La Conferencia Episcopal Española, junto a Cáritas, CONFER y la red REDES, ha respaldado la regularización extraordinaria de inmigrantes impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez. No se trata solo de un apoyo prudencial a una medida concreta: el comunicado la presenta como “una exigencia inherente” a la misión de la Iglesia y como “expresión coherente del Evangelio en la vida pública”.
La Iglesia ha enseñado siempre que el migrante debe ser acogido, protegido y acompañado. Eso no está en discusión. Pero convertir una política concreta —en este caso, una regularización masiva— en exigencia evangélica plantea un problema de fondo. No porque la intención sea cuestionable, sino porque el salto entre principio moral y decisión política no es automático. Entre ambos hay un ámbito propio: el de la prudencia.
El comunicado presenta la regularización extraordinaria como respuesta a una situación real de vulnerabilidad. Los datos aportados por las propias entidades lo muestran: exclusión social, dificultad de acceso a derechos básicos, dependencia estructural.
Ahora bien, la cuestión no se agota en ese diagnóstico. La pregunta no es solo qué problema existe, sino qué solución lo resuelve sin generar otros. La política migratoria no se limita a la acogida inmediata. Afecta a la cohesión social, a la capacidad de integración y a la credibilidad de las propias normas.
La experiencia reciente obliga a introducir un matiz que el comunicado no recoge. Las decisiones políticas y los mensajes públicos tienen consecuencias. Cuando se transmite la idea de que la regularización es la salida natural a la irregularidad, se corre el riesgo de reforzar un efecto llamada que empuja a miles de personas a rutas cada vez más peligrosas. No se trata de una hipótesis teórica, sino de un hecho constatado en distintos contextos europeos. Ignorarlo no protege al migrante; lo expone.
A esto se suma otro elemento que conviene señalar con claridad. El enfoque adoptado tiende a presentar la inmigración irregular en términos exclusivamente humanitarios. La realidad es más compleja. Detrás de cada travesía hay redes de tráfico, explotación y, en no pocos casos, muerte. Reducir el fenómeno a un esquema de acogida sin considerar estas dimensiones conduce a una visión incompleta que termina siendo injusta con quienes sufren sus consecuencias.
Por eso resulta problemático identificar una medida concreta con el Evangelio. La doctrina social de la Iglesia no impone soluciones técnicas únicas. Reconoce el deber de acoger, pero también el derecho de los Estados a regular los flujos migratorios en función del bien común. Entre ambos principios hay un espacio legítimo de debate. Presentarlo como cerrado no fortalece la enseñanza de la Iglesia; la debilita.
La cuestión no es si hay que ayudar al migrante. La cuestión es cómo hacerlo sin sacrificar la verdad sobre la realidad ni convertir en imperativo moral lo que pertenece al juicio prudencial. Cuando la caridad se separa de la prudencia, deja de ser plenamente cristiana. Y cuando la Iglesia identifica sin matices su voz con una política concreta, corre el riesgo de perder la distancia necesaria para iluminar, en lugar de acompañar, las decisiones del poder.
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