La Abadía Benedictina de la Santa Cruz ha difundido el 9 de junio una nota informativa, firmada por su representante Antonio Torres, en la que da cuenta del inicio de las actuaciones materiales del llamado proyecto de «resignificación» del Valle de los Caídos, al que denominan como Valle de Cuelgamuros, fórmula preferida por el Gobierno de Pedro Sánchez. Según el propio comunicado, durante la jornada anterior se practicaron diversas catas con maquinaria perforadora en la explanada exterior de la Basílica, en el marco de los trabajos preparatorios adjudicados por las «autoridades competentes». La misma nota informa de que la maquinaria amaneció cubierta de pintadas y de mensajes contra las autoridades civiles, hechos que la comunidad condena «de manera rotunda». El texto rechaza que el Valle sirva de escenario a manifestaciones ofensivas contra las autoridades y concluye reiterando su «confianza en la actuación de los tribunales de justicia».
Lo más significativo de la nota es lo que omite. Ante la llegada de la maquinaria perforadora hasta el entorno mismo del templo, la Abadía no formula objeción alguna. Las catas se describen en términos estrictamente administrativos —«actuaciones materiales» de un proyecto «adjudicado por las autoridades competentes»—, una formulación que las reviste de plena legalidad y las presenta como un hecho neutro. Toda la energía del comunicado, y la única condena expresa que contiene, se dirige en cambio contra las pintadas y contra quienes han ofendido a las autoridades civiles.
La asimetría es difícil de pasar por alto. La comunidad a la que corresponde velar por un camposanto consagrado lleno de mártires no manifiesta reparo frente a quien interviene su entorno con perforadoras, y sí frente a quienes protestan contra esa intervención. Con ello, el orden de prioridades queda invertido: el reproche se desplaza del proyecto profanador a las formas con que algunos se le oponen.
El resto del texto refuerza esa impresión. La «sacralidad de la Basílica» se menciona, pero solo para advertir a sus defensores de que se atengan a los cauces legales; y el comunicado se cierra remitiendo la cuestión a los tribunales. Resulta llamativo que la palabra final de una comunidad monástica sobre la intervención del bien que custodia sea la confianza en la jurisdicción y no la defensa, con voz propia, del carácter sagrado del lugar y de la memoria de sus difuntos. La custodia espiritual de un recinto martirial es algo más que el acatamiento del orden vigente.
Especialmente revelador es el marco en que la nota decide situar la controversia. El comunicado invoca el «Estado social y democrático de Derecho» como horizonte último al que toda discrepancia habría de someterse. La fórmula, tomada casi literalmente del artículo 1 de la Constitución, es una categoría demoliberal, ajena al lenguaje y a la misión propias de una comunidad monástica. Que unos benedictinos midan la defensa de un lugar consagrado con la vara del ordenamiento constitucional vigente, y no con la del culto debido a los mártires que custodian, revela hasta qué punto han asumido como propias unas coordenadas que no lo son.
No es un dato menor que la nota no la firme el abad ni el prior, sino un representante. La forma acompaña al contenido de un texto que rebaja sistemáticamente el compromiso propio y eleva la deferencia hacia la autoridad civil.
Los tiempos políticos cambian, y conviene no perderlo de vista. Cuando cambien, quizá merezca la pena plantearse si la custodia de un lugar tan singular no estaría mejor encomendada a una comunidad católica dispuesta a tomarse en serio el ejemplo martirial de aquello que guarda.