Un allanamiento policial en Buenos Aires (Argentina), iniciado para encontrar a una niña violada de 12 años, dejó al descubierto la trastienda de un centro médico dedicado habitualmente a practicar abortos.
Todo comenzó en Monte Quemado, una localidad del norte de Santiago del Estero, una de las provincias más pobres de Argentina. Una niña de 12 años había desaparecido cuando cursaba la semana 32 de embarazo, producto de un abuso sexual. La Justicia provincial activó una alerta interprovincial y la investigación recayó en la Superintendencia de Delitos Complejos de la Policía Bonaerense, que rastreó a la menor hasta una clínica del conurbano bonaerense, a más de mil kilómetros de su casa.
La niña no había llegado allí por sus propios medios. La Fundación CIGESAR, una ONG radicada en el barrio porteño de Palermo y dedicada a facilitar el acceso al aborto —cuya web se presenta como especialista en salud sexual y «(no) reproductiva»—, organizó y financió el traslado de la menor y su madre. Según han ido infomando los medios locales, El fiscal que investigaba la violación, Santiago Bridoux, supo de manera extraoficial que el traslado estaba en marcha, pero no pudo impedirlo. Cuando intentó contactar a la fundación, una representante se mostró «reticente» a hablar.
El médico dice que «hizo lo correcto»
El aborto fue practicado el viernes 24 de abril por Damián Levy, médico y presidente de CIGESAR, cuando el bebé tenía ocho meses de gestación. Levy lo mató y lo tiró a la basura. Días después, ante la avalancha informativa, declaró a TN sentirse «con la firme convicción de haber realizado lo correcto» y de haber actuado con «calidad, respeto y ética profesional».
8 fetos en la basura
Cuando la policía llegó a la clínica, el director del establecimiento negó que la menor estuviera internada. Los investigadores la encontraron ya recuperada del procedimiento y la madre declaró que no sabía si su hijo había sobrevivido.
Al inspeccionar el depósito, hallaron ocho fetos en la basura. El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires inspeccionó la clínica y emitió su veredicto: «Todo estaba en orden». Los bebés muertos, explicaron con frialdad, aguardaban ser retirados como «residuos patológicos» por la empresa de transporte contratada al efecto.
La prueba destruida y los violadores prófugos
La muerte del bebé, avalada por la ley de aborto desde el 2020 en Argentina, sí tuvo una consecuencia judicial. El ADN era la prueba clave para identificar y condenar a los dos sospechosos de la violación de la niña, que permanecen prófugos. El principal acusado es un familiar directo de la víctima. El fiscal Bridoux había instado al juez a asegurar esa muestra antes de que fuera tarde. No llegó a tiempo. Los medios lo relatan con frialdad: «los peritos trabajan ahora para determinar cuál de los ocho bebés hallados corresponde a la niña, con la esperanza de que el material genético sea aún recuperable.»