El cardenal Matteo Zuppi ha expresado con claridad una idea que sigue pesando en sectores de la jerarquía eclesiástica: recurrir a la justicia civil en casos de abusos sexuales cometidos por sacerdotes implicaría reconocer que el sistema interno de la Iglesia no funciona. Lo afirmó durante el programa «Francesco – Crónicas de un Papado» en La7, un reportaje del periodista Ezio Mauro con motivo del primer aniversario de fallecimiento de Francisco.
Al ser preguntado por la gestión de los abusos durante el pontificado de Francisco, Zuppi defendió con firmeza su actuación, pero introdujo una matización significativa al abordar la colaboración con la justicia civil: “El problema de la colaboración con el civil es más complejo, porque si no somos capaces de juzgarnos a nosotros mismos, de examinarnos, significa que hay algo que no funciona”. A renglón seguido, insistió en que el Papa había sido “rigurosísimo” y subrayó la importancia de escuchar a las víctimas.
El planteamiento es claro. Acudir a las autoridades civiles no aparece como una exigencia moral o jurídica, sino como la consecuencia de un fallo interno. En la práctica, esto equivale a sostener que la Iglesia debe bastarse a sí misma incluso ante delitos que también pertenecen al ámbito penal.
Una postura en tensión con la normativa vigente
Esta visión choca con el marco establecido por el motu proprio Vos estis lux mundi, donde el Papa Francisco insistió en la necesidad de actuar con rigor y colaborar con las autoridades civiles conforme a la legislación de cada país.
Sin embargo, las palabras de Zuppi apuntan a otra lógica: preservar la capacidad de la Iglesia para juzgar internamente estos casos, evitando que la intervención externa se perciba como necesaria. No se trata de un matiz menor, sino de una forma de entender el alcance de la responsabilidad institucional.
Abusos tratados como cuestión interna
El núcleo del planteamiento se resume en una idea: “debemos ser capaces de juzgarnos a nosotros mismos”. Con esta afirmación, Zuppi sitúa los abusos en el ámbito interno de la Iglesia, como si bastara con sus propios mecanismos disciplinarios.
Pero los tribunales canónicos no sustituyen a la justicia civil. Pueden imponer sanciones eclesiásticas, pero no responden a las exigencias penales propias de estos delitos ni garantizan por sí mismos la reparación debida a las víctimas. Reducirlos a ese ámbito implica, en la práctica, tratarlos solo como faltas morales y no como crímenes.
Una lógica que explica lo ocurrido
Las declaraciones del cardenal italiano reflejan una forma de afrontar los abusos que no acaba de romper con el pasado. Pese a las normas y a los discursos oficiales, sigue presente la idea de que estos casos deben resolverse principalmente dentro de la propia Iglesia.
El resultado es un modelo que prioriza el control interno y limita la transparencia, un enfoque que ayuda a entender por qué durante años muchos casos no han llegado a los tribunales civiles. Si denunciar se percibe como reconocer un fallo estructural, la tendencia natural entonces es evitar ese paso.