El Papa ha autorizado hoy el decreto que reconoce el martirio de Francisco González de Córdova y 79 compañeros —67 sacerdotes, 3 carmelitas, 3 seminaristas y 7 laicos— asesinados durante la persecución religiosa de los años treinta en el norte de España. El reconocimiento llega a pocas semanas de la visita pontificia y abre un escenario incómodo para La Moncloa, que mantiene en vigor la Ley de Memoria Democrática mientras Roma eleva a los altares a las víctimas del terror revolucionario en la retaguardia republicana.
En la audiencia de este viernes 22 de mayo con el cardenal Marcello Semeraro, prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos, León XIV dio luz verde al decreto que reconoce el martirio de los Siervos de Dios Francisco González de Córdova y 79 compañeros,
víctimas de la persecución religiosa desatada en la zona republicana entre 1936 y 1937. La decisión, lejos de pasar inadvertida, llega precedida por una agenda diplomática que la dota de un relieve singular: el Pontífice ultima los preparativos de su primer viaje apostólico a España, en cuyo programa figura una audiencia con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El barco-prisión Alfonso Pérez y el mar como tumba
La documentación del proceso, instruida por la archidiócesis de Burgos y la diócesis de Santander, recoge con precisión forense las circunstancias de unas muertes que nada deben a la propaganda y todo a los testimonios contemporáneos. Algunos fueron arrojados al mar Cantábrico con las manos y los pies atados y una piedra al cuerpo. Otros desaparecieron en la bodega del barco-prisión Alfonso Pérez, transformado en cárcel flotante por las autoridades del Frente Popular en el puerto de Santander. Varios fueron ejecutados y posteriormente quemados. Los restantes perecieron en campos de concentración improvisados, hacinados, sin asistencia médica ni religiosa.
El grupo lo componen 67 sacerdotes diocesanos, 3 religiosos carmelitas descalzos, 3 seminaristas y 7 laicos. Hombres y mujeres a quienes se ofreció la apostasía como precio de la vida, y que la rechazaron.
«Que sea yo el último, para poder absolverlos a todos»
El postulador de la causa entrega la figura del beato a cuya cabeza se titula el proceso: Francisco González de Córdova, párroco de Santa María del Puerto en Santoña. Cuarenta y ocho años. Conocida la orden de detención del clero, le rogaron que huyera. Se negó. La prohibición de celebrar la misa y administrar los sacramentos no le hizo desistir: continuó haciéndolo de forma clandestina hasta que fue apresado y confinado en la bodega del Alfonso Pérez.
Allí, entre el hedor, la oscuridad y el terror de los compañeros que sabían el destino que les aguardaba, organizó la vida espiritual del cautiverio: confesaba a quienes se acercaban, rezaba el rosario cada día, animaba a los desfallecidos. Cuando llegó la noche de las ejecuciones, hizo al pelotón una sola petición.
«Permítanme ser el último, para poder absolver y bendecir a mis compañeros».
Le fue concedido. Murió absolviendo. Es probablemente la escena sacerdotal más alta producida en la España del siglo XX, y la Iglesia universal acaba de reconocerla.
El contexto: una visita y una ley
La firma del decreto se produce en un momento políticamente delicado. León XIV tiene previsto visitar España en los próximos meses —el itinerario aún no ha sido oficializado por la Sala de Prensa de la Santa Sede, pero fuentes vaticanas confirman que la visita incluirá un encuentro con el presidente del Gobierno—. Sánchez recibirá al Pontífice mientras su Ejecutivo mantiene en vigor la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, cuyo articulado, según han advertido reiteradamente la Conferencia Episcopal Española y diversos juristas, presenta tensiones con la simetría histórica que exigen tanto la verdad documental como el principio de no discriminación por motivos religiosos.
La elevación a los altares de 80 mártires asesinados en la retaguardia republicana —no por estar en un bando, sino por ser sacerdotes, religiosos o cristianos que se negaron a apostatar— recuerda, sin necesidad de subrayados, que la persecución religiosa de los años treinta fue un hecho histórico de primer orden, con más de 6.800 eclesiásticos asesinados sólo en territorio bajo control del Frente Popular. Roma no entra en el debate político español, pero al canonizar a sus víctimas lo configura.
Un gesto pontificio que se lee desde Madrid
Quien conozca la praxis del Dicasterio para las Causas de los Santos sabe que el calendario de promulgación de decretos no es nunca casual. Los expedientes pueden acelerarse o reposar durante años en función de criterios pastorales, geopolíticos y eclesiales que el Pontífice ponderada personalmente en la audiencia con el prefecto. Que León XIV haya firmado este decreto en este mayo, semanas antes de su viaje a España, admite una sola lectura razonable: el Papa quiere llegar a Madrid con los mártires por delante.
No es un gesto de confrontación; es un gesto de verdad. Y un gesto, sobre todo, de continuidad con sus predecesores —Juan Pablo II beatificó a 233 mártires españoles en 2001; Benedicto XVI a 498 en 2007; Francisco a 522 en distintas ceremonias—. La beatificación de los mártires de Santander se suma así a un proceso que ya supera los 2.100 beatos y santos reconocidos por la Iglesia entre las víctimas de la persecución religiosa española del siglo XX.
El encuentro entre el Pontífice y el presidente del Gobierno tendrá, por tanto, un telón de fondo difícil de ignorar: el de ochenta hombres de Santander que, antes de ser arrojados al Cantábrico, eligieron morir perdonando.