Cinco años después de la aprobación de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, el Gobierno ha celebrado una jornada institucional para reivindicar una norma que ha permitido ya provocar la muerte de 1.668 personas en España. Los datos provisionales correspondientes a 2025, presentados por el Ministerio de Sanidad, reflejan además un nuevo máximo anual, con 565 eutanasias practicadas durante el último ejercicio.
La ministra de Sanidad, Mónica García, clausuró la jornada «Cinco años de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia: Avanzando en derechos», organizada por el Ministerio para hacer balance de la aplicación de la ley y defender su desarrollo en todo el territorio nacional. Desde su aprobación en 2021, la eutanasia se ha consolidado progresivamente en el sistema sanitario español, mientras aumentan progresivamente las muertes provocadas por este mal llamado «derecho».
La cifra de eutanasias sigue aumentando
Según los datos difundidos por el Ministerio, durante 2025 se registraron 1.284 solicitudes de la denominada «prestación de ayuda para morir» y se practicaron 565 eutanasias, la cifra más elevada desde la entrada en vigor de la ley.
En total, las solicitudes acumuladas alcanzan ya las 3.716, mientras que el número de eutanasias realizadas asciende a 1.668.
Las cifras muestran una tendencia ascendente sostenida desde la legalización de esta práctica. Mientras el Gobierno interpreta esta evolución como la consolidación de un nuevo derecho, el aumento constante de los casos refleja una creciente normalización de la eliminación deliberada de enfermos y personas vulnerables como respuesta al sufrimiento.
Más de 370 solicitantes fallecieron antes de completarse los trámites
El informe recoge también el desenlace de los procedimientos concluidos durante 2025. De los 1.187 expedientes finalizados, 565 terminaron con la práctica de la eutanasia.
Sin embargo, 374 personas fallecieron antes de que concluyera la tramitación administrativa prevista por la ley. Esta cifra representa el 31,5 % de todos los procedimientos cerrados durante el año.
De esos fallecimientos, 277 se produjeron antes de que la Comisión de Garantía y Evaluación emitiera su informe correspondiente. Otros 97 tuvieron lugar después de haber obtenido una resolución favorable, pero antes de que se ejecutara la eutanasia.
Además, 157 solicitudes fueron denegadas y otras 91 fueron retiradas por los propios solicitantes.
Las enfermedades neurológicas predominan entre quienes reciben la eutanasia
Aunque las patologías oncológicas siguen siendo la principal causa de las solicitudes iniciales, las enfermedades neurológicas encabezan los casos que finalmente concluyen con la práctica de la eutanasia.
Los datos del Ministerio muestran que el 37 % de las solicitudes están relacionadas con enfermedades oncológicas y el 31 % con patologías neurológicas. Sin embargo, entre las eutanasias realizadas, las enfermedades neurológicas representan ya el 46 % de los casos, frente a aproximadamente un 30 % de los procesos oncológicos.
La estadística refleja el peso creciente de enfermedades neurodegenerativas y trastornos neurológicos graves entre quienes terminan recurriendo a este procedimiento.
Cataluña lidera las solicitudes
Cataluña volvió a registrar la tasa más elevada de solicitudes, con 6,14 por cada 100.000 habitantes, muy por encima de la media nacional, situada en 2,61.
Tras Cataluña se situaron Navarra y el País Vasco, seguidas por La Rioja, Baleares, Cantabria, Asturias y Canarias.
Estas diferencias muestran distintos niveles de implantación de la ley en las comunidades autónomas y evidencian una presencia especialmente significativa de la eutanasia en determinados territorios.
El Gobierno celebra la expansión de la muerte
Cinco años después de la aprobación de la norma, España sigue sin contar con una ley nacional de cuidados paliativos que garantice el acceso de todos los pacientes a una atención especializada adecuada. Diversas organizaciones médicas y entidades dedicadas a la defensa de la vida llevan años reclamando una estrategia nacional que permita aliviar el sufrimiento físico, psicológico y espiritual de los enfermos sin recurrir a la eutanasia.
La prioridad política se ha centrado en facilitar la muerte provocada antes que en asegurar que nadie se vea empujado a solicitarla por miedo al dolor, la soledad o la falta de atención adecuada. El contraste resulta difícil de ignorar: mientras el Estado celebra que cada vez más personas mueran por eutanasia y destina recursos a desarrollar los procedimientos previstos por la ley, miles de pacientes continúan sin tener garantizado el acceso a cuidados paliativos integrales.