La Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo ha quedado constituida con un equipo de dieciséis expertos encargados de evaluar las solicitudes y proponer el reconocimiento y reparación de las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia. La medida se enmarca en el sistema acordado entre el Gobierno, la Iglesia católica y la propia institución, que ha comenzado a funcionar en los últimos días.
Un equipo de expertos para evaluar cada caso
Según informó el Defensor del Pueblo el 17 de abril, la unidad está integrada por profesionales independientes especializados en victimología, psicología, criminología y distintas ramas del Derecho. Su función será analizar de forma individualizada cada solicitud y elaborar una propuesta sobre el reconocimiento de la condición de víctima y las posibles medidas de reparación.
Al frente de esta estructura se sitúa Antonio Mora Lladó, junto a un equipo multidisciplinar formado por juristas, psicólogos forenses y expertos en política criminal.
Desarrollo del protocolo entre Gobierno, Iglesia y Defensor del Pueblo
La creación de esta unidad responde al protocolo firmado el pasado 30 de marzo entre el Gobierno, la Conferencia Episcopal Española, la CONFER y el Defensor del Pueblo, que establece un sistema común para abordar la reparación a las víctimas de abusos en el ámbito eclesial.
El acuerdo concreta los procedimientos y plazos del sistema, que comenzó a operar el 15 de abril, y contempla distintos tipos de reparación: simbólica, restaurativa y económica, en función del daño sufrido y de las circunstancias de cada caso.
Un sistema con varias instancias de evaluación
El modelo incluye diferentes niveles de intervención. El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha puesto en marcha una Unidad de Tramitación encargada de recibir las solicitudes y gestionar la comunicación entre las partes.
Por su parte, la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo realizará la evaluación técnica de cada caso. Posteriormente, la Conferencia Episcopal Española y la CONFER emitirán un informe a través de la Comisión Asesora PRIVA.
En los supuestos en que no exista acuerdo, intervendrá una Comisión Mixta con representación de las instituciones implicadas y asociaciones de víctimas, con el objetivo de alcanzar una resolución.