Carta Pastoral de los Obispos de México con motivo del centenario del inicio de la resistencia cristera

Carta Pastoral de los Obispos de México con motivo del centenario del inicio de la resistencia cristera

A cien años del inicio de la resistencia cristera, los obispos mexicanos proponen leer aquel doloroso episodio histórico desde la verdad, la libertad de conciencia, la reconciliación y el compromiso de una fe dispuesta a hacerse servicio

A cien años del inicio de la resistencia cristera, los obispos de México han dirigido al país una carta pastoral que busca recuperar uno de los episodios más dolorosos, complejos y controvertidos de la historia nacional sin convertirlo en instrumento de revancha, polarización o legitimación de la violencia. Bajo el título ¡Viva Cristo Rey! Su fe, nuestra memoria; su testimonio, nuestra misión, el documento propone una lectura histórica, teológica, espiritual, jurídica y pastoral de aquellos acontecimientos, pero, sobre todo, formula una pregunta dirigida a los creyentes de nuestro tiempo: ¿Qué significa hoy mantener viva una fe por la que otros estuvieron dispuestos a entregar la existencia?

La carta no celebra la guerra ni presenta la resistencia armada como modelo de acción cristiana para el presente. Su punto de partida es otro, recordar la fidelidad de un pueblo que, en medio de la persecución, continuó rezando en sus hogares, bautizando a sus hijos, protegiendo a sus sacerdotes, celebrando clandestinamente los sacramentos y defendiendo la libertad de conciencia frente a un Estado que pretendió administrar las convicciones religiosas como si fueran una concesión del poder.

Los obispos establecen desde el comienzo una diferencia indispensable entre el conflicto bélico, con sus errores, excesos, responsabilidades y heridas, y el testimonio de quienes murieron sin renunciar a su fe. Los mártires, subraya el documento, no son recordados porque hubieran matado por Cristo, sino porque murieron por Él y, en numerosos casos, perdonaron a sus verdugos. No se trata de recuperar un grito de guerra, sino la fuerza espiritual de una conciencia que se negó a ser sometida.

El episcopado propone un triple ejercicio de memoria histórica, valoración del martirio y compromiso cristiano con la vida, la dignidad humana y la paz. Al recorrer la carta aparece una convicción transversal, la memoria solo es auténticamente cristiana cuando conduce a la conversión, ayuda a sanar las heridas, impide la repetición de las injusticias y se transforma en misión.

Ese propósito exige comenzar por “un breve recuento del conflicto religioso”, título del primer capítulo y punto de entrada para entender que la confrontación no surgió repentinamente en 1926. Sus antecedentes se remontan a la formación del Estado mexicano después de la Independencia, cuando comenzaron a enfrentarse dos proyectos de nación. Uno reconocía al catolicismo como fundamento del orden social; el otro pretendía limitar la influencia institucional de la Iglesia para consolidar un Estado liberal, soberano y progresivamente secular.

La Constitución de 1857 y las Leyes de Reforma representaron un momento decisivo en ese proceso. Establecieron la separación entre la Iglesia y el Estado, limitaron la propiedad eclesiástica y modificaron la presencia de la institución religiosa en la educación y la vida civil. Para sus promotores fueron disposiciones indispensables para modernizar al país; para la Iglesia y numerosos católicos significaron una intervención hostil sobre espacios que consideraban esenciales para su identidad y misión.

La carta reconoce, sin embargo, que la secularización no ocurrió de manera inmediata ni eliminó el profundo arraigo del catolicismo en la vida nacional. La fe continuó presente en las costumbres, las familias, la educación, las fiestas y las formas comunitarias de organización. En ese contexto cobró fuerza el catolicismo social, inspirado en buena medida por la encíclica Rerum novarum de 1891.

Surgieron organizaciones obreras, asociaciones juveniles y femeninas, cajas de ahorro para campesinos, escuelas nocturnas, centros de ayuda mutua, medios de comunicación y proyectos de participación política. Los católicos no se limitaron a reivindicar la posición de la Iglesia, construyeron redes sociales y utilizaron instrumentos cívicos como el voto, la prensa, la asociación y la movilización pública.

La revolución mexicana reavivó un anticlericalismo que, en algunos lugares y momentos, adquirió expresiones violentas. Hubo ataques contra templos, imágenes y ministros religiosos. Algunos dirigentes revolucionarios identificaron a la jerarquía católica con las estructuras políticas y económicas del antiguo régimen, particularmente después del apoyo que determinados integrantes del extinto Partido Católico Nacional concedieron al gobierno del usurpador Victoriano Huerta.

La Constitución de 1917 endureció las restricciones, negó personalidad jurídica a las Iglesias, limitó los derechos políticos de los ministros de culto, prohibió determinadas formas de educación confesional, proscribió las órdenes religiosas, nacionalizó propiedades eclesiásticas y permitió que las legislaturas estatales determinaran el número de sacerdotes autorizado en cada entidad.

Estas disposiciones no fueron aplicadas inmediatamente con la misma intensidad en todo el país, pero crearon el marco jurídico que posibilitaría la persecución posterior. Después de un periodo de relativa distensión durante el gobierno  de Obregón, la tensión alcanzó su punto crítico bajo la presidencia de Plutarco Elías Calles.

El 14 de junio de 1926 fue expedida la reforma penal conocida como Ley Calles, publicada el 2 de julio y vigente a partir del 31 de julio de ese mismo año. La legislación convirtió las restricciones constitucionales en tipos penales acompañados de sanciones precisas. Limitó el ejercicio del ministerio religioso, sometió a control diversas manifestaciones públicas de fe, prohibió determinadas formas de enseñanza confesional y sancionó el uso de hábitos religiosos fuera de los templos.

Lo que entonces se puso en riesgo no fue únicamente la posición jurídica de la Iglesia, sino la posibilidad de que las personas vivieran, enseñaran y expresaran públicamente sus convicciones religiosas.

La respuesta inicial no fue armada. La Liga Nacional para la Defensa de la Libertad Religiosa impulsó peticiones, protestas y un boicot económico. Una solicitud respaldada por alrededor de dos millones de firmas pidió la modificación de la legislación antirreligiosa, sin obtener una respuesta favorable.

En ese contexto, los obispos adoptaron el principio del Non possumus, “no podemos”, mediante el cual expresaron que no podían someter el ejercicio de la misión eclesial a disposiciones consideradas contrarias a la conciencia y a los derechos de la Iglesia. El Comité Episcopal decidió suspender el culto público a partir del 31 de julio de 1926. La medida fue anunciada en una carta pastoral colectiva fechada el 25 de julio.

La suspensión del culto no fue concebida como un cierre eclesiástico de los templos ni como una censura contra los fieles, sino como una protesta legal, pastoral y teológica frente a la aplicación de una legislación considerada injusta. Inicialmente, los templos permanecieron abiertos para la oración privada y los actos penitenciales, aunque posteriormente las autoridades realizaron inventarios y cerraron varios recintos.

El impacto sobre la población fue profundo. Las campanas guardaron silencio, la celebración pública de los sacramentos quedó interrumpida y numerosos sacerdotes fueron expulsados, perseguidos, escondidos o concentrados en las ciudades. Pero la práctica religiosa no desapareció. Las casas, los campos, las cuevas y otros espacios improvisados se convirtieron en lugares de oración y celebración.

Los laicos organizaron actos comunitarios, protegieron sacerdotes, transmitieron la doctrina, sostuvieron redes de solidaridad y, en situaciones de necesidad, asumieron responsabilidades extraordinarias. Se celebraron las llamadas “misas blancas”, encuentros de oración y de la Palabra sin consagración eucarística por la ausencia de sacerdotes.

La persecución produjo una grave crisis eclesial, pero al mismo tiempo reveló la capacidad del pueblo creyente para hacerse responsable de su fe. Mujeres y hombres asumieron tareas que habitualmente dependían de estructuras parroquiales. La fe dejó de estar vinculada exclusivamente al templo y encontró refugio en las familias y las comunidades.

La protesta pacífica se transformó, para algunos grupos, en insurrección armada. En agosto de 1926 se produjeron levantamientos en Zacatecas y Jalisco, y el movimiento se extendió principalmente por regiones rurales del centro y occidente del país. Sus integrantes fueron llamados “cristeros” y adoptaron como expresiones de identidad los gritos “¡Viva Cristo Rey!”, “¡Viva la Virgen de Guadalupe!” y “¡Viva México!”.

La carta no oculta que la confrontación adquirió las características de una guerra civil ni que el Gobierno respondió con una represión severa. Tampoco presenta al movimiento cristero como una fuerza homogénea. Hubo diferencias entre los combatientes, los dirigentes civiles, los obispos y quienes defendían la continuidad de las vías pacíficas.

La Santa Sede no aprobó el levantamiento armado, pero tampoco formuló una condena formal contra quienes participaron en él. Mediante la encíclica Iniquis afflictisque, Pío XI denunció la persecución de la Iglesia en México y exhortó a los fieles a resistir pacíficamente mediante la oración. La posición eclesial no puede reducirse, por tanto, a una aprobación de la guerra ni a una indiferencia ante la persecución.

La carta también destaca la participación de las mujeres, quienes sostuvieron redes religiosas clandestinas, distribuyeron información, impartieron formación, transportaron recursos y preservaron la vida familiar y comunitaria. Muy pocos sacerdotes tomaron directamente las armas; la mayoría permaneció atendiendo espiritualmente a la población, se ocultó en casas particulares o buscó refugio en otros lugares.

El conflicto se prolongó hasta 1929, cuando las negociaciones conocidas como “los arreglos” permitieron reanudar el culto público. Fueron acuerdos verbales entre representantes del Gobierno y de la jerarquía católica, con mediación internacional. Sin embargo, no eliminaron las disposiciones constitucionales que habían originado la confrontación.

Para numerosos cristeros, los arreglos representaron una derrota e incluso una traición, especialmente porque algunos combatientes fueron asesinados después de entregar las armas. La carta sostiene que la intención de los obispos no fue abandonarlos, sino poner fin a una guerra que estaba destruyendo poblaciones, comunidades y familias.

Las tensiones continuaron en la década siguiente y desembocaron en lo que se conoce como Segunda Cristiada, entre 1934 y 1941. La relación entre la Iglesia y el Estado solo se estabilizó gradualmente mediante un modus vivendi, una convivencia práctica que no eliminó las restricciones constitucionales, pero permitió reducir la confrontación abierta.

El recorrido histórico concluye con una invitación a mirar aquellos años con espíritu de reconciliación, lucidez crítica y rechazo de cualquier discurso triunfalista o polarizante. Recordar la persecución no equivale a reabrir las heridas, sino a comprender cómo se negó un derecho fundamental y a evitar que una imposición semejante vuelva a repetirse.

Desde ese fundamento histórico, la carta entra en su segundo movimiento, “el martirio: configuración con Cristo y vocación permanente del discípulo”. Aquí se encuentra el núcleo teológico del documento. El martirio no es presentado como una hazaña nacida de la autosuficiencia humana, como una búsqueda voluntaria de la muerte ni como una expresión de fanatismo. Es la culminación posible de una vida configurada con Jesucristo y sostenida por la gracia.

Cristo es el testigo fiel del Padre y la fuente de todo martirio. Su entrega en la cruz no constituye una exaltación del dolor, sino la manifestación extrema de un amor que permaneció fiel. En consecuencia, el mártir no es quien desprecia la vida, sino quien ha reconocido en Cristo un bien al que no puede renunciar, ni siquiera bajo amenaza de muerte.

La carta sitúa el martirio dentro del misterio pascual. La muerte del testigo no representa una derrota definitiva, porque solo puede entenderse desde la resurrección. El mártir participa de la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte, no porque el sufrimiento tenga valor por sí mismo, sino porque su existencia queda incorporada a la entrega amorosa de Cristo.

El Espíritu Santo es presentado como la fuerza interior del testimonio. No solo sostiene a quienes afrontan el martirio de sangre, sino a todo creyente llamado a perseverar en la verdad, defender la dignidad humana, perdonar, cumplir su vocación y ejercer la caridad.

En este punto, el documento amplía la comprensión del martirio. Junto al testimonio supremo de quien entrega la vida existe una fidelidad cotidiana por la cual el cristiano muere al egoísmo, la mentira, la injusticia y la indiferencia. Entre el martirio de sangre y el testimonio cotidiano existe una continuidad espiritual, ambos proceden de una vida configurada con Cristo.

La vocación al testimonio corresponde a toda la Iglesia. Las familias la viven mediante la fidelidad del amor y la transmisión de la fe; los sacerdotes, a través de la caridad pastoral; las personas consagradas, mediante su entrega al Reino; y los laicos, haciendo presente el Evangelio en la cultura, la educación, el trabajo, la sociedad y la construcción del bien común.

Ante la secularización, el individualismo, la violencia, la fragmentación familiar y la cultura del descarte, el discípulo está llamado a dar testimonio sin buscar el conflicto y sin renunciar a la verdad ni a la caridad. Los mártires no invitan a desear la persecución, sino a vivir con libertad interior, humildad y esperanza.

La carta pide que la memoria de los mártires quede libre de apropiaciones ideológicas. La Iglesia no los venera porque encarnen una victoria militar ni porque legitimen una causa política. Los reconoce porque en ellos identifica la acción de la gracia y unas virtudes cristianas vividas hasta el heroísmo. En los casos reconocidos formalmente como martirio, la Iglesia sostiene que aceptaron la muerte por odio a la fe.

La verdadera victoria de los mártires no consistió en derrotar a sus perseguidores, sino en permitir que el amor de Cristo venciera al odio en sus propias vidas. Por eso, su memoria debe fortalecer la evangelización, la comunión eclesial y el servicio.

El capítulo conduce a dos imágenes complementarias, la Iglesia eucarística y la Iglesia samaritana. La primera recibe el cuerpo entregado de Cristo y aprende a transformar su propia existencia en ofrenda. La segunda hace creíble la fe mediante el cuidado de los pobres, las víctimas, los migrantes, los enfermos, quienes sufren adicciones y las personas excluidas.

La carta menciona expresamente las heridas que atraviesan a México, la violencia, las desapariciones, la pobreza, la migración forzada, la trata de personas, las adicciones, el debilitamiento de la familia y las distintas formas de exclusión. Una memoria martirial que no se transforma en misericordia, acompañamiento y defensa de la dignidad humana permanece incompleta.

La reflexión prosigue con “los valores vividos por nuestros mártires”, título del tercer capítulo e inventario espiritual de las virtudes que el episcopado identifica en sacerdotes y laicos. El punto de partida es que al martirio no se llega por casualidad. Es un don de Dios, pero también la culminación de una forma de vida edificada mediante decisiones, convicciones y prácticas sostenidas en el tiempo.

El primer valor es la fe inquebrantable en Cristo. El grito “¡Viva Cristo Rey!” no es interpretado por la carta como una consigna partidista, sino como la confesión pública de que ningún poder humano puede ocupar el lugar de Dios ni reclamar dominio absoluto sobre la conciencia. Para los mártires, Cristo no era una idea abstracta, sino el centro real de la existencia.

El segundo valor es la profunda devoción a la eucaristía y a los sacramentos. Sacerdotes y laicos arriesgaron la vida para celebrar la misa, comulgar, confesarse y preservar las especies consagradas. Esta dimensión revela que la confrontación no fue exclusivamente política: afectó el núcleo sacramental de la vida católica.

A ella se añadió la fidelidad a Dios, a la conciencia y al deseo de paz. La carta reconoce que numerosos creyentes recurrieron a la desobediencia civil frente a disposiciones consideradas injustas, pero aclara que la defensa de la conciencia no implicaba necesariamente una voluntad de guerra. Muchos buscaban recuperar el espacio indispensable para vivir su fe con libertad.

El celo pastoral y apostólico se manifestó en sacerdotes que continuaron celebrando, confesando y acompañando a las comunidades, así como en laicos que organizaron catequesis, redes eucarísticas y servicios de asistencia. No bastaba con sobrevivir, había que impedir que se interrumpiera el anuncio cristiano.

La esperanza en la vida eterna permitió afrontar la muerte sin sucumbir a la desesperación. Esa esperanza explica la serenidad manifestada en numerosos testimonios y, especialmente, la capacidad de perdonar. No era una actitud temeraria ni un desprecio de la vida, sino la convicción de que la muerte no tenía la última palabra.

La defensa de la libertad religiosa aparece como una entrega por el derecho de toda persona a creer, enseñar y practicar su fe sin coacción. Los mártires no murieron para conservar una concesión reservada al clero, sino por una libertad vinculada a la dignidad de toda persona.

El documento destaca igualmente el amor a la familia, la colaboración entre fieles y pastores, la fidelidad a la Iglesia, la valentía serena, el desprendimiento de los bienes y la confianza en la Providencia. La persecución no anuló las responsabilidades familiares. En muchos casos llevó a defender el derecho de los hijos y de las comunidades a recibir y transmitir la fe.

Entre todos los valores sobresale el perdón y la misericordia. Muchos mártires perdonaron expresamente a quienes los condenaron o ejecutaron. Esa actitud permite diferenciar el testimonio cristiano de la lógica del resentimiento, resistir una injusticia no autoriza a negar la dignidad de quien la comete ni a reproducir su violencia.

La devoción a la Virgen de Guadalupe vinculó la fidelidad religiosa con una expresión profunda de la identidad católica mexicana. A esta devoción se añadió la humildad. Los mártires no se consideraron héroes autosuficientes, sino personas necesitadas de la misericordia de Dios.

Su ejemplo formula una pregunta incómoda para los creyentes actuales: ¿existe hoy la misma coherencia para vivir con la que ellos estuvieron dispuestos a morir? Ser fieles cuando existe un coste, amar en medio del rechazo, perdonar cuando duele y anunciar a Cristo con la vida constituyen la actualización posible de su legado.

La carta se adentra después en “el fondo del conflicto: el derecho a la libertad de fe y de conciencia”. El cuarto capítulo desplaza la mirada hacia la cuestión jurídica y política subyacente: la pretensión del Estado de tratar la libertad religiosa como una concesión revocable, no como un derecho inherente a la persona.

La libertad religiosa es definida como piedra angular de los derechos humanos. Implica que nadie debe ser obligado a actuar contra su conciencia ni impedido de vivir conforme a ella, tanto en privado como en público. El Estado no concede esta libertad, está obligado a reconocerla y garantizarla porque procede de la dignidad humana.

La carta distingue tres etapas en la relación entre libertad religiosa y legislación mexicana: un Estado laico anticlerical entre 1855 y 1911, un Estado laico de orientación antirreligiosa entre 1917 y 1992 y un Estado formalmente orientado hacia la libertad religiosa desde 1992, aunque todavía con restricciones y asuntos pendientes.

El artículo 130 de la Constitución de 1917 negó personalidad jurídica a las Iglesias y estableció severas limitaciones para los ministros de culto. Las legislaturas estatales podían fijar el número de sacerdotes; los ministros tenían restringidos sus derechos políticos y su capacidad de pronunciarse sobre asuntos públicos; también se limitaban la educación religiosa, las publicaciones confesionales y la posesión de bienes.

La Ley Calles convirtió ese sistema de restricciones constitucionales en un régimen penal. No se limitó a definir la separación institucional entre la Iglesia y el Estado, sino que criminalizó determinadas conductas religiosas y sometió el ejercicio de la conciencia a un control político.

La carta recuerda que la resistencia recorrió inicialmente cauces cívicos y pacíficos: peticiones, recursos legales, movilizaciones, boicots y organización social. Solo después de que esas vías fueran rechazadas o resultaran ineficaces, una parte de los católicos concluyó que debía recurrir a la resistencia armada.

Esta explicación histórica no equivale a declarar que toda decisión adoptada por los insurgentes estuviera moralmente justificada, permite comprender, sin embargo, que la rebelión no surgió de manera espontánea ni puede reducirse a una reacción contra la modernidad. Se produjo en un contexto en el que amplios sectores consideraron clausurados los caminos institucionales para defender sus derechos.

El documento propone avanzar hacia una laicidad positiva, distinta del laicismo. La laicidad significa que el Estado no se identifica con una confesión, no impone una creencia y trata con imparcialidad a ciudadanos creyentes y no creyentes. El laicismo, en cambio, busca reducir la religión a la irrelevancia pública y confinarla al interior de los templos.

Una laicidad democrática debe reconocer que la libertad religiosa incluye el culto, la enseñanza, la asociación, la expresión pública, las obras asistenciales, la participación social y el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones. También debe permitir la cooperación entre las autoridades civiles y las comunidades religiosas cuando ambas contribuyen al bien común.

La advertencia conserva actualidad, no basta con tolerar el culto si se desconfía de la conciencia, no basta con permitir el templo si se pretende excluir a los creyentes de la plaza pública. La neutralidad del Estado no puede confundirse con hostilidad frente a las expresiones religiosas.

Después del recorrido histórico, teológico, espiritual y jurídico, la carta presenta “las tareas, enseñanzas y compromisos heredados”, con lo que el quinto capítulo transforma la memoria en un programa pastoral y social.

La primera tarea consiste en reconocer el papel de las mujeres. Madres, abuelas y colaboradoras sostuvieron los hogares, enseñaron las oraciones, organizaron redes de ayuda, protegieron a los perseguidos y preservaron la práctica religiosa. La continuidad de la fe dependió en gran medida de mujeres que impidieron que la persecución interrumpiera su transmisión a las nuevas generaciones.

La segunda tarea consiste en recuperar el significado de la palabra mártir como testigo. Lo decisivo no es la violencia sufrida ni la forma de la muerte, sino aquello que la vida y la entrega proclamaron. Para ellos, la fe no era una opinión privada que podía abandonarse ante el peligro, sino una verdad capaz de orientar toda la existencia.

La tercera tarea es fortalecer una Iglesia organizada y corresponsable. La resistencia demostró que la Iglesia no se reduce a la jerarquía ni a las estructuras pastorales. Los laicos asumieron responsabilidades en la formación, la prensa, la comunicación, la asistencia, la defensa legal y la movilización cívica.

El laico aparece no como receptor pasivo de la acción eclesial, sino como sujeto responsable de la misión. Esa experiencia pide hoy una participación madura en la familia, la cultura, el trabajo, la economía, la política y la construcción de la comunidad.

La cuarta tarea es avanzar del fratricidio a la construcción de la paz. La persecución fue real, pero desembocó en una guerra entre mexicanos. La memoria no puede reducirse a una división absoluta entre buenos y malos. Es necesario reconocer causas, responsabilidades, errores y excesos sin equiparar moralmente todas las decisiones, pero también sin utilizar la verdad como pretexto para el odio.

México necesita una Iglesia reconciliadora ante la violencia, la inseguridad, la desconfianza pública y el debilitamiento del tejido social. Reconstruir las relaciones, acompañar a las víctimas, promover la justicia y trabajar por la paz son formas actuales de honrar a los mártires.

La quinta tarea consiste en convertir la memoria en misión. Una memoria que no produce testimonio corre el riesgo de transformarse en devoción sin consecuencias. Una fe que no se transmite se debilita; un laicado que renuncia a su responsabilidad se vuelve espectador, y una conmemoración incapaz de reconciliar termina reproduciendo las divisiones que pretendía superar.

La carta dirige enseñanzas concretas a niños, adolescentes, jóvenes, adultos, sacerdotes y personas consagradas. A las nuevas generaciones les presenta el ejemplo de quienes aprendieron en sus hogares que la fe podía exigir valentía. A los adultos les recuerda el valor de la organización social, la comunicación y la solidaridad. A sacerdotes y consagrados les propone creatividad pastoral, perseverancia y cercanía con las comunidades.

Finalmente, formula compromisos éticos, comunitarios, sociales y eclesiales. Entre ellos se encuentran defender la libertad religiosa y de conciencia, rechazar la violencia armada como medio de reivindicación, vivir la fe con coherencia, fortalecer el tejido comunitario, acompañar a los pobres, promover la participación cívica, reconocer el liderazgo de mujeres y jóvenes, estudiar la historia sin manipulación ideológica y construir una cultura de reconciliación.

Los laicos, sacerdotes, religiosos y obispos reciben responsabilidades diferentes, pero complementarias. Los laicos han de participar en la sociedad y defender las libertades por medios legales y pacíficos, los sacerdotes deben acompañar con generosidad a sus comunidades, la vida consagrada ha de servir con creatividad a las personas más vulnerables y los obispos deben armonizar el diálogo institucional, la guía pastoral, la denuncia profética y la búsqueda de la concordia.

En su conclusión, la carta resume el itinerario propuesto, recordar para agradecer, agradecer para convertirse, convertirse para reconciliarse, reconciliarse para servir y servir para evangelizar. La realidad mexicana, atravesada por la violencia, la pobreza, la corrupción, las desapariciones, la fragilidad familiar y distintas formas de exclusión, exige un testimonio que no permanezca encerrado en el recuerdo ni limitado al interior de los templos.

Los mártires no deben ser transformados en estandartes inmóviles ni utilizados para justificar nuevas confrontaciones. Su herencia reclama una Iglesia que defienda la verdad sin odio, denuncie la injusticia sin perder la caridad, acompañe a las víctimas y anuncie la esperanza mediante el servicio.

La carta encomienda este camino a la Virgen María, invocada como Reina de los mártires, y reconoce en Santa María de Guadalupe la presencia maternal que ha sostenido la fe del pueblo mexicano en los momentos de prueba. La devoción mariana no concluye en una emoción religiosa, sino en la invitación evangélica a escuchar a Cristo y cumplir su palabra.

La carta pastoral, tras un prolongado periodo sin un documento colectivo del episcopado mexicano de esta naturaleza, puede convertirse en una referencia indiscutible para comprender el martirio como testimonio de fe y esperanza. Celebrar a los “cristeros” no significa envolvernos en una bandera de beligerancia ni promover una nueva “toma de las armas”. Significa recordar que, conforme a las exigencias de cada época, el cristiano está llamado a ser luz del mundo y sal de la tierra, anunciando el Evangelio y denunciando cuanto lesione la dignidad humana, someta la conciencia, niegue la libertad, encubra la injusticia o destruya la paz.

La carta pastoral puede ser leída aquí:

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