El asesinato del padre Román de la Cruz Hernández, ocurrido el 15 de septiembre en Huejutla, Hidalgo, ha sacudido a la Iglesia de México en medio de las celebraciones conmemorativas de la Independencia. Su cuerpo fue hallado en un tramo carretero entre Tolago y Tetlapaya, con impactos de arma de fuego y un mensaje intimidatorio colocado sobre él. Junto al cadáver se encontraba una camioneta Toyota Tacoma con placas de Baja California. El sacerdote, originario de Mazahuacán, Lolotla, se desempeñaba como párroco de la comunidad de Santa Cruz en Huejutla desde 2024 y coordinaba la Comisión para la Pastoral Profética de la diócesis. Su trayectoria pastoral lo había convertido en una figura cercana a las comunidades indígenas y campesinas de la región, lo que hace aún más doloroso el desenlace de su vida.
El obispo de Huejutla, José Hiraís Acosta Beltrán, emitió un comunicado el 16 de septiembre en el que expresó consternación y tristeza por el crimen, exhortando a las autoridades a realizar una investigación exhaustiva y a garantizar que el asesinato no quede impune. El mensaje subrayó la necesidad de respeto a la vida y de un compromiso real con la justicia en un país marcado por la violencia. La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) también se pronunció condenando el homicidio y exigir una investigación expedita. El comunicado expresó indignación y solidaridad con la diócesis de Huejutla, elevando oraciones por el descanso del sacerdote y fortaleza para su comunidad. La postura de la CEM refleja la gravedad del caso y la preocupación por la creciente inseguridad que afecta a los agentes pastorales en México.
El Centro Católico Multimedial (CCM), en su Reporte Anual 2025, documenta más de treinta agresiones contra sacerdotes durante el sexenio de Claudia Sheinbaum, incluyendo homicidios, desapariciones y amenazas. El informe señala también ataques a templos y comunidades laicas, con incendios, saqueos y profanaciones en distintas diócesis del país. El CCM advierte que el sexenio se caracterizó por un incremento sostenido de la violencia contra agentes pastorales, especialmente en regiones con fuerte presencia del crimen organizado. La impunidad y la falta de protección institucional han dejado a la Iglesia en una situación de vulnerabilidad, reclamando políticas públicas que garanticen seguridad y libertad religiosa. El reporte concluye que la violencia contra sacerdotes y comunidades religiosas constituye un patrón sistemático que exige atención urgente del Estado mexicano.
El caso del padre Román de la Cruz se inscribe en esta tendencia alarmante. Su asesinato, acompañado revela la intención de grupos criminales de sembrar miedo en las comunidades y de desafiar abiertamente a las instituciones religiosas. La reacción inmediata de la diócesis de Huejutla y de la Conferencia del Episcopado Mexicano muestra la gravedad del hecho y la exigencia de justicia. Sin embargo, la experiencia documentada por el Centro Católico Multimedial indica que muchos de estos crímenes quedan sin resolver, lo que alimenta la percepción de impunidad y debilita la confianza en las autoridades. La Iglesia mexicana enfrenta así un desafío doble, acompañar a sus comunidades en medio de la violencia y exigir al Estado garantías efectivas de seguridad y justicia.
La muerte del padre Román de la Cruz es un recordatorio doloroso de la vulnerabilidad de quienes ejercen el ministerio pastoral en regiones golpeadas por el crimen organizado. Es también un llamado a la sociedad y a las autoridades para reconocer que la violencia contra sacerdotes, laicos y templos no es un problema marginal, sino un síntoma de la crisis de seguridad que atraviesa el país. El Reporte Anual 2025 del Centro Católico Multimedial ofrece un panorama contundente, la violencia contra la Iglesia se ha multiplicado en los últimos años y ha alcanzado niveles alarmantes durante el sexenio de Claudia Sheinbaum. El asesinato del padre Román se convierte así en un símbolo de esa realidad y en una exigencia de justicia que no puede ser ignorada.