El mensaje que el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Ramón Castro Castro, dirigió a los obispos del país con motivo de la CXXI Asamblea Plenaria constituye uno de los pronunciamientos pastorales más severos, directos y socialmente comprometidos emitidos por la Iglesia católica mexicana en los últimos años. Bajo el lema evangélico «Yo era ciego y ahora veo» (Jn 9,25), el obispo de Cuernavaca articuló una profunda reflexión sobre la realidad nacional que trasciende los límites de un discurso eclesial interno para convertirse en una lectura crítica del estado actual de México marcada por la violencia, la corrupción, la polarización política, la fragilidad institucional y el debilitamiento progresivo del Estado de derecho.
La relevancia del documento radica no sólo en la claridad de sus diagnósticos, sino también en la decisión de colocar a la Iglesia en una posición profética frente a las heridas de México. Desde las primeras líneas, el mensaje evita cualquier tentación triunfalista y propone una mirada realista sobre el país. Castro Castro recuerda a los obispos que la memoria de los mártires mexicanos sólo tiene sentido si ilumina el presente y obliga a preguntarse qué se está haciendo hoy con la verdad, la justicia y la libertad por las que tantos creyentes ofrecieron la vida. La evocación de esos testimonios conduce inmediatamente a una exigencia moral, reconocer las esperanzas del pueblo, pero también denunciar aquello que amenaza su dignidad.
El obispo plantea así una metodología pastoral inspirada en tres figuras del Evangelio de san Juan, la samaritana, el ciego de nacimiento y Lázaro. Sin embargo, detrás de la propuesta catequética emerge una profunda reflexión social. La Iglesia es invitada a escuchar la sed de un pueblo, abrir los ojos frente a la verdad de los acontecimientos y colaborar activamente en la remoción de los obstáculos que impiden una vida digna para millones de mexicanos. Esa perspectiva convierte la evangelización en una tarea inseparable de la promoción humana, la inclusión y la defensa de los más vulnerables.
Uno de los aspectos más significativos del mensaje es el reconocimiento de que México vive una situación compleja que no puede ser reducida a cifras ni a narrativas oficiales. El presidente de la CEM concede que existen avances sociales que merecen ser reconocidos, menciona el beneficio que diversas familias han encontrado en programas sociales y admite que el aumento del salario mínimo ha permitido mejorar los ingresos de numerosos trabajadores. También reconoce el trabajo honesto de servidores públicos comprometidos con el bien común. Sin embargo, afirma que precisamente porque la Iglesia busca el bien de la sociedad está obligada a señalar aquello que requiere corrección y transformación.
A partir de ese momento, el mensaje adquiere un tono particularmente contundente. Las madres buscadoras, las víctimas de la extorsión, las comunidades sometidas por grupos criminales, los jóvenes reclutados por la fuerza, los enfermos sin acceso oportuno a medicamentos y las familias obligadas a endeudarse para recibir atención médica aparecen como rostros concretos de una crisis nacional que sigue sin encontrar respuestas suficientes. Para Castro Castro, la inseguridad no es una abstracción estadística sino una realidad que tiene nombres, historias y consecuencias humanas que exigen acciones públicas eficaces y una presencia pastoral cercana.
Sin embargo, el núcleo social y político más relevante del documento emerge cuando el obispo aborda el tema del deterioro institucional al advertir que México enfrenta un preocupante debilitamiento de los contrapesos democráticos y de las garantías necesarias para preservar la independencia de la justicia. La erosión de los mecanismos de vigilancia, la descalificación sistemática de la crítica y la pérdida de imparcialidad de las instituciones constituyen, según su análisis, señales alarmantes de un deterioro de la vida pública.
La denuncia alcanza uno de sus puntos más delicados cuando afirma que la ley pierde legitimidad cuando se aplica con dureza a los adversarios y con indulgencia a los aliados. Esta observación no se dirige a una fuerza política específica, sino a una dinámica que puede instalarse en cualquier sistema de poder. Cuando el cumplimiento de la norma deja de ser universal y se vuelve selectivo, advierte el presidente de la CEM, la confianza ciudadana comienza a desmoronarse y el Estado de derecho entra en una fase de debilitamiento progresivo.
La corrupción ocupa un lugar central dentro de esta reflexión. Castro Castro no limita el fenómeno a la malversación de recursos o a la recepción de sobornos. Presenta una definición más amplia que incluye el uso de cargos públicos para favorecer intereses privados, la manipulación de procedimientos administrativos, la ocultación de información y el encubrimiento dentro de grupos políticos o burocráticos. Particularmente grave resulta su denuncia del nepotismo y de los conflictos de interés, prácticas que, señala, destruyen la igualdad de oportunidades y transmiten a la sociedad el mensaje de que las relaciones personales importan más que la capacidad, el mérito o la legalidad.
La fuerza moral del argumento reside en vincular la corrupción con sus consecuencias humanas. Cada recurso desviado o mal empleado representa medicamentos que no llegan a los hospitales, escuelas sin mantenimiento, policías mal equipados y servicios públicos deficientes para quienes más los necesitan. De esta manera, el fenómeno deja de ser un problema administrativo para convertirse en una cuestión ética y social que afecta directamente la vida cotidiana de millones de personas.
El mensaje insiste en que ninguna institución puede preservar su autoridad ocultando sus problemas. Por el contrario, sólo la verdad, la transparencia y la rendición de cuentas permiten recuperar la confianza ciudadana. De ahí que el presidente de la CEM haga un llamado explícito a sanear la vida pública, erradicar prácticas corruptas y restituir a las instituciones su vocación de servicio. No se trata, aclara, de impulsar persecuciones políticas ni alimentar venganzas, sino de garantizar que nadie esté por encima de la ley.
Otro aspecto de enorme relevancia es la preocupación expresada por la influencia del crimen organizado en la vida democrática. Castro Castro advierte sobre el riesgo de que grupos criminales intimiden comunidades, condicionen procesos electorales o determinen quién puede gobernar determinados territorios. Allí donde el voto se ejerce bajo el miedo, afirma, la libertad democrática resulta gravemente comprometida. La democracia requiere instituciones independientes, autoridades confiables y ciudadanos capaces de participar sin presiones ni amenazas.
La defensa de la soberanía nacional también es planteada desde una perspectiva novedosa. El obispo sostiene que la soberanía no se ve amenazada únicamente por intervenciones extranjeras, sino también por la capacidad de grupos criminales para imponer reglas, infiltrarse en estructuras gubernamentales y controlar regiones enteras del país. En consecuencia, fortalecer la soberanía implica combatir la impunidad, investigar posibles vínculos entre delincuencia y autoridades, y garantizar que las instituciones respondan efectivamente a la ciudadanía.
Particular atención merece la denuncia de la polarización que atraviesa la vida pública mexicana. Para el presidente de la CEM, una de las heridas más profundas del país consiste en la creciente tendencia a convertir al adversario en enemigo. Cuando la palabra pública deja de construir puentes y comienza a dividir a la sociedad entre buenos y traidores, entre patriotas y enemigos, se generan condiciones que terminan justificando la agresión y normalizando la confrontación permanente.
Esta reflexión posee una profunda actualidad. Castro Castro rechaza explícitamente cualquier pretensión de monopolizar la representación del pueblo y recuerda que ninguna causa política justifica la destrucción de la dignidad de quienes piensan distinto. La convivencia democrática requiere reconocer la pluralidad, aceptar la diversidad de opiniones y proteger la libertad de expresión incluso cuando ésta resulte incómoda para quienes ejercen el poder.
En este contexto, el mensaje expresa preocupación por las amenazas contra periodistas, defensores de derechos humanos, buscadores de desaparecidos y líderes sociales. La libertad de quienes denuncian injusticias o acompañan a víctimas constituye, según el obispo, un indicador fundamental de la salud democrática de una nación. Cuando una sociedad silencia las voces críticas, termina debilitando sus propias libertades.
La Iglesia, sin embargo, no se limita a señalar problemas. Una de las aportaciones más significativas del documento consiste en la propuesta de caminos concretos para la reconciliación nacional. Castro Castro sostiene que la comunidad eclesial posee un recurso particularmente valioso en tiempos de polarización: la capacidad de generar espacios de encuentro, escucha y diálogo. Las parroquias, movimientos y comunidades pueden convertirse en lugares donde personas con visiones distintas aprendan a escucharse, compartan preocupaciones comunes y reconstruyan vínculos sociales deteriorados.
Esta propuesta adquiere especial relevancia en una época marcada por la fragmentación y la desconfianza. Frente a la lógica de la confrontación permanente, la Iglesia ofrece una pedagogía del encuentro basada en la dignidad de cada persona, la búsqueda compartida de la verdad y la construcción del bien común. No propone renunciar a las convicciones, sino aprender a defenderlas sin odio y dialogar sin convertir las diferencias en motivos de exclusión.
Igualmente importante es su insistencia en la formación de ciudadanos responsables. La iniciación cristiana no puede reducirse, según el obispo, a la preparación sacramental. Debe formar personas capaces de discernir la manipulación, resistir los discursos de odio, comprometerse con la justicia y participar activamente en la vida pública. Desde esta perspectiva, la evangelización se convierte también en una escuela de ciudadanía y responsabilidad social.
La dimensión guadalupana del mensaje ofrece el horizonte espiritual de esta propuesta. Al evocar a san Juan Diego y las apariciones del Tepeyac, Castro Castro presenta a la Virgen de Guadalupe como un modelo de cercanía hacia quienes sufren. El llanto de los hijos de México, afirma, resuena hoy en las madres buscadoras, en los enfermos sin atención adecuada, en las familias extorsionadas y en las comunidades que desean vivir sin miedo. Invocar a Guadalupe exige asumir un compromiso concreto con quienes padecen esas realidades.
La referencia adquiere una importancia aún mayor porque el mensaje sitúa la reflexión dentro del itinerario que conduce al quinto centenario del Acontecimiento Guadalupano en 2031. El camino hacia esa conmemoración no aparece como una celebración nostálgica del pasado, sino como una oportunidad para renovar el compromiso evangelizador y social de la Iglesia. La Novena Intercontinental Guadalupana y la preparación de los quinientos años de las apariciones son presentadas como una invitación a redescubrir la capacidad de Guadalupe para generar reconciliación, esperanza y unidad entre los pueblos.
Un dato particularmente significativo es que este mensaje fue enviado a los obispos reunidos en la asamblea mientras Ramón Castro Castro se encontraba ausente de los trabajos presenciales debido a la invitación formulada por el episcopado peruano para acompañar al papa León durante su visita pastoral a aquel país. Su ausencia física, sin embargo, no disminuyó el peso de unas palabras destinadas a orientar las deliberaciones de los prelados mexicanos y ofrecer criterios de discernimiento frente a los desafíos nacionales.
Leído en conjunto, el documento trasciende el ámbito ordinario de una asamblea episcopal. Más que un simple discurso inaugural, constituye una radiografía moral de la realidad mexicana. En sus páginas convergen la preocupación pastoral por las víctimas, la defensa de las instituciones democráticas, la denuncia de la corrupción, la exigencia de transparencia, la crítica a la polarización y la búsqueda de caminos de reconciliación inspirados en el Evangelio y en la tradición guadalupana.
Al final, la carta de Ramón Castro Castro se convierte en algo más que una exhortación dirigida a los obispos. Es una denuncia serena pero firme sobre el momento histórico que atraviesa México; una reflexión pastoral que advierte acerca de los riesgos que representa el debilitamiento del Estado de derecho; una llamada a recuperar la confianza en las instituciones mediante la verdad, la transparencia y la justicia; y una invitación a que la Iglesia contribuya a reconstruir el tejido social desde el encuentro, la esperanza y la dignidad humana. En una nación marcada por la violencia, la corrupción y las divisiones, el mensaje plantea que la defensa de la legalidad y de la persona humana no constituye únicamente una tarea política, sino también una exigencia moral irrenunciable para todos aquellos que aspiran a construir un México más justo, más libre y más fraterno.
El mensaje completo puede ser leído aquí:
Mensaje_inaugural_CXXI_Asamblea