Israel ha ordenado el cierre total de los pasos de acceso a la Franja de Gaza y ha prohibido desde el 1 de marzo la entrada de organizaciones no gubernamentales, una medida que, según informa Vatican News, se justifica por “ajustes de seguridad” en el contexto de las tensiones regionales tras los ataques conjuntos de Israel y Estados Unidos contra Irán. Sobre el terreno, sin embargo, las consecuencias vuelven a recaer sobre la población civil, ya exhausta.
La decisión ha sido confirmada por el Cogat, organismo del Ministerio de Defensa israelí encargado de coordinar las actividades gubernamentales en los Territorios. No se ha indicado fecha para la reapertura de los pasos, que constituyen la única vía de entrada de ayuda humanitaria, bienes básicos y salida de pacientes que requieren tratamiento fuera de la Franja.
“Sin ONG y sin agua potable, todo será más difícil”
Desde Gaza, donde se concentra una parte importante de la población desplazada, el párroco de la comunidad latina, el padre Gabriel Romanelli, describe una situación “trágica y terrible”.
“Ayuda humanitaria entra, pero no es suficiente”, explica. Aunque los grandes bombardeos se han detenido, la asistencia no cubre las necesidades de todos. La clausura de los pasos amenaza con agravar una crisis ya profunda.
En los mercados han vuelto a aparecer algunos productos —fruta, carne o queso— que durante los meses más duros de la guerra casi habían desaparecido. Pero los precios son muy elevados y la mayoría de la población carece de recursos para comprarlos. “La mayor parte de las personas lo ha perdido todo: casa, trabajo y salario”, señala el sacerdote.
Sin electricidad estable ni agua suficiente
La crisis no afecta solo a los alimentos. Desde el inicio del conflicto no existe suministro eléctrico regular. La energía se produce mediante generadores, con un coste muy elevado. Apenas hay paneles solares y, según denuncia Romanelli, no se permite su entrada para responder a las necesidades básicas de la población.
La situación del agua potable es igualmente crítica. Aunque existen empresas que distribuyen agua en distintos barrios, el suministro es insuficiente. Muchas personas deben esperar durante horas para conseguir apenas cinco o diez litros. En algunos sectores funciona lo que se denomina “agua municipal”, pero en amplias zonas las infraestructuras quedaron destruidas por los bombardeos.
El impacto del veto a las ONG
Días atrás, el Tribunal Supremo israelí había suspendido temporalmente el veto a 37 organizaciones humanitarias —entre ellas Médicos Sin Fronteras y Oxfam—, que no podían cruzar los pasos pero sí continuar operando dentro de la Franja con fuertes limitaciones. El cierre total decidido ahora complica aún más el panorama.
Según el párroco, la prohibición afectará a toda la sociedad, incluida la pequeña comunidad cristiana. Una de las organizaciones que distribuye alimentos a cientos o miles de personas ha anunciado que dejará de suministrar carne y otros productos. Algo similar podría ocurrir con el agua potable, ya que una empresa dedicada a su distribución ha declarado que, en principio, suspenderá sus actividades.
“Si ya ahora es difícil, esto creará muchísimos problemas”, advierte Romanelli.
Una esperanza frágil
En cuanto al estado de ánimo de la población, el sacerdote habla de una esperanza “llena de fe en Dios”, pero frágil en lo que respecta a las expectativas humanas. Muchas personas viven en una profunda depresión e intentan recomenzar con pequeñas iniciativas de supervivencia en los mercados.
La escuela parroquial continúa funcionando, aunque con números reducidos. Pero el sacerdote insiste en que la situación actual “no es humana” y no puede contribuir a la justicia ni a la paz.
Por ello, hace un llamamiento a la comunidad internacional para que permita de manera efectiva la entrada de ayuda humanitaria consistente. No solo para la reconstrucción material, sino también para la recuperación moral y existencial de una población que vive al límite. Según Romanelli, ese será un paso necesario para abrir un camino hacia la paz.