La Fundación Española de Abogados Cristianos ha anunciado que llevará ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo al ex Magistrado del Constitucional, Andrés Ollero y ponente del recurso contra la ley del aborto.
La organización de juristas acusa al Magistrado Andrés Ollero de un «posible delito de prevaricación en su modalidad de retardo malicioso«. esta decisión llega tras conocerse el archivo de la causa por parte del Tribunal Supremo español, que anunció ayer que descarta la existencia de un supuesto delito de retardo malicioso en la administración de justicia por no haber resuelto durante los últimos 11 años el recurso interpuesto por el Grupo Popular del Congreso contra la ley del aborto vigente desde julio de 2010.
Precisamente, Andrés Ollero, miembro del Opus Dei, es uno de los jueces que ha sido cesado como Magistrado del Tribunal Constitucional, tras el acuerdo alcanzado en días anteriores por PP y PSOE. Cese que se hizo ayer efectivo tras la publicación en el BOE.
Abogados Cristianos considera «intolerable que el Constitucional tarde más de once años en pronunciarse sobre un recurso que el propio Tribunal, en un auto firmado el 14 de julio de 2010 y publicado en el BOE el 9 de agosto de ese mismo año, aseguró que iba a dar carácter prioritario a la tramitación y resolución”.
La organización de juristas asegura que “el Tribunal de Estrasburgo ha abierto expedientes e incluso ha habido condenas por prevaricación por retrasos en sentencias inferiores a un año”. La demanda de Abogados Cristianos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) se sumará a la interpuesta por exparlamentarios del PP, como Luis Peral, Lourdes Méndez o José Eugenio Azpiroz, en junio pasado, denunciando este retraso y pidiendo un pronunciamiento de condena al alto Tribunal.
La presidenta de la Fundación, Polonia Castellanos, afirma que “retrasar más de 11 años una resolución que el propio Constitucional consideraba prioritaria, es algo que desprestigia nuestras instituciones, viola la tutela judicial efectiva y genera una gran inseguridad jurídica”.
Castellanos asegura que “lo que está ocurriendo en España con el Tribunal Constitucional es intolerable. Pone de manifiesto la injerencia política que hay en la justicia. El reparto político que estamos viendo estos días de los miembros que componen el Alto Tribunal, viola todos los principios de la democracia”.
Por otro lado, Andrés Ollero, siempre ha defendido que tenía preparados los trabajos para llevar la ponencia al pleno en cuanto se lo pidiese González Rivas, anterior presidente del TC. Dicha petición nunca llegó y acabó en un cajón del Constitucional. Ahora, tras la salida de Ollero, será otro Magistrado quien se haga cargo de su resolución.