El lunes 3 de marzo será uno de esos días que al obispo de la diócesis de Teruel, José Antonio Satué, le cueste olvidar.
Un cúmulo de noticias y sucesos confluyeron ese mismo día. Tras varios meses en el cajón, se hizo pública la sentencia del caso Cuatrecasas-Martínez en donde decretó la expulsión de José María Martínez Sanz del Opus Dei. Ese mismo lunes, Satué estaba convocado por un juez en Pamplona para declarar por la denuncia interpuesta por el exprofesor de Gaztelueta ante la justicia civil por vulnerar su derecho al honor. InfoVaticana ha podido saber que el lunes el obispo de Teruel huyó de España y se refugió en Roma.
Además, ese mismo día la diócesis de Teruel de la que es obispo publicó una nota sobre una denuncia contra un sacerdote de su diócesis cuya resolución ha tenido un final radicalmente opuesto al del numerario del Opus Dei. En este caso, el testimonio del denunciante no se ha impuesto frente al testimonio del sacerdote acusado.
En la nota difundida por el obispado de Teruel se informa sobre la gestión de una denuncia recibida contra un sacerdote de esta Diócesis, relacionada con hechos que pudieron haber ocurrido en un campamento de verano en 1968.
El obispado turolense asegura que «el 3 de enero de 2023, el Obispado recibió a través de la Conferencia Episcopal una denuncia presentada previamente al diario El País«. La denuncia recibida señala que el sacerdote señalado metía dentro de su saco de dormir a niños y que el denunciante notó una mañana que había metido su mano dentro de su pijama y que le estaba tocando.
La diócesis de Teruel confirma que tras recibir esa información inició una investigación que comenzó con la revisión del archivo diocesano, pero no se encontraron denuncias previas relacionadas con el sacerdote señalado. La diócesis que pastorea Satué se puso en contacto con El País para que le facilitaran el nombre de la persona afectada, pero no obtuvieron respuesta. Al no obtener más información, la diócesis de Teruel «informó que la denuncia no pudo ser esclarecida».
Un error de comunicación interna
Uno de los elementos más significativos en toda esta historia es que la diócesis de Teruel habla de un «lamentable fallo de comunicación interna». Ese fallo señala directamente como culpable a la Conferencia Episcopal Española. Según la nota difundida por el obispado, «un correo enviado por la persona afectada a la Conferencia Episcopal el 5 de febrero de 2023, que contenía su testimonio y datos para contactar, no llegó al Obispado de Teruel y Albarracín hasta el 15 de abril de 2024».
Al final del comunicado, el obispado de Teruel vuelve a lamentar «profundamente el error de comunicación que retrasó el proceso«. Este medio se ha puesto en contacto con Josetxo Vera, responsable de prensa de la Conferencia Episcopal Española para recabar su versión pero se ha limitado a responder que es la diócesis de Teruel quien debe responder a qué fallo de comunicación se refieren.
Reapertura del caso
Tras recibir el correo con más de un año de retraso, la diócesis de Teruel contactó con el denunciante «para pedir disculpas por el retraso y ofrecer un encuentro». José Antonio Satué se reunió con la persona afectada que se ratificó en su testimonio y aprovechó para darle un tirón de orejas al obispo «por la gestión del caso y por su calificación en el informe Para dar luz de la Conferencia Episcopal».
El obispado del sur de Aragón relata que «se identificaron y entrevistaron a dos testigos, que estuvieron en la misma tienda. Ambos declararon que no fueron obligados a dormir en el saco del sacerdote ni recordaban haber sido advertidos sobre los hechos denunciados». Además, el sacerdote acusado negó los hechos.
«En un segundo encuentro, la persona afectada propuso un nuevo testigo, quien corrigió la fecha del campamento (1969, en lugar de 1968) y declaró que no le constaba que alguien hubiera sido obligado a dormir con el sacerdote o hubiera informado de tocamientos», se lee en el comunicado diocesano.
Caso archivado
Finalmente, el 20 de febrero de 2025, el Obispado informa a la persona afectada sobre el resultado de la investigación: no se han encontrado indicios que corroboren su denuncia. La diócesis también comunicó su veredicto al sacerdote en cuestión y remitió la documentación al Dicasterio para la Doctrina de la Fe.
La diócesis de Teruel confirma que Satué ha decidido no tomar medidas cautelares contra el sacerdote denunciado «dado que no se han encontrado indicios que corroboren la denuncia».
De este modo, el mismo día que se hacía público el decreto condenatorio contra el exprofesor de Gaztelueta, que siempre ha defendido su inocencia, el juez Satué creía y absolvía a un sacerdote de su diócesis.
Con esta decisión, el obispo Satué desobedece a su colega de Dicasterio, el cardenal José Cobo, que en numerosas ocasiones ha repetido por activa y por pasiva que a las víctimas hay que creerlas siempre. Seguro que tienen buen tema de conversación cuando vuelvan a coincidir en Roma mientras seleccionan a los próximos obispos españoles.
Por último, cabe mencionar un detalle que también chirria y mucho dentro del episcopado español: ¿cómo es posible que alguien que tuvo numerosos informes negativos para ser elegido obispo sea ahora quien esté dentro del Dicasterio para los Obispos encargándose de la selección de los futuros sucesores de los Apóstoles?