El Consejo de Ministros de Italia decidió este jueves impugnar ante la Corte Constitucional la ley de la región del Véneto que regula los procedimientos y plazos de la asistencia sanitaria al suicidio médicamente asistido. Se trata de la primera región gobernada por el centroderecha que aprueba una norma de este tipo, lo que ha abierto una grieta en la propia mayoría. Las asociaciones provida esperaban la impugnación desde que el Consejo regional aprobó el texto a principios de septiembre.
La Lega se divide y Forza Italia pide una ley nacional
El vicepresidente del Gobierno, Matteo Salvini, no participó en la discusión ni en la votación. El ministro de Asuntos Regionales, Roberto Calderoli, también de la Lega, se opuso al recurso con el argumento de que la ley regional tiene carácter organizativo y se limita a fijar pautas conforme a las normas vigentes. Por su parte, Antonio Tajani, de Forza Italia, pidió que constara en acta la necesidad de una intervención legislativa del Parlamento que evite normas regionales dispares.
El Ejecutivo sostiene que la materia es competencia del Estado y no de las regiones. Con este recurso, el Gobierno ya ha impugnado las leyes de otras regiones sobre la misma cuestión, todas ellas de centroizquierda. La impugnación, por sí sola, no deroga la norma ni suspende automáticamente su aplicación.
Zaia y Stefani defienden la norma
Luca Zaia, presidente del Consejo regional del Véneto, dijo respetar la decisión del Gobierno, pero reivindicó «con convicción la elección realizada por el Consejo regional del Véneto». Alberto Stefani, presidente de la región, se mostró por su parte «convencido de que superará el examen de la Consulta», al entender que la ley véneta es sustancialmente distinta de las aprobadas en otras regiones.
La ley, la número 17 de 8 de septiembre de 2026, fue aprobada por el Consejo regional el 2 de septiembre. No modifica los requisitos de acceso fijados por el Tribunal Constitucional, sino que regula las funciones de las autoridades sanitarias, las comisiones médicas y los comités éticos. En su sentencia 204 de 2025 sobre la ley de la Toscana, el Tribunal sostuvo que las regiones pueden legislar sobre los aspectos organizativos y procedimentales de esta prestación.
Los obispos sicilianos piden priorizar la cura sobre la muerte asistida
El mismo día, la Conferencia Episcopal Siciliana difundió una nota sobre los proyectos de ley regionales números 553, 713 y 1203, que examina la Asamblea Regional de Sicilia. Los obispos afirman mirar el texto «con atención y preocupación» y recuerdan que «no existe un derecho a obtener la muerte». Piden que ninguna norma regional vaya más allá de lo que señala la Constitución y que la prioridad sea la atención a las personas, con cuidados paliativos y terapia del dolor.
La nota reclama además medidas concretas para los cuidadores familiares, como asistencia domiciliaria, ayudas económicas y ventajas fiscales. Cita a León XIV: «Lo que es legal no es necesariamente moral». Los prelados esperan, por último, que el laicado católico se pronuncie como tal y dé testimonio de que «la vida frágil nunca debe ser descartada», según el texto publicado por la diócesis de Acireale.