El episodio de Giuliana Caccia y Sebastián Blanco debería perseguir para siempre a Jordi Bertomeu porque retrata con una claridad devastadora hasta qué punto un comisario pontificio puede acabar perdiendo completamente el sentido de la prudencia, del derecho y hasta del ridículo cuando se acostumbra a ejercer poder sin frenos.
Lo ocurrido en Perú no fue un malentendido administrativo ni un exceso abstracto de la Curia. Fue una operación impulsada personalmente por Bertomeu. Y precisamente por eso resulta tan escandalosa. Dos periodistas seglares denunciaron ante la justicia ordinaria una supuesta violación del secreto profesional después de que Bertomeu hablara con terceros sobre una reunión confidencial. Nada más. Ejercieron un derecho elemental en cualquier Estado de derecho: acudir a los tribunales de su país.
La respuesta de Bertomeu fue delirante. En lugar de defenderse jurídicamente, decidió convertir la maquinaria canónica en un instrumento de intimidación personal. Amenaza de excomunión, prohibición de presentarse públicamente como católicos y sanciones económicas desorbitadas contra dos periodistas cuya única “falta” había sido denunciarle civilmente.
Es difícil exagerar la dimensión del disparate. La excomunión es la máxima pena de la Iglesia, reservada históricamente para delitos gravísimos contra la fe y los sacramentos. Bertomeu la degradó hasta utilizarla como herramienta de presión privada para blindarse frente a una denuncia judicial. No existe manera seria de defender semejante barbaridad desde el derecho canónico. Ninguna.
Porque alguien redactó aquel precepto penal grotesco. Alguien decidió que era razonable amenazar espiritualmente a dos laicos por acudir a la justicia. Alguien puso delante de un Francisco anciano, enfermo y cada vez más dependiente de sus colaboradores un documento impropio, jurídicamente tosco y eclesialmente obsceno para obtener una validación formal. Y ese alguien fue Jordi Bertomeu.
Ahí está precisamente lo que le descalifica de manera tan profunda. No se trató de un error técnico ni de una interpretación discutible del derecho. Fue una demostración de soberbia y arbitrariedad impropia de un canonista serio. La actuación de Bertomeu transmite la imagen de un hombre convencido de que el paraguas pontificio le permitía cualquier exceso, incluso utilizar la excomunión como arma de presión personal.
La escena posterior terminó de hundirle. Bastó que Giuliana Caccia y Sebastián Blanco pudieran explicar directamente al Papa lo sucedido para que todo el montaje se desplomara en cuestión de minutos. “La excomunión no va”. Según relataron ambos periodistas, Francisco llegó incluso a firmar de su puño y letra la revocación del precepto penal.
Es difícil imaginar una humillación más completa para Bertomeu. El mismo Papa tuvo que intervenir personalmente para desactivar la bomba absurda que él había construido. El hombre enviado para combatir abusos terminó protagonizando uno de los episodios más chabacanos, imprudentes y ridículos que se recuerdan en años dentro del aparato disciplinario vaticano.
Y eso ya no puede esconderse detrás de tecnicismos ni excusas burocráticas. Lo ocurrido retrata a Bertomeu como el urdidor de una operación autoritaria completamente desproporcionada, propia de alguien que había perdido por completo el sentido de los límites, de la prudencia y del decoro más elemental.