La Asociación Civil San Juan Bautista ha emitido un comunicado en el que rechaza las acusaciones que la vinculan con un supuesto despojo de tierras en Catacaos, Perú, y con hechos de violencia relacionados con ese conflicto. La entidad sostiene que esas imputaciones son falsas, ya fueron respondidas públicamente en 2024 y ahora han vuelto a circular en el debate público a raíz de diversas intervenciones del sacerdote Jordi Bertomeu.
La asociación afirma que se ha intentado instalar la idea de que forma parte del Sodalicio de Vida Cristiana, que habría despojado de tierras a comuneros de Catacaos y que estaría relacionada con la muerte de comuneros. Frente a ello, niega cualquier vínculo jurídico, patrimonial o de subordinación institucional con el Sodalicio, aunque reconoce haber mantenido relaciones de cooperación por compartir una identidad católica.
Qué es la Asociación Civil San Juan Bautista
La Asociación Civil San Juan Bautista fue fundada en 1991 con fines asistenciales, religiosos y de apoyo social, especialmente en el ámbito de los servicios funerarios y la sepultura digna.
La entidad, de identidad católica, señala que desde sus inicios ha contado entre sus miembros con algunas personas vinculadas al Sodalicio de Vida Cristiana, aunque insiste en que no existe subordinación jurídica entre ambas instituciones.
Actualmente administra diez cementerios en distintas regiones del Perú y afirma desarrollar además labores pastorales, sociales y de apoyo a diversas instituciones eclesiales y civiles.
La asociación niega haber usurpado tierras
En su comunicado, la Asociación sostiene que la adquisición de los terrenos vinculados al caso Catacaos se realizó en 2012 dentro del sistema formal de propiedad reconocido por el ordenamiento jurídico peruano.
Según su versión, los terrenos habían pertenecido originalmente a la comunidad campesina de Catacaos, inscrita como propietaria en 1999. Sin embargo, antes de cualquier intervención de la asociación, esos predios habrían pasado a titularidad individual de cien comuneros en el año 2000 mediante los mecanismos legales vigentes.
La asociación afirma que compró posteriormente 1.895,40 hectáreas a quienes figuraban como propietarios inscritos en los Registros Públicos, por lo que considera incorrecto presentar la operación como un “despojo” cometido por la entidad.
Sin sentencia judicial contra la entidad
La Asociación San Juan Bautista subraya que no existe sentencia ni decisión judicial que determine que haya cometido delito alguno en relación con estos hechos.
También rechaza que se le atribuyan responsabilidades por fallecimientos ocurridos en distintos contextos. En el comunicado menciona los casos de Guadalupe Zapata Sosa, Luis Pasache y Cristino Melchor, y sostiene que se trata de hechos separados, ocurridos en momentos distintos y sin relación causal o fáctica con la institución.
A juicio de la asociación, agrupar esos episodios para construir una imputación pública contra ella constituye una forma grave de desinformación.
Críticas a Jordi Bertomeu
El comunicado dedica un apartado específico al sacerdote Jordi Bertomeu, a quien la asociación atribuye un papel activo en la difusión pública de esas acusaciones.
La entidad considera especialmente delicado que estas afirmaciones se hayan presentado desde una posición de autoridad eclesial, ya que, según sostiene, pueden inducir a error tanto a la opinión pública como a miembros de la propia Iglesia.
La asociación también cuestiona que las acusaciones hayan sido reactivadas en un contexto eclesial, incluyendo actos como la denominada “misa de reparación” en Catacaos.
Querella en España por injurias y calumnias
La Asociación Civil San Juan Bautista asegura además que el 12 de noviembre de 2025 inició acciones legales en España contra Jordi Bertomeu por declaraciones realizadas en abril de 2025 en RAC1 y TV3, en las que, según la entidad, habría vinculado a la institución con supuestos delitos de blanqueo de dinero y fraude fiscal sin sustento probatorio.
La asociación afirma que ha promovido una querella criminal por presuntos delitos de injurias y calumnias, tras iniciar previamente un procedimiento de conciliación.
Según el comunicado, Bertomeu no asistió a una audiencia fijada para el 20 de abril de 2026 y solicitó la suspensión de la siguiente citación. La nueva audiencia habría quedado fijada para el 22 de junio de 2026.