InfoVaticana ha podido reconstruir nuevos detalles sobre una operación reservada desplegada el pasado 27 de septiembre para impedir la publicación de los audios comprometedores de Mons. Jordi Bertomeu Farnós, oficial del Dicasterio para la Doctrina de la Fe y principal responsable vaticano de la liquidación del Sodalicio de Vida Cristiana.
La relevancia del episodio no reside únicamente en la existencia de maniobras orientadas a frenar la difusión del material. Lo verdaderamente significativo es la identidad de quienes intervinieron. Según diversas fuentes coincidentes consultadas por este medio, las gestiones fueron impulsadas por antiguos miembros y dirigentes del Sodalicio ya extinguido muy cercanas a Luis Fernando Figari, en coordinación con el entorno del cardenal peruano Pedro Barreto Jimeno, S.J., uno de los principales apoyos eclesiales de Bertomeu durante todo el proceso peruano.
La contradicción resulta difícil de ignorar. La organización presentada durante años como paradigma de abusos estructurales y finalmente suprimida por decisión pontificia aparecía ahora movilizada para proteger precisamente al hombre que había dirigido su desmantelamiento desde Roma. El dato altera por completo la narrativa oficial construida en torno al caso. Porque una estructura supuestamente destruida por los métodos y decisiones de Bertomeu no actúa posteriormente en defensa de ese mismo comisario sin que exista algún tipo de vínculo político, estratégico o personal mucho más profundo de lo que hasta ahora se había admitido públicamente.
El audio que provocó la alarma
La preocupación se concentraba especialmente en una grabación concreta: el audio en el que Bertomeu afirmaba que el FBI investigaba presuntas operaciones de blanqueo de capitales relacionadas con el entorno económico del Sodalicio.
Según el contenido de la conversación, posteriormente publicada por InfoVaticana, el sacerdote español sostenía que existían contactos con autoridades estadounidenses y vinculaba la posibilidad de encauzar la situación a la devolución de determinadas cantidades económicas y activos patrimoniales. La gravedad de sus palabras no residía solo en invocar una eventual investigación federal norteamericana —cuya existencia jamás ha sido confirmada oficialmente hasta la fecha—, sino en el modo en que esa supuesta amenaza aparecía integrada dentro de una negociación vinculada al proceso de liquidación.
El problema institucional era devastador en cualquiera de los escenarios posibles. Si la investigación federal existía realmente, la situación colocaba al Vaticano en el centro de un asunto de enorme alcance internacional. Pero si no existía una investigación formalizada, el uso reiterado del FBI como elemento de presión dentro de conversaciones patrimoniales y canónicas abría interrogantes todavía más delicados sobre los métodos utilizados durante la intervención del Sodalicio.
El audio destruía además la imagen de funcionario técnico, prudente y estrictamente jurídico que durante años se proyectó sobre Bertomeu desde determinados sectores eclesiales y mediáticos. Lo que emergía en la grabación era otra cosa: un comisario pontificio profundamente implicado en negociaciones económicas poco rigurosas, manejando escenarios penales internacionales y sugiriendo fórmulas de resolución política y patrimonial muy cuestionables.
La operación de contención
Las fuentes consultadas sitúan el inicio de las gestiones el mismo 27 de septiembre, después de que Bertomeu tuviera conocimiento de que las grabaciones habían llegado a InfoVaticana.
Este medio envió los audios al comisario pontificio para recabar su versión sobre lo afirmado. Ese mismo día, el cardenal Pedro Barreto fue informado personalmente de la situación y trasladó a antiguos responsables sodálites la necesidad de evitar una publicación que podía provocar un daño severo tanto para Bertomeu como para la propia Santa Sede.
En las semanas posteriores se produjeron contactos discretos, reuniones reservadas e incluso desplazamientos a Madrid de personas vinculadas al antiguo Sodalicio con el objetivo de persuadir a este medio de que no difundiera el material. Los argumentos utilizados combinaban apelaciones institucionales, referencias al supuesto perjuicio eclesial y advertencias sobre las consecuencias internacionales que podía desencadenar la publicación.
Sin embargo, el verdadero alcance del episodio no se encuentra únicamente en esas presiones, sino en lo que revelan sobre la relación real existente entre Bertomeu y sectores del Sodalicio durante la fase final de la liquidación. Una relación más estrecha de lo que parecía que puede tener que ver con la conformidad de los sodálistes de una liquidación mesiánica y mediática pero absolutamente negligente para la Iglesia desde el punto de vista jurídico y patrimonial.
Porque la pregunta resulta inevitable: ¿por qué antiguos dirigentes de una institución extinguida por Roma consideraban prioritario proteger la posición pública y jurídica de su «supuesto enemigo» del hombre que había ejecutado su desaparición? La tesis de una escenificación de enfrentamiento que tapa un acuerdo patrimonial perjudicial para víctimas y para la Iglesia cobra fuerza.
Una relación incompatible con la narrativa oficial
Durante años, Bertomeu fue presentado como un investigador externo, distante de los investigados y ajeno a cualquier lógica de dependencia respecto del Sodalicio. Sin embargo, lo ocurrido el 27 de septiembre dibuja un escenario radicalmente distinto.
La movilización coordinada de antiguos sodálites del nucleo duro de Figari en defensa del propio comisario pontificio revela un nivel de proximidad política y operativa difícilmente compatible con el perfil de instructor independiente que oficialmente se atribuía a Bertomeu. Ningún proceso de intervención conserva apariencia de imparcialidad cuando los antiguos responsables de la entidad intervenida terminan actuando como estructura de protección informal de quien dirigía la operación.
La implicación del cardenal Barreto añade además una dimensión institucional todavía más delicada. No se trataba de una figura secundaria, sino de uno de los principales referentes episcopales peruanos alineados con la intervención romana del Sodalicio y uno de los apoyos más constantes de Bertomeu durante toda la crisis.
La cuestión de fondo ya no afecta únicamente al contenido de unos audios muy comprometidos. Lo verdaderamente decisivo es que la cúpula de una organización extinguida por decisión pontificia se movilizó discreta pero tajantemente para proteger al hombre que dirigía su liquidación. Y eso obliga necesariamente a replantear qué tipo de relación existió realmente entre Bertomeu y determinados sectores del antiguo Sodalicio durante los meses decisivos del proceso.