La Presidencia de la Conferencia Episcopal Polaca hizo público este sábado 31 de octubre, en Varsovia, un comunicado en el que pide «no escalar el conflicto», emprender un diálogo constructivo y resolver pacíficamente todas las dificultades en torno al Tribunal Constitucional. El texto, firmado por el arzobispo de Gdansk y presidente de la Conferencia, Tadeusz Wojda, por el arzobispo de Breslavia y vicepresidente, Józef Kupny, y por el secretario general, Marek Marczak, se difundió después de que la policía entrara el viernes en el recinto del Tribunal y de que el presidente Karol Nawrocki interrumpiera su viaje a Senegal.
Los obispos: ni jueces del conflicto ni indiferentes
En el comunicado, publicado en la web del Episcopado, los obispos afirman observar con preocupación los acontecimientos y la escalada de la disputa sobre los fundamentos constitucionales del Estado. Precisan que no corresponde a la Iglesia determinar las causas del conflicto ni las responsabilidades, pero invitan a todas las personas de buena voluntad a apoyar los esfuerzos a favor de la reconciliación y el entendimiento nacional.
Además, los prelados piden a los fieles que recen por la patria y por quienes gobiernan, para que atiendan al bien común. El comunicado incluye la oración por la patria del jesuita Piotr Skarga.
Policía en el Tribunal y Nawrocki de vuelta en Varsovia
Según informaron los medios polacos, el viernes por la tarde la policía y el Servicio de Protección del Estado accedieron al recinto del Tribunal. La jueza Anna Korwin-Piotrowska anunció la suspensión del presidente del Tribunal, Bogdan Święczkowski, a quien no se permitió entrar en el edificio. Nawrocki, que viajaba a Senegal con motivo de los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar, escribió en X: «En un momento así el presidente debe estar en Polonia. Interrumpo el vuelo a Senegal. Vuelvo». Su avión aterrizó en Varsovia a las 21:50 y el presidente acudió de madrugada a la sede del Tribunal.
En su comunicado, la Presidencia afirma que esa noche se produjo una violación del orden constitucional y «una toma por la fuerza» de un órgano del Estado. Pide que las fuerzas de coerción enviadas por el Gobierno abandonen el recinto y sostiene que, en un Estado democrático de derecho, la policía no puede ser instrumento para ejecutar la voluntad política de los gobernantes. Nawrocki facilitó la entrada del vicepresidente del Tribunal, Bartłomiej Sochański, a quien considera legítimamente en el cargo, y convocó consultas urgentes con las fuerzas parlamentarias. Dijo a Korwin-Piotrowska y a otros dos jueces: «Ustedes no son jueces del Tribunal».
El Gobierno de Donald Tusk presenta su actuación como una restauración del Estado de derecho. Tusk escribió en X que restablecer el imperio de la ley es su deber. La policía, por su parte, sostiene que actuó dentro de sus obligaciones legales de seguridad. El ministro de Justicia y fiscal general, Waldemar Żurek, remitió al Tribunal cinco solicitudes de levantamiento de inmunidad de jueces, cuatro de ellas sobre Święczkowski.
Ordo Iuris recoge firmas y acude a organismos europeos
El instituto jurídico católico Ordo Iuris calificó los hechos de «toma nocturna por la fuerza» de la sede y de «atentado sin precedentes contra un órgano constitucional», y cuestiona la legalidad de la orden que apartó al presidente y al vicepresidente del Tribunal. La entidad pidió una reacción urgente a la Comisión de Venecia, a las instituciones de la UE, al Consejo de Europa y a la OSCE, y lanzó una recogida de firmas que exige retirar la policía, aclarar quién ordenó la operación e investigar los hechos.
El obispo de Sosnowiec, Artur Ważny, calificó la crisis institucional de «prueba de conciencia», según The Catholic Herald, mientras cientos de personas se concentraban ante el edificio, cerrado con una cadena y rodeado por la policía.