Fuentes confirman al Register que las acciones de investigación están teniendo como objetivo principal a oficiales vaticanos que ya no trabajan en la Secretaría.
(NCR)- Una redada policial en las oficinas de la Secretaría de Estado del Vaticano, la suspensión de cinco oficiales y el nombramiento de un reputado magistrado anti-mafia como cabeza del Tribunal Criminal del Vaticano han levantado muchas especulaciones sobre la extensión de la corrupción en la Santa Sede.
Los fiscales del Vaticano requisaron documentos, ordenadores, teléfonos y pasaportes, y bloquearon cuentas bancarias durante la redada a la sección administrativa de la Secretaría de Estado del Vaticano, el cuerpo central en el gobierno de la Iglesia.
La Autoridad de Información Financiera del Vaticano (AIF), que es la garante vaticana contra el blanqueamiento de dinero, también fue registrada.
Una declaración del martes explicaba que el promotor de justicia del Tribunal de la Ciudad del Vaticano, Gian Piero Milano, y Alessandro Diddi, promotor adjunto de justicia, ordenaron las redadas tras diversas quejas interpuestas a principios de verano desde el Instituto para las Obras de Religión (IOR) – comúnmente conocido como Banco Vaticano – y también desde la Oficina del Auditor General, sección encargada para las transacciones financieras “que tengan lugar”.
De acuerdo con los medios italianos, estas transacciones conllevan tratos muy costosos, principalmente una transacción llevada a cabo en 2013 por un valor multimillonario en el prestigioso distrito londinense de Mayfair, que, según se dice, ha ocasionado grandes pérdidas.
Este documento, emitido el martes, tendría relación con los años 2011 y 2018, periodo en el que el cardenal Angelo Becciu, ahora prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, fue sostituto, responsable de los asuntos administrativos de la Secretaría de Estado.
La revista italiana L’Espresso señaló que la acción del martes conllevó la suspensión de cinco oficiales: monseñor Mauro Carlino, responsable de documentación en la Secretaría de Estado; y cuatro oficiales laicos: Tommaso Di Ruzza, director y segundo oficial de la AIF; Fabrizio Tirabassi, que dirige las inversiones financieras en la Secretaría de Estado; Vincenzo Mauriello y Caterina Sansone, administradores en el mismo dicasterio. Di Ruzza no respondió a la oferta de realizar algún comentario al Register.
La redada y posterior suspensión dejan claro que las reformas que comenzaron con Benedicto XVI y continúan con Francisco son “realmente efectivas” y que las nuevas leyes del Estado de la Ciudad del Vaticano “están siendo aplicadas”, dijo el Vaticano en un editorial sin firma en L’Osservatore Romano, y también publicada en la web Vatican News.
“Los dolorosos acontecimientos que se han hecho públicos esta semana no son un signo de debilidad del sistema”, continuaba, sino que muestra que el sistema “ha desarrollado anticuerpos capaces de reaccionar” y que el proceso de reforma de las finanzas vaticanas está “en marcha”.
Pero, en el mismo editorial, el Vaticano afeó a los medios el haber sometido a escarnio público a los cinco oficiales suspendidos, pues “toda posible responsabilidad en los hechos aún ha de ser probada”. Se dijo que una investigación vaticana determinaría cómo fue filtrada la información, pero omitió mencionar que los nombres fueron públicamente anunciados de forma interna a todo el personal del Vaticano.
A los sucesos del martes siguió el nombramiento, por parte del papa Francisco, de uno de los mayores investigadores anti-mafia de Italia como presidente del Tribunal Criminal del Vaticano.
La reputación de Giuseppe Pignatone como uno de los principales actores contra la mafia, con investigaciones contra las bandas de crimen organizado de Cosa Nostra y la ‘Ndrangheta en Sicilia y Calabria, le precede y podría señalar la extensión de la corrupción vaticana, necesitada de investigación para sanearla.
Reemplaza a Giuseppe Dalla Torre, que supervisó el juicio “Vatileaks”, que concernía la filtración de los documentos de Benedicto XVI por parte de su mayordomo y un oficial laico que trabajaba en las finanzas vaticanas. Dalla Torre también estaba implicado en la investigación de anterior presidente del Bambin Gesù, el hospital infantil del Vaticano, que se vio implicado en una red de acusaciones de corrupción.
¿Otros objetivos?
El Register ha sabido que el principal objetivo de la redada de esta semana no eran los cinco oficiales suspendidos, ni siquiera la cúpula directiva de la Secretaría de Estado, sino las acciones de otros que ya abandonaron el dicasterio y cuyas acciones, aún hoy, son objeto de escrutinio.
“Esta redada no era contra el actual sostituto, el arzobispo Edgar Peña Parra, que trata de organizar y sanear el desastre que heredó en las oficinas administrativas, sino contra su predecesor, el cardenal Becciu, y su mano derecha en cuanto a la administración, monseñor Alberto Perlasca”, según comentan fuentes fidedignas al Register.
En 2009, el cardenal secretario de estado, el cardenal Tarcisio Bertone, nombró a monseñor Perlasca como cabeza de la oficina administrativa de la Secretaría de Estado – una influyente posición que incluía todas las transacciones financieras que sucedieran en la Secretaría de Estado. El cardenal Bertone nombró al cardenal Becciu como sostituto en 2011.
El papa Francisco, que tenía buena relación con monseñor Perlasca desde que este sirvió en la nunciatura de Buenos Aires entre 2006 y 2008, lo mantuvo como cabeza administrativa hasta julio de este año, cuando lo nombró promotor de Justicia en el Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica, el más alto tribunal de la Iglesia.
Tirabassi fue asistente de monseñor Perlasca y monseñor Carlino, que había estado al cargo de las oficinas de documentación desde julio, y también había sido secretario personal del cardenal Becciu.
Nuestra fuente cuenta que el arzobispo Peña Parra ha estado haciendo algunos progresos en lo que se refiere a poner en orden las cuentas y que la suspensión de monseñor Carlino fue para “apartarle” del actual sostituto, “alejarle de materiales altamente confidenciales”.
A pesar de no haber sido pública y directamente acusado de obrar mal, el cardenal Becciu está indirectamente vinculado a la repentina dimisión, en 2017, del primer auditor general del Vaticano, Libero Milone.
Milone sostiene su inocencia, declarando ante los medios que “un reducido grupo de poderes” trataban de difamarle y arruinar su reputación, y que estos estaban asustados por lo que podría contar al papa y al cardenal Pietro Parolin, el secretario de estado, acerca de las finanzas que se estaban llevando a cabo.
El cardenal Becciu dijo a su vez que Milone “contravino todas las normas, espiando la vida privada de sus superiores y del resto de personal, incluyéndome a mí”. Milone insistió en que fue justo al contrario y, el año pasado, el Vaticano desestimó todos los cargos contra él.
El Register preguntó al cardenal Becciu, el 4 de octubre, si deseaba comentar la redada acaecida esta semana y si estaba enterado del nefasto negocio de Londres, pero al momento de contactarle estaba de viaje hacia Brasil y aún no ha respondido.
Las investigaciones en la Secretaría de Estado están, supuestamente, relacionadas con la persecución de Angelo Caloja, antiguo presidente del Banco Vaticano, acusado de malversación.
Fuentes internas también creen que existe conexión con la mala conducta financiera existente en la Administración Patrimonial de la Santa Sede (APSA), el dicasterio que regula realmente las propiedades del Vaticano, muchas de las cuales están en áreas principales de Londres, así como los asuntos financieros.
En julio, el Register ya informó acerca de la pérdida de una propiedad de Londres en manos de la APSA, así como de la existencia de varias cuentas ocultas en Suiza, conectadas con el mismo dicasterio.
Las investigaciones vaticanas sobre este asunto llevadas a cabo de manera notable por el entonces prefecto de la Secretaría de Economía, el cardenal George Pell, junto a Milone, nos conducen a una serie de obstáculos repentinos, cuyo mayor exabrupto se produjo a finales de 2017, con la primera auditoría externa del Vaticano.
Unos meses después, Milone dimitió y el cardenal Pell fue obligado a abandonar el Vaticano para defenderse de las acusaciones de abusos sexuales contra clérigos, cargos que negó vehementemente.
Publicado por Edward Pentin en The National Catholic Register