El fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Jesús Caballero Klink, solicitó el indulto para un condenado por abusos sexuales a una niña de siete años para contribuir a la integración social -el delincuente era ecuatoriano-. El pasado miércoles solicitó inmovilizar el autobús de HO por considerar que su mensaje afectaba a los menores.
R. C-M/La Gaceta.- ¿A qué caso cree que se refiere la siguiente afirmación? “Existe un riesgo de perpetuación de la comisión del delito, así como de alteración de la paz pública. Y de creación de un sentimiento de inseguridad o temor…”. ¿Diría que aborda el desconcierto social por la libertad de un condenado por pederastia o que se refiere más bien a la existencia del famoso autobús sobre transexualidad de Hazte Oír? Pues se refiere a este segundo escenario. Es, de hecho, el escrito con el que el fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Jesús Caballero Klink, solicitó al juez la inmovilización del autobús porque el mensaje que se puede leer en él es, explicaba, constitutivo de un delito de odio: “Existe un riesgo de perpetuación de la comisión del delito, así como de alteración de la paz pública. Y de creación de un sentimiento de inseguridad o temor entre las personas por su razón de su identidad u orientación sexual, concretamente entre los menores que puedan verse afectados por el mensaje», rezaba el escrito de Caballero Klink, fiscal superior de la Comunidad de Madrid desde septiembre de 2015.
Horas antes de este escrito, el pasado miércoles, la Fiscalía Provincial de Madrid había anunciado la apertura de una investigación urgente sobre el vehículo de HO y remitía el asunto a la sección de Delitos de Odio de la Fiscalía Provincial.
Indulto a un pederasta
El mismo hombre que firmaba el escrito solicitando la inmovilización del autobús, Caballero Klink, solicitó en 2007 el indulto para un condenado por pederastia de origen ecuatoriano en aras de la integración. Lo contaba la revista Interviú en un reportaje de agosto de 2007 titulado, precisamente, ‘Indulto a un pederasta‘. Juan Bernardo Ramírez Nogales, nacido en Ecuador en 1980, había sido condenado a dos años y seis meses de prisión por abusar sexualmente de la hija de su pareja durante al menos un año (cuando la pequeña tenía siete). Pero no entró entonces en la cárcel, porque Caballero Klink, entonces fiscal jefe de Ciudad Real, había recomendado para el condenado el indulto parcial para “así favorecer la integración y reinserción social”, según señalaba Interviu. Argumentaba la conveniencia del indulto explicando que, si bien el condenado no había reconocido los hechos y, por tanto, no había pedido perdón por ellos, se trataba de «un hecho aislado” y el acusado carecía de antecedentes penales. La ejecución de la pena quedaba entonces suspendida hasta la tramitación del indulto.
Brutales abusos
En el escrito del Juzgado de lo Penal número 3 de Ciudad Real quedan acreditados los terribles abusos del condenado a la pequeña: “(…) el acusado aprovechando las frecuentes ocasiones en las que la madre, por motivos laborales [dependienta de un supermercado, de tres de la tarde a once de la noche], se encontraba ausente y era él quien se encargaba de asear y cuidar a los niños, y en alguna ocasión, cuando la madre estaba durmiendo la siesta, efectuaba, con el fin de obtener una satisfacción sexual… «, y describe entonces el escrito el aberrante comportamiento del condenado con la pequeña. Tras la solicitud del indulto por parte de Caballero, la madre de la víctima y expareja del acusado expresaba su desesperación: “¿Es justo? El fiscal quiere que el culpable se reinserte en la sociedad. ¿Es que no va a tener castigo por lo que ha hecho? ¿Y si abusa de otra niña? Quizá vaya más lejos que con mi hija”. Más de seis meses después, en abril de 2008, Ramírez Nogales seguía en libertad a pesar de que la petición de indulto que apoyó el fiscal había sido denegada en reunión del Consejo de Ministros del 26 de noviembre de 2007. Poco antes de que le fuera remitida la orden de entrada en prisión, su expareja y madre de la víctima denunciaba: «Él ha estado cinco años en la calle, tres desde que fue condenado formalmente, y espero que durante este tiempo no haya abusado de más niñas».
Conclusión: el mismo fiscal que apoyó la permanencia en libertad de un hombre condenado por terribles abusos sexuales a menores considera peligroso para los menores un autobús con la frase: «los niños tienen pene; las niñas tienen vulva».
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Los fiscales tienen una cadena de mando que han de obedecer. Se puede abstener de ejecutar las órdenes, pero son condenados al ostracismo, como mínimo. En España no hay independencia judicial real. Ese es el problema.
Mucho peor que la corrupción politica, con lo grave que es esta, es la corrupción judicial en
España y de todo lo que tiene que ver con la justicia.
Creo que es mucho peor que en la epoca de Franco, donde no habia democracia. Ahora que se supone que hay democracia y un régimen que supuestamente garantiza los derechos humanos se ha llegado a cotas de corrupción judicial sobrecogedoras.
Uno de los casos mas sonados fueron las medallas pensionadas, en flagrante vulneración de la Ley, concedidas por Rubalcaba al juez del 11M el juez Bermudez.
¡ Bah, pero si es todo esto un puro cachondeo !. No perdáis la paz y dedicaros a otras cosas.