El Consejo Diocesano de Acción Católica de Huesca ha hecho público un comunicado en el que respalda con contundencia la regularización extraordinaria de personas migrantes que se está tramitando en España desde el pasado 16 de abril, y censura en términos especialmente duros tanto los discursos políticos contrarios a la medida como las políticas de «prioridad nacional» implantadas en algunas comunidades autónomas y la devolución de menores no acompañados a sus países de origen.
El órgano, que aglutina a la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC), la Juventud Obrera Cristiana (JOC), los Educadores del Junior y el Movimiento Rural Cristiano, sostiene que la regularización constituye «una respuesta a más de 500.000 personas que forman parte activa de nuestra sociedad» y que, pese a trabajar, cuidar y sostener «sectores esenciales de nuestra vida cotidiana», carecen de los derechos básicos para llevar una vida digna.
Apoyo a la ILP y al Real Decreto
El comunicado recuerda el recorrido institucional de la medida. Hace dos años más de 600.000 personas firmaron la Iniciativa Legislativa Popular promovida por la plataforma «¡Regularización ya!» y apoyada por más de 900 organizaciones, entre ellas la Iglesia Católica española. Su tramitación fue aprobada en el Congreso de los Diputados el 9 de abril de 2024 con los votos de todos los grupos parlamentarios salvo Vox.
La Acción Católica oscense se suma a la declaración suscrita por la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES), la Confederación Española de Religiosos (CONFER), Cáritas y el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española, que consideran la aprobación del Real Decreto «una medida de responsabilidad política, ética y social».
A juicio de los firmantes, la regularización «no es sólo una cuestión administrativa o económica, sino profundamente humana y ética», y contribuye a garantizar derechos fundamentales como la residencia y el trabajo, combatir la economía irregular, «reforzar la cohesión social» y «garantizar que se sientan y sean tratados como personas».
«Decir que vienen a vivir de ayudas no sólo es falso: es indecente»
El tono más severo del comunicado se reserva para las posiciones políticas contrarias a la regularización. El texto manifiesta la «preocupación» del Consejo Diocesano por las declaraciones de organizaciones políticas que rechazan la medida y, «desde la corrección fraterna», les pide que revisen sus posiciones.
«Decir que vienen a vivir de ayudas, que colapsan servicios, que amenazan nuestra identidad o seguridad, que violan a nuestras mujeres… no sólo es falso: es indecente», afirma el comunicado. La misma calificación de «indecente» se aplica a la «prioridad nacional» que, según el texto, «se está imponiendo en algunas comunidades autónomas», así como a la práctica de «devolver a los menores no acompañados a sus países».