abandonar sus creencias religiosas en nombre de la ideología de género», afirma el escrito presentado por el Gobierno federal. Según el Departamento de Justicia, la legislación neoyorquina sitúa a las religiosas ante una disyuntiva inaceptable: renunciar a su fe o dejar de atender a los enfermos terminales que acogen desde hace más de un siglo.
Una ley que las religiosas consideran incompatible con su fe
Las Dominicas de Hawthorne presentaron una demanda contra el Estado de Nueva York al considerar que la normativa aprobada para proteger a las personas LGTBI en centros asistenciales les obliga a utilizar los pronombres elegidos por los pacientes, asignar habitaciones y permitir el uso de baños conforme a la identidad de género declarada, además de impartir formación obligatoria sobre estas cuestiones a sus empleados.
Las religiosas sostienen que estas obligaciones contradicen la doctrina católica sobre la persona humana y la diferencia sexual. Por ese motivo acudieron a la justicia federal, al considerar que la ley vulnera su derecho al libre ejercicio de la religión.
La comunidad dirige el Rosary Hill Home, un hospicio situado en el condado de Westchester, donde desde 1901 atiende gratuitamente a personas sin recursos que padecen cáncer en fase terminal, ofreciendo cuidados paliativos y acompañamiento hasta el final de la vida.
Nueva York responde a la intervención de Washington
La decisión de la Administración Trump de apoyar a las religiosas ha sido respondida por la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, quien ha acusado al Gobierno federal de utilizar los tribunales con fines políticos. A través de un portavoz, calificó la actuación del Departamento de Justicia como «otro triste intento de convertir la Justicia en un arma» en un año marcado por las elecciones legislativas.
Mientras continúa el procedimiento, las religiosas sostienen que nunca han discriminado a ningún paciente. Según los datos aportados por la comunidad, entre febrero de 2022 y enero de 2026 no se registró ninguna denuncia contra su residencia, frente a las más de 55.000 reclamaciones presentadas contra otros centros asistenciales del Estado.