La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a once años de prisión a un sacerdote destinado en el distrito madrileño de Puente de Vallecas por un delito continuado de agresión sexual cometido contra una mujer inmigrante en situación de vulnerabilidad económica y social.
Según la sentencia, adelantada por Europa Press, el condenado ejercía como párroco de la iglesia de San Pedro Regalado y San José de Calasanz desde 2018 y se aprovechó de su posición dentro de la parroquia para captar a mujeres inmigrantes necesitadas de ayuda económica o alojamiento.
El tribunal considera probado que la víctima principal, una mujer colombiana que llegó a España en febrero de 2022, acudió a la parroquia buscando ayuda después de quedarse sin vivienda. El sacerdote le ofreció alojamiento en una casa próxima a la suya y, posteriormente, comenzó a realizarle insinuaciones sexuales.
La Audiencia aprecia aprovechamiento de vulnerabilidad
La resolución judicial sostiene que el acusado accedió en varias ocasiones a la vivienda utilizando sus propias llaves y cometió agresiones sexuales contra la mujer. La sentencia recoge además amenazas dirigidas a la víctima para impedir que denunciara los hechos.
Los magistrados consideran acreditado que el sacerdote actuó aprovechándose de la extrema vulnerabilidad de la mujer y de la dependencia que mantenía respecto a las ayudas gestionadas a través de una entidad religiosa.
Como consecuencia de los hechos, la víctima fue diagnosticada posteriormente de trastorno por estrés postraumático.
Absuelto de otras acusaciones
La Audiencia Provincial absuelve, sin embargo, al sacerdote de otros delitos denunciados por tres mujeres más. El tribunal entiende que los hechos relatados por ellas —comentarios, insinuaciones o conductas inapropiadas— no alcanzan relevancia penal suficiente para sustentar una condena.
Además de la pena de prisión, la sentencia impone al condenado doce años de prohibición de acercarse y comunicarse con la víctima, diez años de libertad vigilada tras el cumplimiento de la condena y dieciocho años de inhabilitación para trabajar con menores.
El sacerdote deberá indemnizar además a la denunciante con 40.000 euros por daños morales.