Religión Digital ataca al padre Olivera Ravasi con un artículo que concluye: «No hay pruebas de irregularidades»

Religión Digital ataca al padre Olivera Ravasi con un artículo que concluye: «No hay pruebas de irregularidades»
Javier Olivera Ravasi

Religión Digital publicó el 18 de noviembre, en su sección de Opinión y con la firma de José Parrales, una pieza titulada «El dinero en torno al Padre Olivera Ravasi y la situación canónica de San Elías». El artículo junta dos cuestiones distintas. Por un lado está el decreto del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, fechado el 31 de agosto, que declara que la Orden de San Elías carece de existencia canónica. Por otro, un repaso de registros fiscales, mercantiles y de marcas de entidades civiles vinculadas al sacerdote argentino.

La conclusión del propio autor contradice el planteamiento del titular. En sus últimos párrafos admite que en el plano económico «no hay pruebas de irregularidades». Lo que ofrece son preguntas, ausencias de datos presentadas como indicios y versiones sobre donantes que, según reconoce el mismo texto, no están respaldadas por ningún documento público.

Un decreto sobre la figura jurídica, no una sanción

Según el comunicado que la diócesis de Fréjus-Toulon hizo público el 8 de octubre, el Dicasterio considera que la carta de aprobación firmada por el obispo de Darjeeling (India) el 3 de febrero de 2016 no supuso una erección formal. De ahí concluye que tampoco surtieron efecto otros dos actos: la acogida de la casa madre en Ollioules por parte de Mons. Dominique Rey, ese mismo año, y el decreto con el que la archidiócesis de Portoviejo (Ecuador) aprobó la comunidad como sociedad de vida apostólica en 2021.

El documento no impone penas, no suspende a nadie y no contiene reproche doctrinal alguno. Se limita al estatuto jurídico de la comunidad. Ningún sacerdote pierde su condición ni sus licencias porque una sociedad no haya sido válidamente erigida. El canon 265 del Código de Derecho Canónico exige que todo clérigo esté incardinado. Por tanto, si el instituto no existe jurídicamente, sus sacerdotes siguen vinculados a la diócesis en la que están incardinados y ejercen el ministerio con el permiso de los obispos correspondientes, como cualquier otro presbítero.

La decisión se inscribe en el endurecimiento de los requisitos para fundar nuevas comunidades. Desde noviembre de 2020, tras la reforma del canon 579 mediante el motu proprio Authenticum charismatis, el obispo diocesano necesita licencia escrita de la Santa Sede para erigir un instituto de vida consagrada. El canon 732 extiende esa exigencia a las sociedades de vida apostólica. El decreto de Portoviejo es de septiembre de 2021. El padre Olivera Ravasi ha explicado que, conforme a las normas aprobadas en los últimos años, la denominación que los obispos daban a la comunidad «no correspondía», y que la decisión se ha acatado «sin problema».

El origen del procedimiento romano consta en una carta del Dicasterio fechada el 26 de noviembre de 2024 y firmada por su subsecretario, el padre Aitor Jiménez Echave. La carta circula en redes sociales y responde a una consulta de la archidiócesis de Atlanta sobre las colectas que miembros del grupo realizaban en ese territorio. En ella, el Dicasterio afirma no tener información sobre la comunidad más allá de algunas noticias recientes. Anuncia además que ha pedido datos a los obispos de las diócesis donde sus miembros han trabajado y explica que su objetivo es formarse una idea precisa del grupo y de su «naturaleza jurídica». La carta no contiene acusación alguna. Lo que Roma examinó durante casi dos años fue el estatuto canónico de la comunidad, y a eso se limita el decreto de agosto. Que el Dicasterio desconociera la existencia del grupo resulta coherente, por otra parte, con la explicación del propio sacerdote: la aprobación de Portoviejo no pasó por la licencia romana que exigían las nuevas normas.

Religión Digital sostiene que durante años se pidieron donativos en nombre de una orden que la Iglesia nunca llegó a erigir. Esa lectura proyecta hacia atrás una decisión de 2026. Durante ese tiempo la comunidad contaba con actos firmados por tres obispos distintos, y así la presentaban instituciones eclesiásticas. El Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe de La Crosse, por ejemplo, la describía en 2025 como sociedad de vida apostólica de derecho diocesano de la archidiócesis de Portoviejo. Si esos actos episcopales resultaron insuficientes, la insuficiencia está en ellos. El comunicado diocesano no atribuye a los sacerdotes mala fe ni ocultación alguna.

Sospechas de 2024 sin un documento nuevo

Buena parte de la sección económica no es nueva. Los siguientes elementos ya figuraban en una investigación de Ivy Cángaro y Mauro Federico publicada en septiembre de 2024 por Data Clave y reproducida por El Cohete a la Luna:

  • la sociedad Order of Saint Elijah, Inc., registrada en Georgia en junio de 2020;
  • Palupa Properties LLC, en Florida;
  • la inscripción fiscal de la Fundación San Elías;
  • el proyecto Omnes Gentes;
  • la pregunta por el origen de las donaciones.

Aquel trabajo calificaba a Georgia de paraíso fiscal, un extremo que Religión Digital corrige ahora. Tampoco entonces se aportaron registros de donaciones, transferencias ni listas de donantes, y los propios autores admitían desconocer de dónde procedía el dinero. Dos años después, las preguntas se repiten sin una sola prueba añadida.

El resto del razonamiento sigue el mismo patrón. La fundación se inscribió como empleadora en septiembre de 2026, y de ese dato el autor pasa a preguntarse quién trabajó antes y en qué condiciones, aunque reconoce que no hay documentación ni en un sentido ni en otro. La marca QNTLC está registrada a nombre del sacerdote que creó y dirige el canal, y el artículo no lo presenta como ilegal, sino como un dato llamativo. Tampoco constituye irregularidad que exista en Estados Unidos una persona jurídica civil con el nombre de la comunidad. Las obras apostólicas recurren habitualmente a fundaciones y asociaciones civiles para recibir donativos y administrar bienes, y el propio texto admite que lo relevante no es la existencia de esas sociedades.

Más grave es la inclusión de versiones sobre aportes de empresarios de la zona de Zárate y sobre un posible vínculo entre las donaciones y campañas en favor de condenados por delitos de lesa humanidad. El autor advierte que deben tratarse como hipótesis a verificar, pero las publica igualmente, asociadas al nombre de un sacerdote concreto y bajo un titular que gira en torno al dinero.

Ni expulsado ni sancionado

El perfil que traza Religión Digital recuerda que en agosto de 2024 el obispado de Zárate-Campana retiró al padre Olivera Ravasi la autorización para residir en la diócesis. La decisión llegó tras la polémica por su papel en la visita de varios diputados a militares condenados en el penal de Ezeiza. El artículo enlaza además piezas propias que hablaban de «expulsión» y de «cura vago». Días después, el portavoz del obispado de San Rafael, diócesis de incardinación del sacerdote, declaró a Diario San Rafael que no había sido expulsado ni sancionado. El portavoz, el padre José Antonio Álvarez, habló de una situación irregular por el vencimiento de su permiso de ausencia y precisó que eso no constituía delito.

Desde abril de 2025 el padre Olivera Ravasi vive en Estados Unidos. La parroquia Star of the Sea de San Francisco lo incluye en su boletín como vicario parroquial. Según el canon 547, ese oficio lo confiere el obispo diocesano, en este caso el arzobispo Salvatore Cordileone, y el nombramiento presupone que el arzobispo lo considera apto para el ministerio en su archidiócesis. Desde agosto de 2025 es también capellán a tiempo parcial de los peregrinos hispanos en el Santuario de Guadalupe de La Crosse, cargo que asumió con la bendición del cardenal Raymond Burke.

El mismo 18 de noviembre, el sacerdote Tomás Beroch difundió un vídeo para apoyar una colecta del padre José Ansaldi, que dirige la comunidad. La colecta busca comprar una retroexcavadora para atender a recintos rurales de Manabí aislados por las lluvias. En el vídeo, Beroch salía al paso de quienes en redes sociales acusan a estos sacerdotes de ejercer «ilegalmente» o los comparan con clérigos excomulgados. Su argumento coincide con lo que dispone el Código: aunque la figura jurídica de la comunidad decaiga, sus sacerdotes siguen incardinados en sus diócesis y pueden continuar su apostolado con el permiso de sus obispos.

El artículo de Religión Digital no recoge la respuesta del padre Olivera Ravasi. El sacerdote ha asegurado que la comunidad acata la decisión romana y sigue misionando «bajo la autoridad de diversos obispos», ahora con «una nueva denominación canónica más humilde». Cierra su mensaje con un «¡Viva la misión!».

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